A pesar de la reconfiguración de fuerzas, el orden de tratamiento de los juicios políticos debe ser cronológico. Aún así, el CAL ya calificó el proceso contra el ministro Patricio Carrillo, que entraría a tratarse después de los juicios contra el Cpccs.
La 'fila' para la Comisión de Fiscalización es larga. Mientras esa mesa legislativa tramita el juicio político en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura, están a la espera al menos otros cuatro pedidos que deberán despacharse en orden cronológico.
Pero la nueva mayoría en el poder ya va ajustando la agenda de acuerdo a sus intenciones. Es por ello que el Consejo de la Administración Legislativa (CAL), en su primera movida tras la reconfiguración de fuerzas en la Asamblea, ya calificó el pedido de juicio político contra el ministro del Interior, Patricio Carrillo.
El CAL actuó en una sesión virtual la tarde del martes 26 de julio, en medio de los eventos por las Fiestas Julianas. Y no se dio a conocer oficialmente sus resultados.
La decisión evidencia una clara intensión de parte de la nueva mayoría, pues la calificación de este proceso se dio a pesar de que había otro presentado antes: contra la exministra Ximena Garzón. Este aún está pendiente.
Pero antes del proceso contra Carrillo, aún están los juicios políticos ya calificados por el CAL con anterioridad. La mayoría ellos también son impulsados por las bancadas que forman parte de la nueva mayoría opositora: Unión por la Esperanza (UNES), el Partido Social Cristiano (PSC) y las facciones rebeldes de Pachakutik y la Izquierda Democrática (ID).
Desde hace un año, los legisladores de UNES y de Pachakutik son los que más solicitudes de juicio político han presentado. Y aunque algunas de ellas no han prosperado, como el proceso contra el contralor Carlos Riofrío, el Legislativo ha posicionado la idea de que en sus manos está la fiscalización al Gobierno.
Los tiempos juegan
Aún a pesar de la calificación del CAL al proceso contra Carrillo, los tiempos de cada juicio político son largos, pues toman a veces hasta más de un mes. Y estos plazos no se pueden cambiar, pues están claramente fijados en la reformada Ley de la Función Legislativa.
Esta establece además que el orden de tratamiento es cronológico, por lo que no es posible adelantar un proceso.
Por lo que el juicio político contra Carrillo comenzaría una vez que termine el que está en trámite actualmente, en contra del Consejo de la Judicatura, y luego los dos contra el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs). Todos estos, impulsados también por la mayoría.
Es decir que la fiscalización al ministro del Interior comenzaría entre octubre y noviembre.
Además está el juicio político en contra del Consejo Nacional Electoral (CNE), que está suspendido y podría llevarse adelante recién después de las elecciones de 2023. Según la Procuraduría, este proceso podría avanzar recién después de la proclamación de resultados.
Juicio político contra el Consejo de la Judicatura
Los asambleístas Viviana Veloz y Fausto Jarrín presentaron la solicitud de juicio político en contra de María del Carmen Maldonado, Fausto Murillo, Maribel Barreno y Juan José Morillo, vocales del Consejo de la Judicatura, por incumplimiento de funciones.
El proceso fue presentado a inicios de 2022, cuando Maldonado aún no renunciaba a su cargo como presidenta de esa institución.
Veloz y Jarrín, quien ya dejó su curul en la Asamblea, los señalan por un supuesto incumplimiento en siete causales.
La principal se relaciona con el proceso de evaluación de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Los señalan porque la Corte Constitucional declaró inconstitucional la normativa de dicha evaluación, por vulnerar derechos de los magistrados.
Las otras acusaciones de los asambleístas apuntan a:
- Incumplimientos en el concurso de méritos y oposición de la Corte Nacional de Justicia, realizado después del proceso de evaluación.
- Supuestas irregularidades en el nombramiento de conjueces temporales, que supuestamente no cumplirían los requisitos para el cargo.
