¿Qué pasa con el concurso para nuevo Fiscal, en medio de las elecciones del CPCCS, un posible referendo y un nuevo estancamiento

La selección de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado avanza en un escenario de tensión política y demoras. El largo concurso de méritos y oposición, que debía finalizar en abril de este año, sufrió trabas en la integración de la comisión de selección y en la revisión técnica de su estricta normativa interna. 

Hoy, el proceso ya transita por sus etapas definitorias, al haber culminado la fase de recalificación de la etapa de méritos de los 28 postulantes. Con estos puntajes consolidados, la atención se concentra en el escrutinio público y en la fase de oposición, que contempla la resolución de pruebas teóricas y prácticas. 

A pesar de estos avances técnicos, el cronograma de designación choca frontalmente con el próximo calendario electoral. 

El organismo asume la inmensa presión de concretar la elección definitiva antes de los comicios seccionales y de un posible referendo propuesto por el Ejecutivo. Estos factores siembran incertidumbre jurídica.

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Un cronograma ajustado y cambiante

La Comisión de Selección aprobó una actualización oficial del cronograma que proyecta la designación del titular de la Fiscalía para los días 22 y 23 de octubre de 2026. 

Esta fecha límite se alcanzó luego de que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), Andrés Fantoni, anunciara originalmente que el proceso terminaría en abril de este año y luego, según el cronograma, se proyectaba para julio. 

El reglamento general que rige a las comisiones ciudadanas imponía un plazo de cuatro meses, prorrogables por dos meses adicionales, para concretar la selección de la autoridad. 

Bajo esa directriz inicial, el concurso debía ejecutarse en un período mucho más estrecho. Pero la Comisión se enfrentó a una contradicción normativa, puesto que el reglamento específico diseñado para el proceso de la Fiscalía establecía términos obligatorios para cada una de sus fases que, sumados de forma irrestricta, superaban en demasía el límite legal de medio año.

Para destrabar este choque de normas, esta instancia resolvió aplicar la regla de especialidad y temporalidad. Los comisionados argumentaron que una aplicación rígida del plazo general habría significado la interrupción inmediata del concurso en marcha.

Con la aprobación de este nuevo cronograma, el examen escrito se fijó para el 16 de septiembre y la prueba oral para el 17 de octubre. Y, tras evacuar las notificaciones y los informes de recalificación, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana conocerá el informe final del concurso entre el 20 y el 21 de octubre, para concretar la designación entre el 22 y el 23 de ese mismo mes.

El calendario electoral y un posible referendo

Este ajustado calendario administrativo choca de manera directa con las próximas elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo Nacional Electoral (CNE) definió que los comicios se realizarán el 29 de noviembre de 2026. 

Dado que la designación del fiscal está prevista para finales de octubre, el margen de error para culminar el concurso sin que coincida con el día del sufragio es prácticamente nulo.

La situación se vuelve aún más compleja porque los actuales vocales del organismo podrían buscar su reelección en las urnas. Esto implica que la etapa de campaña electoral se cruzará inevitablemente con las fases decisivas del concurso, como el escrutinio público y las pruebas de oposición.

A este panorama se suma la posibilidad latente de que el presidente Daniel Noboa convoque a un referendo constitucional vinculante.

La propuesta del Ejecutivo busca quitarle definitivamente al Consejo de Participación Ciudadana la facultad de designar autoridades de control. El objetivo gubernamental es que esta atribución sea exclusivamente del Pleno de la Asamblea Nacional.

Si este referendo se lleva a cabo a la par de las elecciones de noviembre y es aprobado por la ciudadanía, los efectos sobre la selección del titular de la Fiscalía serían inmediatos. El anexo de la propuesta gubernamental estipula que todos los concursos en marcha se declararán desiertos de forma automática.

En ese escenario, el trámite volvería a cero bajo el control del poder legislativo, extendiendo el encargo prolongado de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado.

La alerta ahora es que el objetivo de terminar a finales de octubre podría frenarse. La mayoría del CPCCS, liderada por el presidente Fantoni, no alcanzó los votos necesarios para aprobar el informe final de calificación y recalificación de méritos de los 28 postulantes, un documento indispensable para avanzar a la fase de impugnación ciudadana.

La falta de respaldo se materializó con los votos en contra de las consejeras Nicole Bonifaz y Piedad Cuarán, la abstención de Roberto Gilbert y la ausencia de David Rosero, lo que frenó el proceso justo antes de que Fantoni iniciara un periodo de vacaciones hasta julio, dejando la presidencia encargada a la vicepresidenta Jazmín Enríquez. Es decir, el proceso está nuevamente estancado.

El rechazo al informe de la comisión ciudadana se fundamentó en advertencias sobre presuntas anomalías en las notas. 

¿Quiénes encabezan el concurso?

El concurso cuenta con 28 abogados admitidos que superaron los filtros iniciales y enfrentan actualmente la fase de oposición. 

Todavía a la espera del informe final de recalificación, la jueza Daniella Camacho Herold encabeza el listado general con 48 puntos. En el bloque de mujeres, la sigue de cerca la también magistrada Maritza Romero con 47,25 puntos. Estas calificaciones corresponden a la evaluación técnica de sus hojas de vida.

Por parte de los hombres, el actual fiscal subrogante Leonardo Alarcón lidera el puntaje con 46,5 puntos. A continuación, se ubican el fiscal Alejandro Montecé Giler y el exjuez Walter Samno Macías, ambos con 46 puntos exactos.