Fiscalía investiga a jueces de la Corte Nacional que presuntamente recibieron dinero a cambio de una sentencia
Como parte de una investigación previa a jueces de la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía realizó varios allanamientos la madrugada de este miércoles en el norte de Quito.
Agentes de la Fiscalía inspeccionan un vehículo del Estado como parte de una diligencia durante un allanamiento realizado el 29 de julio de 2026.
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Fiscalía del Ecuador
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La Fiscalía realizó varios allanamientos la madrugada de este miércoles 29 de julio de 2026 en el norte de Quito, como parte de una investigación previa de un presunto caso de cohecho, que se desprende el caso Plaga.
El Ministerio Público detalló que investiga a jueces de la Corte Nacional de Justicia, "quienes habrían recibido dinero a cambio de gestionar la emisión de una sentencia de casación en una causa en la que estaría involucrada una empresa china".
La investigación se inició con base en el testimonio anticipado de una persona sentenciada en el caso Plaga, informó la Fiscalía.
Entre los indicios levantados durante el operativo constan computadores, teléfonos celulares y documentos.
La Fiscalía todavía no ha proporcionado más detalles de este caso. Pero hay antecedentes.
El abogado quiteño Michael Hernández, conocido en círculos judiciales como 'Mike', exdirector de la Escuela de la Función Judicial, declaró en septiembre de 2024 que habría operado como intermediario entre abogados y jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
En su testimonio anticipado vinculó a los entonces magistrados Iván Saquicela y Wilman Terán con una supuesta estructura de favores y pagos ilegales.
Según Hernández, se habrían entregado USD 30.000 a Saquicela para influir en un proceso relacionado con la empresa china China Railway, que reclamaba pagos millonarios al Estado ecuatoriano. El caso terminó con una decisión judicial que ordenó un pago cercano a USD 59 millones a favor de la compañía.
La causa se originó por un contrato firmado en 2015 entre China Railway y el Ministerio de Educación para la construcción de unidades educativas provisionales. Tras la terminación unilateral del contrato en 2018, la empresa inició acciones legales y obtuvo fallos favorables en tribunales administrativos.
Saquicela rechazó las declaraciones de Hernández y calificó el testimonio como una supuesta maniobra política. Por su parte, Terán purga actualmente condenas por corrupción.
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