Nueve instituciones en crisis por renuncias, destituciones y falta de renovación

Ruth Arregui, posesionada como Superintendenta de Bancos, el 30 de abril de 2019 Asamblea Nacional

Ruth Arregui estuvo al frente de la Superintendencia de Bancos por 34 meses, aunque su periodo constitucional es de cinco años. El 22 de febrero de 2022, la Asamblea Nacional, con 85 de 137 votos, decidió censurarla y destituirla por un supuesto incumplimiento de funciones.

Arregui llegó al cargo como parte de una terna presentada por Lenín Moreno y fue seleccionada en un concurso organizado por el Cpccs-T, al cual se opuso el correísmo, fuerza política que puso la mayor parte de votos para su destitución. Aunque el juicio fue presentado por un legislador de Pachakutik.

Arregui presidía también, desde el 17 de enero la Función de Transparencia, cuya vicepresidencia está en manos del Defensor del Pueblo encargado, César Córdova.

Amparo Espinoza Zambrano, intendente General, podría ser la encargada de las funciones hasta que el presidente Guillermo Lasso remita una terna al Cpccs y este designe a la nueva autoridad.

Juan Javier Dávalos, Sofía Almeida y David Rosero, la minoría del Consejo de Participación, en rueda de prensa este 10 de febrero de 2022. API

Después de la destitución de sus dos primeros presidentes, la tercera en ocupar el cargo desde 2019, Sofía Almeida, lo perdió por una votación interna del pleno, después de un cisma político que modificó las fuerzas dentro de la entidad.

Desde el 9 de febrero, Hernán Ulloa es el nuevo presidente del Consejo de Participación, acompañado de otros tres consejeros con quienes conforman una nueva mayoría. Sin embargo, Almeida y otros dos consejeros insisten en que el cambio de autoridades fue ilegal, por lo que no han participado en las sesiones del pleno desde entonces.

Aunque ellos tampoco tienen el quórum necesario para reunirse, por lo que se desconoce si volverán a participar en el trabajo que llevan adelante las nuevas autoridades, quienes ya lograron el control administrativo de la entidad.

La presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, asegura que la evaluación a los jueces de la Corte Nacional marcha conforme al cronograma.  Judicatura

María del Carmen Maldonado renunció a su cargo, no fue destituida. La presidenta del Consejo de la Judicatura hizo el anuncio el 2 de febrero de 2022. La decisión se dio después de la sentencia de la Corte Constitucional que, según Maldonado, le retiraba la facultad de dictar medidas de suspensión para los funcionarios judiciales.

Maldonado fue parte de la Judicatura por tres años, la mitad del periodo. A su salida intentó dejar el cargo a su suplente Álvaro Román Marquez, designado por el mismo concurso del Cpccs. Pero Román fue candidato de la Fiscalía y la Judicatura debe ser presidida por el candidato de la Corte Nacional de Justicia, por ley.

Sin embargo, no hay un camino legal claro para encontrar una salida. Por lo que el nuevo presidente del Consejo de Participación, Hernán Ulloa, planteó que el presidente de la Corte remita una nueva terna, para escoger al presidente de la Judicatura con un nuevo proceso de selección.

El martes 22 de febrero, Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional, entregó al Cpccs las carpetas de los tres miembros de la terna. Este proceso de selección tampoco ha empezado.

📌#Ahora | El presidente de la @CorteNacional de Justicia, @ivansaquicela, entrega formalmente al Pleno del @CpccsEc, la terna para la designación del titular del @CJudicaturaEc. pic.twitter.com/kC4t3Z7qZm

— Corte Nacional (@CorteNacional) February 22, 2022

Víctor Anchundia, posesionado como Superintendente de Compañías, el 28 de marzo de 2019. Asamblea Nacional

Víctor Anchundia estuvo a cargo de la Superintendencia de Compañías durante 32 meses, hasta que fue destituido y censurado por la Asamblea Nacional el 8 de diciembre de 2021.

Su puesto lo ocupa la intendente nacional de Compañías, Doris Alvarado Benites, mientras el Consejo de Participación selecciona a uno de los tres miembros de la terna enviada por el presidente Guillermo Lasso, el 6 de enero de 2022.

Pese a haber transcurrido casi tres meses, el proceso de selección como tal no ha empezado aún. En medio de la crisis dentro del mismo Cpccs, solo se está creado el equipo técnico que realizará el trabajo.

