Los dos jueces que fallaron a favor del alcalde Jorge Yunda, en sus intentos por frenar su remoción, fueron suspendidos. Yunda llamó insistentemente a un vocal del Consejo de la Judicatura.
La mañana del 8 de julio de 2021, los vocales del Consejo la Judicatura (CJ) dieron una rueda de prensa sobre el proceso de en las acciones de protección presentadas por el alcalde de Quito, Jorge Yunda, ante la justicia.
Yunda presentó dos recursos judiciales para frenar su remoción luego de que el Concejo Metropolitano decidiera separarlo del cargo. La legalidad de esa decisión fue ratificada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
El 28 de junio de 2021, la jueza María Belén Domínguez concedió una acción de protección a Yunda, pues consideró que existió una vulneración de sus derechos en el proceso de remoción llevado a cabo en el Concejo Metropolitano.
Además, el 7 de julio de 2021, el juez Carlos Enrique Soto concedió medidas cautelares a favor de Yunda y suspendió el proceso de remoción hasta que haya un pronunciamiento de la Corte Provincial de Pichincha.
María del Carmen Maldonado, presidenta del CJ, dijo que a través de alertas ciudadanas se conocieron posibles irregularidades en esos procesos, a nivel informático. Por ejemplo, se han identificado “ciertas vulneraciones y accesos no autorizados al sistema de sorteos de la Función Judicial”.
Por esta razón, la Judicatura interpondrá una denuncia por supuesta interceptación de datos ante la Fiscalía.
Además dispuso la suspensión sin sueldo, de manera provisional, de todos los funcionarios que participaron en los procesos, mientras se realizan las investigaciones a nivel administrativo. Esto incluye a técnicos de ventanilla, secretarios y jueces.
Las supuestas irregularidades
Maldonado aclaró que los problemas detectados no tienen que ver con el fondo del caso o con las sentencias, ya que a la Judicatura no le corresponde revisar los fallos judiciales, sino los temas administrativos.
En estos casos, los problemas están enfocados con el sorteo de las causas y la vulneración de seguridades informáticas.
El problema parte de la materia de las acciones presentadas por Yunda.
En ambos casos, las acciones corresponden a recursos de garantías constitucionales, pero el Alcalde las presentó como causas de violencia y de juicio verbal de sumario.
Juan José Morillo, vocal del CJ, explicó que la acción de protección resuelta por la jueza Domínguez fue presentada como un caso de violencia, ante la Unidad Judicial de Quitumbe.
Pero que al momento de ingresar al sistema, el técnico de ventanilla obvió detalles como quienes fueron la víctima y el agresor del supuesto caso de violencia.
Además, al ingresar la causa como violencia las posibilidades de jueces que podían asumir el trámite se redujo de 215 a cuatro magistrados, entre los que estaba Domínguez.
En el segundo caso, en cambio, la solicitud de medidas cautelares fue ingresada en la Unidad Judicial Civil de Iñaquito. En ese caso la posibilidad de sorteo de jueces se redujo de 215 a 37 jueces.
Incluso, en una de las causas, según las primeras pistas de la investigación, no hubo sorteo sino que el caso fue asignado al juez de manera directa.
Finalmente, en poder de la Fiscalía existen registros de llamadas entre el vocal Morillo y el alcalde Yunda.
Morillo respondió que conoce por más de 20 años a Yunda y que “lo llamó insistentemente“, pero le dijo que es un vocal del CJ y no tiene nada que ver con la administración de justicia.
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