Aunque todavía no hay un informe de la Comisión de Fiscalización, parecería que la suerte ya está echada para los tres vocales que enfrentan una posible censura y destitución. En la Asamblea, la mayoría opositora se muestra fuerte ante el Ejecutivo.
El futuro del Consejo de la Judicatura no parece tan alentador. Aunque todavía no está listo el informe de la Comisión de Fiscalización en el proceso de juicio político en su contra, la nueva mayoría opositora ya contaría con los votos para concretar su censura y destitución.
Los vocales Fausto Murillo, Maribel Barreno y Juan José Morillo enfrentan un proceso de fiscalización impulsado por el correísmo. Viviana Veloz (UNES) los acusa de incumplimiento de funciones, principalmente por la evaluación de la Corte Nacional de Justicia, que terminó con la destitución de 26 jueces y conjueces, en 2019.
Este proceso ya fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional, por lo que el juicio político tiene un pesado argumento para terminar en la destitución de los tres vocales. Aun así, ellos se defienden con el argumento de que el proceso es un “pretexto” para tomar el control de la Justicia.
Por ello, en UNES hay confianza en que logren los 92 votos con los que Murillo, Barreno y Morillo terminarían fuera del puesto. Cuentan con, al menos, 15 apoyos de Pachakutik, una bancada cada vez más dividida y cuyos “rebeldes” suman cada vez más votos.
Pero más allá de esta causal para la destitución, la discusión en la Asamblea se ha vuelto política. Y en medio de acusaciones de “metida de mano” de lado y lado, este juicio político se ha convertido en un nuevo enfrentamiento con el Ejecutivo.
El Gobierno está con la Judicatura
Aunque el juicio político contra la Judicatura se da por actuaciones que sucedieron en el tiempo del expresidente Lenín Moreno, el nombre del actual mandatario Guillermo Lasso está constantemente presente.
El inicio del juicio político coincidió con la lluvia de acciones de protección y la filtración de un audio en el que se habla de una supuesta intervención de Morillo, a nombre de Lasso, a favor de la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori.
Es por ello que la mayoría opositora, integrada por UNES, el PSC y una parte de Pachakutik y la ID, sustentan su discurso en esta “metida de mano en la justicia“. Y para apoyar aún más esta tesis, la bancada de Gobierno ha tomado una posición de defensa de la Judicatura durante el juicio político.
Por esto, el proceso contra la Judicatura se ha convertido nuevamente en una medición de fuerzas entre la Asamblea y el Ejecutivo. Esto, mientras sigue pendiente y no llega a concretarse la “comisión mixta” para que coordine una agenda entre ambas funciones del Estado.
Los tiempos para el informe
La Comisión de Fiscalización tiene hasta esta semana para elaborar y aprobar el informe que recomiende o no el juicio político en contra de los tres vocales de la Judicatura, en el que también está incluida la expresidenta del organismo María del Carmen Maldonado.
Sin embargo, el presidente de la mesa, Fernando Villavicencio, adelantó que podría pedir una prórroga, por la cantidad de comparecencias y pruebas recibidas. Es decir, que el informe podría estar para finales de mes.
Dentro de la comisión hay división. Esta mesa tiene cuatro legisladores de la oposición (tres de UNES y una del PSC) y cuatro del otro bando (tres de la BAN y Villavicencio, que en este tema mantiene una línea cercana al Gobierno). En medio de los dos está Bruno Segovia, que ha dicho que tiene críticas para ambos lados.
Por lo tanto, la aprobación de un informe será complicado. Lo más probable es que la Comisión no llegue a una conclusión, con lo que el tema debería resolverse en el Pleno. En tal caso, con 70 votos, los legisladores deberán decidir si el proceso se archiva o hay efectivamente un juicio político.
La mayoría opositora demuestra su poder
Llegar a los 71 votos para la destitución de la Judicatura parece un escenario sencillo para una mayoría que, ya en dos ocasiones, ha demostrado su fortaleza.
- A inicios de agosto, los legisladores que la integran lograron rechazar el veto a la Ley del uso progresivo de la fuerza. Lo hicieron a pesar de que el PSC inicialmente había anunciado que apoyaría las propuestas del Ejecutivo.
- La semana pasada, en una nueva demostración de poder, la Asamblea posesionó a Raúl González como nuevo superintendente de Bancos. En ese caso, lograron los 70 votos gracias a los votos de gran parte de Pachakutik. Aunque según denunciaron asambleístas de esa bancada, lo hicieron por presiones desde UNES.
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