El nuevo presidente del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), Hernán Ulloa, pidió que se recoja la evidencia para plantear dos denuncias por paralización de servicios públicos y por hackeo.
La primera reunión extraordinaria, convocada por el nuevo presidente del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), Hernán Ulloa, para el 14 de febrero de 2022, empezó con una hora de retraso por un presunto hackeo de sus canales de difusión.
Pese a los intentos, la sesión no pudo ser transmitida por la página de Youtube de la entidad, que mostraba un mensaje que decía: “el día de hoy no se realizará ninguna sesión oficial”. Para cumplir con la ley, el Cpccs utilizó la página personal de Facebook del mismo Ulloa para hacerlo.
Antes de que se trate el orden del día, el nuevo titular del Consejo pidió a los funcionarios de su despacho que preparen los documentos y evidencias, físicas y digitales, para presentar dos denuncias penales contra personas “bien identificadas”.
Los cargos serán por los delitos estipulados en los artículos 232, de ataque a la integridad de sistemas informáticos, y 346, de paralización de servicios públicos. Esto por el presunto ataque a los sistemas del Cpccs y por la toma del edificio de la entidad.
La versión de la minoría
Las oficinas del Consejo de Participación siguen ocupadas por Sofía Almeida, quien aún se considera presidenta de la institución y advirtió que no abandonará el lugar mientras la ciudadanía la siga respaldando.
Es por ello que, en la cita telemática del 14 de febrero, no participaron los consejeros de minoría: Juan Dávalos, David Rosero y la misma Almeida, quienes hablan de un supuesto ‘golpe de estado’ interno.
Este bando también acusa a la mayoría de incurrir en supuestas ilegalidades. Según Rosero, los cuatro consejeros no podían autoconvocarse, como lo hicieron el 9 de febrero de 2022, para reemplazar a Almeida y a él de sus cargos.
Rosero recuerda el pronunciamiento de la Procuraduría, del 12 de diciembre de 2019, en el que se aclara que la convocatoria a sesiones es competencia única del titular de la entidad y que “no existe la posibilidad jurídica de una auto convocatoria” de los demás consejeros.
Aunque, el mismo documento señala también que si cuatro consejeros hacen la petición, por escrito, al presidente de la entidad y este no convoca a la sesión pedida en un plazo de tres meses se configuraría una excepción para poder llevar a cabo la cita.
Almeida los acusa también de haber entrado por la fuerza al edificio para dicha auto convocatoria y del “asalto informático” al sistema de gestión, que está en manos de Ulloa.
Las nuevas decisiones de la mayoría
Con los votos a favor de Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo, el secretario Carlos Chiriboga y el prosecretario Carlos Rivadeneira fueron cesados en funciones. Liberton Santiago Cueva Jiménez fue nombrado como nuevo secretario.
El Pleno también decidió reformar el artículo 8 del reglamento de la Ley del Consejo de Participación, sobre las sesiones de la entidad. Ahora se establece que los consejeros no podrán ausentarse una vez instalada la sesión una vez por causas debidamente justificadas ante el pleno.
Las reformas se aprobaron por las experiencias previas de los comisionados, que denunciaron que la administración anterior suspendía las sesiones sin justificación. Especialmente cuando la situación no le resultaba conveniente o no existían los votos requeridos.
Finalmente, los cuatro consejeros también redujeron el tiempo de notificación de las convocatorias a las sesiones plenarias, de 48 a 24 horas y, además, podrían hacerse por mecanismos físicos o digitales.
Ulloa espera que esta crisis institucional, que tiene con “los nervios de punta” a los funcionarios del Consejo, por supuestas amenazas por parte de otros miembros de la entidad, termine pronto.
Mientras que para el consejero Bravo ya se le “paró el carro” a las anteriores autoridades y “el ambiente en el Cpccs ahora es nuevo”.
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