La noche del martes 15 de febrero de 2022 la Policía Nacional allanó el edificio del Consejo de Participación Ciudadana, donde permanece la expresidenta del organismo, Sofía Almeida.
La diligencia fue encabezada por el fiscal Fabián Chávez en cumplimiento de una orden judicial de allanamiento, incautación y recolección de evidencias por el presunto delito de acceso no consentido a sistemas informáticos.
La intervención policial fue denunciada por la misma Almeida, quien difundió a través de sus redes sociales mediante transmisiones en vivo y videos de Whatsapp, en los que se veía a policías ingresar al edificio y mostrar una orden de allanamiento.
En uno de esos videos, Almeida relata que los agentes ingresaron al área de informática de la entidad, “han ingresado funcionarios que están apoyando al consejero Ulloa es este trámite de apoderarse del Consejo de Participación”, denunció.
La Fiscalía confirmó que el allanamiento se da en atención a una denuncia. La entidad investiga un delito de acceso no consentido a sistemas informáticos.
#AHORA | A través de un acto urgente, #FiscalíaEc allana las oficinas del @CpccsEc para recabar evidencia documental, física y digital, tras haber recibido una denuncia por un presunto delito de acceso no consentido a sistemas informáticos. #FiscalíaContraElDelito pic.twitter.com/4YuGKUflTM
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) February 16, 2022
Horas después, Ulloa explicó que la diligencia de Fiscalía responde a una denuncia presentada el 6 de enero de 2022, por la reiterada suspensión de sesiones del pleno del organismo, por parte de Almeida. Lo hizo en un comunicado institucional, en redes sociales.
En entrevista con Ecuavisa esta mañana, Hernán Ulloa recordó que los actos urgentes de Fiscalía se coordinan con la Corte Nacional de Justicia.
Almeida fue destituida por sus colegas del Consejo de Participación el 9 de febrero de 2022, junto al exvicepresidente, David Rosero. Ese día la nueva mayoría del Consejo de Participación eligió a Hernán Ulloa como su nuevo presidente, desatando una pugna entre dos bandos.
Almeida se negó a aceptar al nuevo presidente y decidió no abandonar su antiguo despacho.
En la primera sesión convocada por Ulloa el 14 de febrero de 2022, el nuevo presidente denunció un hackeo de las cuentas institucionales y acusó a Almeida de paralización de un servicio público, porque tenía el control de las cuentas institucionales y eso impedía la transmisión de la sesión.
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