La jueza de Samborondón, Larissa Ibarra, revocó la medida cautelar solicitada por Sofía Almeida para evitar una moción de destitución en el Consejo.
Larissa Ibarra, jueza de la Unidad Multicompetente de Samborondón (Guayas), revocó el 7 de febrero de 2022 las medidas cautelares concedidas por la magistrada del mismo cantón, Karly Vargas, en favor de la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Sofía Almeida.
Ocurrió después de que el consejero Hernán Ulloa presentara una acción de protección en contra de Almeida y el vicepresidente del organismo, David Rosero.
Ulloa alega que la conducta de Almeida y de Rosero vulneró sus derechos constitucionales "al negar la sustanciación de la moción (de destitución) que apoyaba".
Con esta decisión, el consejero Ulloa considera que se debe instalar una sesión para tratar la remoción de Almeida.
La primera acción de protección fue solicitada por Almeida el 30 de enero de 2022, vía correo electrónico, para evitar una moción de destitución planteada por los consejeros Ulloa, Francisco Bravo, Ibeth Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira-
Los motivos: supuestos incumplimientos y abuso de funciones.
Entre ellos convocar a las sesiones con 24 horas de antelación, sin considerar lo previsto en el Reglamento de Funcionamiento del Pleno del Consejo, que dispone que sea mínimo 48 horas, o falta de transparencia en los procesos de designación de autoridades.
La jueza Vargas acogió el pedido de Almeida y ordenó la suspensión provisional de todos los actos que emita el Pleno Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en los que se pretenda tratar moción y resolución de remoción del cargo de la Presidenta”.
Pero Larissa Ibarra argumenta que "la presentación de una moción, por parte de miembros de un órgano colegiado para que se tramite y decida la remoción de una persona en el cargo que ejerce, es una conducta legitimada por la Constitución y la ley".
Es decir, un procedimiento constitucional y legal "que no tiene la apariencia de buen derecho que se exige para dictar una medida cautelar constitucional".
Por ello, Ibarra convocó a las partes a una audiencia pública para el 10 de febrero de 2022, a las 09:30, en la Unidad Judicial de Samborondón, para que presenten sus alegatos.
Sofía Almeida, por su parte, reaccionó en Twitter y aseguró que "grupos de poder" intentan apoderarse del Consejo de Participación y alegó que la Ley de Garantías Constitucionales "prohíbe interponer una medida cautelar en contra de otra medida cautelar".
#ATENCIÓN | PRESIDENTA DEL CPCCS AL PAÍS: Ante la revocatoria de medidas cautelares.
— Participa Ecuador (@CpccsEc) February 8, 2022
Más información 👇🏼https://t.co/PzOY7svcLi#HacemosLoCorrecto pic.twitter.com/FtGdxAWRTy
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