2022, año clave para la designación y renovación de seis autoridades de control

Edificio de la Defensoría del Pueblo en Quito Cortesía El Universo

Pese a la urgencia de designar al titular de la Defensoría del Pueblo, tras el procesamiento penal y destitución política de Freddy Carrión, el cargo lo ocupa César Córdova. Él estará en funciones hasta que el Cpccs termine el concurso de oposición y méritos.

A finales de septiembre, el Consejo pidió la elaboración de un reglamento para el concurso, que a la vez requiere primero del inicio de un proceso de conformación de una Comisión Ciudadana de Selección (CCS), lo cual no ha arrancado.

Edificio de la Contraloría General en Quito. Cortesía El Universo

Después de años de inestabilidad en la Contraloría, por la huida de Carlos Pólit, la detención de Pablo Celi y la subrogancia de otros dos funcionarios, la institución aún espera la nominación de su nuevo titular.

Pero el concurso para elegir al nuevo Contralor está apenas en la etapa de conformación de la Comisión Ciudadana de Selección (CCS), que es similar al concurso como tal. Por lo tanto, todavía quedan las fases de méritos, sorteo y escrutinio a las que se someterán los 98 ciudadanos admitidos.

Solo una vez que la CCS esté lista, iniciará el proceso que duraría unos cuatro a seis meses, con la convocatoria a los postulantes a Contralor General del Estado. Ellos deberán superar las fases de requisitos, impugnación y escrutinio, méritos y oposición. El mejor puntuado se quedará con el puesto.

Operativo de seguridad de la Policía en el Consejo Nacional Electoral (CNE), Quito, 21 de febrero de 2021. API

Este concurso también está en fase de conformar la Comisión Ciudadana de Selección (CCS), solo que un paso atrás del trámite del Contralor. De los 115 postulantes, 60 cumplieron con los requisitos, pero había posibilidad de apelaciones. Quienes pasen este primero paso deberán superar las siguientes tres fases.

Únicamente ahí iniciará el concurso de selección de los dos nuevos consejeros electorales, con sus fases de requisitos, impugnación y escrutinio, méritos y oposición.

Pese a que el proceso para la renovación parcial del organismo comenzó en agosto de 2021, los retrasos en las etapas obligaron a que la Procuraduría se pronuncie y advierta que los funcionarios deberán prorrogar sus funciones hasta que el concurso termine.

 @ArchiDisEcuador

La designación del futuro Defensor Público también se encuentra en fase de conformación de la Comisión Ciudadana de Selección (CCS). Sin embargo, este proceso está más avanzado que los anteriores, puesto que ya superó la etapa de calificación de méritos. Restan tres pasos todavía.

Una vez conformada la CCS, iniciará el concurso para la máxima autoridad de la Defensoría Pública.

Imagen del edificio del Tibunal Contencioso Electoral (TCE), en Quito. Primicias

El 13 de octubre, el pleno del Cpccs ordenó la elaboración de un reglamento para el concurso de renovación parcial del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), similar al del CNE, para reemplazar a dos jueces electorales.

Este proceso también depende de un proceso legal, una demanda frente a la Corte Constitucional, porque hay dos jueces que aún ejercen funciones, pese a que eran suplentes seleccionados para el periodo 2012-2018.

La designación de varios jueces del TCE ha sido cuestionada en distintos momentos. Aunque el Consejo quiera nombrar a dos magistrados, como indicaría el orden, esto se debe realizar bajo sorteo público, pese a que los dos jueces demandados ya terminaron el plazo de sus periodos legales.

Esto podría interferir con el número de jueces a reemplazar. Y el proceso tomaría entre seis y siete meses, si no existen más contratiempos, lo cual implicaría de todas formas una prórroga de funciones, ya que la renovación debería darse en abril.

Vista del edificio en el que funciona la Corte Constitucional, en Quito, el 16 de septiembre de 2021. API

Aunque no es competencia del Cpccs, la institución forma parte de la Función de Transparencia, que lleva el concurso para la renovación parcial de tres jueces de la Corte Constitucional (CC).

El proceso arrancó en agosto y las funciones Ejecutiva, Legislativa y la misma de Transparencia ya designaron a sus delegados para el concurso de oposición y méritos. La comisión calificadora también fue constituida, pero tuvo una baja.

El comisionado Rafael Oyarte renunció el 29 de noviembre al organismo porque adujo que la actuación de las funciones del Estado y de sus candidatos incumplirían los requisitos legales, o remitieron la documentación incompleta. Por ello, no existen avances en el proceso.

La Función de Transparencia no ha notificado el nombramiento de un reemplazo para la comisión.