- El concurso de selección a los jueces de la Corte Nacional de 2020, en el que se habrían modificado los parámetros para la calificación de méritos un día después del inicio de esa etapa.
- Incumplimiento en la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia.
- Incumplimiento en el nombramiento de fiscales provinciales, pues la Judicatura no llamó a concurso de méritos y oposición y hay fiscales prorrogados en sus funciones.
El inicio del tratamiento de este juicio político coincide con la filtración de dos audios del vocal Juan José Morillo, en los que se revelan supuestas presiones. Las mismas estarían relacionadas a las acciones interpuestas por la expresidenta Guadalupe Llori, intentando mantenerse en su cargo.
Este tema, sin embargo, no constará en el juicio político, según aclaró el presidente de la comisión, Fernando Villavicencio.
Según el cronograma aprobado, el informe de la comisión estaría listo para la segunda semana de agosto de 2022.
Los juicios 'a la cola'
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Los dos juicios contra el Cpccs
Los vocales del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) enfrentan dos pedidos de juicio político, impulsados por la nueva mayoría opositora.
El primero en la agenda, según la calificación del CAL, fue planteado por los asambleístas Ricardo Vanegas y José Chimbo (del ala "orgánica" de Pachakutik), en contra de los siete vocales del Consejo.
Ellos los acusan de incumplimiento de funciones por tres causales:
- La designación de César Córdova como Defensor del Pueblo encargado.
- La destitución del vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, ya restituido.
- El nombramiento de Pablo Iglesias como Superintendente de Ordenamiento Territorial.
El segundo proceso es impulsado por Ángel Maita y Mireya Pazmiño, del ala "rebelde" de Pachakutik. Este es en contra de Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo, miembros de la mayoría del Cpccs que removió a Sofía Almeida como presidenta de esa institución.
En este segundo proceso, los acusan de incumplimiento de funciones por haber modificado el reglamento para elegir al nuevo Contralor, aprobado por el organismo en agosto de 2021.
Estos dos juicios políticos estuvieron en el centro del debate durante la remoción de Guadalupe Llori, pues ella aseguraba que UNES buscaba "tomarse" el Cpccs. De hecho, UNES y los "rebeldes" de Pachakutik plantearon la posibilidad de adelantar este juicio político, algo que no fue posible.
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El proceso contra Patricio Carrillo
El juicio político en contra del ministro del Interior, Patricio Carrillo, es el que más atención ha recibido en estos días, sobre todo después del "espaldarazo" que recibió el ministro de parte del presidente Guillermo Lasso.
El pedido fue presentado el 21 de julio de 2022, por los asambleístas Jahaira Urresta (UNES) y Peter Calo ("rebelde" de Pachakutik). Y es fuertemente posicionado por ambas bancadas. La solicitud cuenta con el respaldo de 57 firmas.
Los legisladores acusan a Carrillo de incumplimiento de funciones por varias causales:
- Los supuestos abusos policiales cometidos durante los 18 días de paro nacional en junio de 2022.
- La inseguridad ciudadana que no recibe respuesta de la Policía Nacional.
- La crisis carcelaria, en la que tampoco tendría una respuesta efectiva de parte de la Policía.
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El juicio político contra Ximena Garzón
El asambleísta Ricardo Vanegas (Pachakutik) presentó el 14 de julio de 2022 una solicitud de juicio político en contra de la exministra de Salud, Ximena Garzón, quien para esa fecha ya había dejado su cargo.
La acusa de incumplimiento de funciones por la falta de medicinas, adquisición de medicamentos que incumplen estándares de calidad, y un supuesto negociado con empresas públicas de universidades para la compra de medicamentos.
Vanegas aseguró que toda la información de este proceso será presentada también ante la Fiscalía, para que abra una investigación. “Se ha jugado con la vida y la salud de los ecuatorianos, los responsables no solo deben ser censurados, sino ir a la cárcel” dijo.
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