En las elecciones seccionales de 2019 se escogieron a siete vocales principales y siete alternos para el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs). Tras una serie de destituciones, ahora solo quedan dos suplentes disponibles.
La Asamblea Nacional busca su tercer ‘round’ de destituciones de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), esta vez auspiciado por el correísmo. El objetivo es censurar a los cuatro consejeros de mayoría que cambiaron a las autoridades de la entidad:
- Hernán Ulloa
- María Fernanda Rivadeneira
- Francisco Bravo
- Ibeth Estupiñán
Previamente, en agosto de 2019, el Legislativo censuró y destituyó a cuatro vocales: José Tuárez, Rosa Chalá, Walter Gómez y Victoria Desintonio. Ese juicio político fue propuesto por dos exlegisladores del movimiento Creo y uno de Pastaza.
Y en octubre de 2020 se removió Christian Cruz, quien ocupaba la presidencia del Consejo al momento. El PSC impulsó este juicio político.
Esas cinco bajas en el organismo, que debe ser renovadas por votación popular en 2023, implicaron que cinco de los siete suplentes tengan que ser titularizados. Ese fue el camino que llevó a sus actuales cargos, primero, a Ibeth Estupiñán, Francisco Bravo, Juan Dávalos y Davido Rosero y, después, a Hernán Ulloa.
Por lo tanto, si la Asamblea aprueba una tercera destitución, de cuatro vocales, no habría suficientes suplentes para ocupar los cargos disponibles. Además, la conformación del Consejo de Participación tiene una particularidad, debe tener tres vocales hombres, tres mujeres y uno que represente a los pueblos, nacionalidades y migrantes.
Sin representantes
Con tantos cambios previos en el Consejo de Participación, oficialmente solo quedan como suplentes la guayaquileña Mónica Moreira Morán y la lojana Karina Ponce Silva, ambas como representantes de las mujeres. Los suplentes de las listas de hombres y de nacionalidades ya se posesionaron.
Moreira es docente y la Federación de Trabajadores del Sector Eléctrico respaldó su candidatura. Mientras que Ponce es economista y se vincula a los sectores sociales, impulsando luchas por los derechos estudiantiles, de las mujeres y el cuidado ambiental.
En caso de que se terminen los suplentes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) debería acreditar a los siguientes más votados de los 28 candidatos que quedan, según cada lista.
Así, llegarían al Cpccs Jaime Chugchilán, por los pueblos y nacionalidades, y Carlos Figueroa, por los hombres.
La candidatura de Chugchilán tuvo el respaldo del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), cuando lo presidía Leonidas Iza, actual presidente de la Conaie, y que tiene influencia en el ala radical de Pachakutik.
Mientras que Figueroa ha impulsado causas sociales desde la Federación Médica Ecuatoriana, los sindicalistas, universitarios y estudiantiles. En 2017 fue candidato a asambleísta por Pachakutik.
Los nexos partidistas
Al conformar una nueva mayoría, los cuatro consejeros, ahora cuestionados por el correísmo, removieron de la presidencia y vicepresidencia a Sofía Almeida y David Rosero. Estos últimos tienen vínculos políticos con el PSC y Unidad Popular, respectivamente. En ese bando está también Juan Dávalos, relacionado con el correísmo.
Precisamente, estos consejeros hoy de minoría recibieron el apoyo en la Asamblea por parte de UNES, el PSC y la facción más radical de Pachakutik.
Por ello, la bancada correísta busca acelerar el enjuiciamiento político de la nueva mayoría en el Consejo, considerada afín al gobierno del presidente Guillermo Lasso.
Es tanto el apremio, que para avanzar en el orden de prelación de las solicitudes de juicio, UNES quiere desistir de otro de sus propios procesos contra el procurador Íñigo Salvador.
El legislador de UNES, Ferdinan Álvarez sostiene que las actuales autoridades del Consejo “se tomaron por asalto” la institución, por lo que el trámite del proceso de fiscalización en su contra es urgente.
Para llegar a ese proceso, todavía faltaría retirar otras dos solicitudes de juicio político:
- La primera es en contra del CNE, presentado por Mario Ruiz (de la facción radical de Pachakutik) y Joel Abad (quien pertenecía a la facción radical, pero que ahora está en el bando de Guadalupe Llori).
- Y la segunda es en contra del Consejo de la Judicatura, presentado por Viviana Veloz y Fausto Jarrín (UNES).
UNES está dispuesto a retirar el proceso contra la Judicatura, según Álvarez. Pero para ello necesitan que Ruiz y Abad renuncien al proceso contra el CNE. El correísmo instó públicamente a Pachakutik a hacerlo, algo que resulta complicado debido a que Abad ya no está con la facción radical.
Lo que está en juego
La importancia del Consejo de Participación radica en su atribución de designar a las autoridades de control. A lo largo de su historia, la institución ha sido cuestionada por seleccionar a personas afines a los gobiernos de turno para los distintos cargos.
Ahora, sobre el escenario están pendientes los procesos para escoger a los titulares de la Contraloría, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, CNE, Tribunal Contencioso Electoral.
A esto se suma el próximo proceso electoral de 2023, donde se escogerán autoridades locales y los nuevos funcionarios del mismo Cpccs.
Pese que desde la Asamblea Nacional todas las bancadas niegan querer controlar el Consejo de Participación, las próximas designaciones serán claves para el futuro del país.
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