Cuatro consejeros de mayoría, en una sesión autoconvocada, removieron a Sofía Almeida como presidenta y a David Rosero como vicepresidente de la institución.
Nota actualizada a las 15:08 con la votación para la elección de las nuevas autoridades.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) amaneció, este 9 de febrero de 2022, rodeado de un fuerte contingente policial. Estaba previsto que se instalara, de manera telemática, una sesión en la que habían mocionado la remoción de la presidencia de Sofía Almeida. Esta fue suspendida hace dos semanas.
Almeida había presentado ante una jueza del cantón Samborondón una acción de protección y la solicitud de medidas cautelares para evitar la remoción. Pero, el martes, tras otra acción planteada por el consejero Hernán Ulloa, otra jueza revocó las medidas que habían beneficiado a Almeida.
Por ello, los cuatro consejeros de mayoría, Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo llegaron presencialmente a las instalaciones de la institución y entraron al salón del Pleno.
A pesar de la oposición de Almeida, los cuatro consejeros reinstalaron la sesión alrededor de las 11:00. Decidieron nombrar a Bravo para que dirija esa sesión.
Después de leer un informe, los cuatro vocales votaron a favor de la remoción de Almeida como presidenta. Ella no hizo uso de su derecho a la defensa, pues no respondió las llamadas que le hicieron desde el salón del Pleno.
El Cpccs, a continuación, analizó la situación del vicepresidente, David Rosero. Él sí compareció, vía telemática a la sesión, y defendió sus actuaciones; dijo que la sesión para tratar la remoción de Almeida debía ser el próximo martes. Pero, Rosero también fue removido con cuatro votos a favor.
De inmediato, los consejeros escogieron a sus nuevas autoridades. Ulloa fue posesionado como nuevo presidente, y Rivadeneira como vicepresidenta.
"Que no se diga mañana que el proceso de hoy no siguió el proceso del Código Orgánico Administrativo. Esta es la reinstalación de una sesión que fue declarada permanente", aseguró Ulloa.
Añadió que en las remociones se siguió el debido proceso. Destacó que Almeida no hizo uso de su derecho a la defensa, como sí hizo Rosero.
"Somos un órgano colegiado, y podemos tomar nuestras propias decisiones, como remover y designar nuevas autoridades".
Hernán Ulloa
La reinstalación de la sesión
Horas antes de esta decisión, Almeida apareció en rueda de prensa para denunciar un intento de "tomarse" el Cpccs y "elegir autoridades a dedo". La presidenta aseguró que ella no pidió resguardo policial, sino que este fue solicitado por Ulloa.
Dijo que los cuatro consejeros forzaron las puertas del salón del Pleno, por lo que serán denunciados en la Fiscalía por daño a bienes públicos. "Intentan la ilegalidad de sesionar, cuando hay una acción de protección vigente", dijo.
Según Almeida, la decisión a favor de Ulloa aún no está en firme, pues está aun pendiente una audiencia en esa causa y no hay una sentencia. Aseguró que tampoco ha sido notificada con el documento que Ulloa publicó por redes sociales, en que se habla de la revocatoria de la primera acción de protección.
Almeida además llamó al Ejecutivo a que no interfiera en las funciones del Cpccs a través de la Policía.
"Aquí se está configurando un caos contra el Cpccs, el boicot para apoderarse y elegir autoridades a dedo afines a estos cuatro golpistas. No quiero pensar que esto tiene el apoyo del Gobierno Nacional"
Las razones de la pugna
Detrás de estas peleas entre dos bandos dentro del Cpccs están los concursos de méritos y oposición que el organismo lleva adelante. Actualmente, están abiertos los procesos de selección de un nuevo Contralor y Defensor Público y de la renovación parcial del CNE y el TCE.
Los consejeros de mayoría cuestionan las actuaciones de Almeida, por ejemplo, por no convocar a las sesiones del Pleno con suficiente anticipación. Por ello, elaboraron un informe que habla de un supuesto incumplimiento de funciones de su parte.
Pero para Almeida, hay una intención política de fondo. Asegura que Ulloa, a través de varios ciudadanos, ha interpuesto acciones judiciales que han generado tropiezos en los concursos. Y que por eso no se ha podido avanzar en los procesos.
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