Las claves para entender la crisis institucional que atraviesa Ecuador

El presidente Guillermo Lasso habla constantemente de la independencia de funciones. Sin embargo, su nombre ya ha estado relacionado a dos casos de "metida de mano", en la Justicia y en el Cpccs.

Esto hace que, desde la oposición -principalmente en la Asamblea- se hable de que tanto Judicatura como el Consejo de Participación responden a sus intereses.

Sobre el Consejo de Participación, las acusaciones vienen desde febrero, cuando esa institución removió a Sofía Almeida de la Presidencia. En su reemplazo, fue nombrado Hernán Ulloa, señalado por una supuesta cercanía al Gobierno por haber sido candidato por Creo en las elecciones de 2017.

Además, en el caso del Superintendente de Bancos, el Cpccs también se mostró alineado al Ejecutivo.

En cuanto a la Judicatura, un audio filtrado habla de posibles interferencias del Ejecutivo en la Justicia a favor de la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. Aunque el Gobierno se deslindó de dicha filtración, en el Legislativo se señala al presidente de la Judicatura, Fausto Murillo, por su cercanía a Lasso.

Además, está la pelea con la Corte Nacional, un problema aún más enredado. Aquí, el presidente de la Corte, Iván Saquicela, reclama que Murillo no puede ser el presidente de la Judicatura por no ser representante de la Corte, un requisito constitucional.

Saquicela y el Gobierno no tienen una buena relación, sobre todo después de que Bélgica otorgara asilo político al expresidente Rafael Correa.

La situación del Legislativo también es compleja. Cuando Guadalupe Llori estaba en la presidencia, a pesar de pertenecer a Pachakutik ella fue señalada por su cercanía al Gobierno.

De hecho, la oficialista Bancada del Acuerdo Nacional (BAN) fue la única que la defendió ante los intentos de remoción de la mayoría opositora, integrada por Unión por la Esperanza (UNES), el Partido Social Cristiano (PSC) y los rebeldes de Pachakutik y la Izquierda Democrática (ID).

Cuando Llori fue removida, el Gobierno expresó su rechazo. E incluso llegó a desconocer el nombramiento de Saquicela en su reemplazo.

Ya con la mayoría opositora en el poder, avanzan dos procesos de juicio político especialmente claves para la Función Judicial y la de Transparencia y Control Social: al Consejo de la Judicatura y al Consejo de Participación.

Aunque estos ya estaban presentados en el tiempo de Llori, con la consolidación de la nueva mayoría es casi seguro de que existirán los votos para su destitución. Ambos son impulsados por el correísmo y el ala rebelde de Pachakutik.

El problema en el caso de destitución de ambos organismos es no está claro quiénes entrarían en reemplazo de los destituidos. En la Judicatura ya no hay más suplentes; mientras que en el Cpccs, entrarían los siguientes en votación, pero tampoco hay suficientes.

El Consejo de Participación aparece en el medio de las pugnas, pues tiene que ver en los problemas de la Judicatura, de la Superintendencia de Bancos y en los otros procesos de designación de autoridades que lleva adelante.

Esta institución entró en crisis en febrero, cuando Sofía Almeida fue removida por una mayoría conformada en el interior del Consejo. Entonces, Hernán Ulloa fue designado nuevo presidente de la institución.

En esos días, el Ejecutivo se mantuvo distanciado y no habló sobre el tema. Pero la Policía sí allanó las instalaciones de la institución, que Almeida se negaba a abandonar.

Desde entonces, el Cpccs ha enfrentado dos momentos polémicos.

El primero con la Judicatura: tras la renuncia de María del Carmen Maldonado a la presidencia del organismo, el Consejo nombró a Fausto Murillo como nuevo presidente.

Esto generó el rechazo de la Corte Nacional porque, según la Constitución, la Judicatura debe estar presidida por el representante de la Corte, y Murillo no lo es.

Saquicela incluso envió una terna al Cpccs, que finalmente terminó retirando porque nunca se inició el proceso de designación para que el nuevo vocal que sea representante de la Corte Nacional.

El segundo problema fue el de la Superintendencia de Bancos. El Consejo designó, tras un proceso de selección, a Raúl González, cuyo nombre fue propuesto por el presidente Lasso.

Sin embargo, tras acusaciones de que González es cercano al correísmo y varias acciones constitucionales, el Cpccs llevará adelante un nuevo proceso de selección.

El Cpccs, además, enfrentará en los próximos días dos juicios políticos en la Asamblea:

• Uno contra los cuatro vocales de mayoría que removieron a Almeida, impulsado por los rebeldes de Pachakutik y el PSC.
• Uno contra los siete vocales del Consejo, impulsado por Pachakutik.

El Consejo de la Judicatura no solo enfrenta la pugna con el Legislativo y el Cpccs, sino también una pelea interna, con la Corte Nacional.

El Pleno de la Asamblea deberá resolver en los próximos días si llama o no a juicio político a tres actuales vocales: Fausto Murillo, Maribel Barreno y Juan José Morillo. Todo esto, en medio del malestar entre la mayoría opositora del Legislativo por la defensa de la bancada oficialista a estos funcionarios.

A la par de esto, y para ahondar en la crisis con el Cpccs y la Corte Nacional, Iván Saquicela envió una nueva terna para que el Consejo designe a su nuevo delegado, que debería reemplazar a Murillo como presidente de la Judicatura.

Todo esto en medio de la pugna Judicatura-Corte Nacional, ahondada durante el juicio político. En su comparecencia, Saquicela cuestionó las decisiones de la Judicatura y dio más argumentos para su destitución.