Freddy Carrión, defensor del Pueblo, llega al Palacio Legislativo para asistir al juicio político en su contra, el 14 de septiembre de 2021. Flickr / Asamblea Nacional

Desde el 18 de septiembre, con una polémica decisión del Cpccs, el despacho de la Defensoría del Pueblo está encargado a César Córdova, quien ejercía como secretario de la entidad desde noviembre de 2020.

Esto sucedió luego de que la Asamblea Nacional destituyó y censuró a Freddy Carrión, con los votos en contra del correísmo, el 14 de septiembre de 2021.

Sin embargo, Carrión ya no ocupada su oficina desde el 17 de mayo de 2021, cuando fue detenido como medida preventiva, después de ser acusado del presunto delito de abuso sexual, por el cual fue sentenciado a tres años de prisión, por la Corte Nacional, el 20 de octubre.

Después de su arresto, Carrión encargó el puesto a la vicedefensora Zaida Rovira, pero la decisión fue reemplazada por la del Consejo de Participación, que tampoco avanza en el proceso de designación del nuevo Defensor. Aún ni siquiera tiene el reglamento bajo el cual se regirá.

Sesión del Pleno del CNE, este 26 de noviembre de 2019. CNE

Los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) fueron posesionados por la Asamblea Nacional el 20 de noviembre de 2018, para un periodo de seis años, con renovación parcial a los tres años.

Es decir, en noviembre de 2021 tres de los consejeros debieron ser escogidos vía sorteo público para dejar sus cargos, una vez que el Consejo de Participación Ciudadana haya seleccionado, mediante concurso público, a los nuevos vocales.

Ninguno de los procesos ha sucedido y las autoridades llevan prorrogadas en funciones más de tres meses. Apenas el 23 de febrero de 2022 el Cpccs llevó a cabo el sorteo del notario que deberá liderar el proceso de selección de quienes abandonarán sus cargos.

Mientras que el concurso público todavía no completa ni siquiera el proceso para crear a la comisión ciudadana de selección de las próximas autoridades.

Imagen del edificio del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en Quito. Primicias

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) seguirá similar camino, a partir de abril. Esta renovación parcial también depende de un proceso legal, una demanda frente a la Corte Constitucional, porque hay dos jueces que aún ejercen funciones, pese a que eran suplentes seleccionados para el periodo 2012-2018.

La designación de varios jueces ha sido cuestionada en distintos momentos.

Aunque el Consejo de Participación quiera nombrar a dos magistrados, como indicaría el orden legal, esto se debe realizar bajo sorteo público, pese a que los dos jueces demandados ya terminaron el plazo de sus periodos legales. Este proceso podría interferir con el número de autoridades a reemplazar.

El 19 de enero de 2021, Ángel Torres, defensor Público General, presentó su informe anual de labores a la Asamblea. Cortesía / Defensoría Pública

La Defensoría Pública está encargada desde el 31 de agosto de 2018 a Ángel Torres Machuca. Así lo decidió el Consejo de Participación Transitorio, hasta que se realice el concurso público de selección. Sin embargo, esto no ha sucedido. El mandato del organismo terminó y el nuevo Cpccs no ha avanzado tampoco con el proceso.

Torres Machuca mantiene el encargo durante tres años y seis meses, más de la mitad del periodo legal de funciones de la autoridad, que es de seis años.

Esta nueva administración del Consejo de Participación apenas está en la etapa de conformación de la comisión ciudadana de selección.

Carlos Pólit, excontralor general del Estado. Contraloría

El excontralor y prófugo de la justicia Carlos Pólit fue censurado por la Asamblea Nacional el 4 de julio de 2017, después de su renuncia y huida del país, en medio del escándalo por audios que lo relacionaban con el esquema de sobornos de Odebrecht.

Desde entonces, la situación de la Contraloría se ha complicado cada vez más y la entidad ha sobrevivido un escándalo tras otro en medio de subrogaciones cuestionadas.

Ante la ausencia de Pólit, el cargo de contralor General lo asumió Pablo Celi, quien había sido el subcontralor y su mano derecha por varios años. Sin embargo, su ascenso estuvo marcado por la aparición de un video en que el que, supuestamente, el funcionario rompía la acción de personal con la que se notificaba su destitución. En ese entonces, Sabett Chamoun también reclamaba ser la sucesora de Pólit.

En 2018, el Cpccs-T decidió ratificar a Celi como encargado de la Contraloría hasta 2022, cuando terminaría el periodo de Pólit.

El problema es que tres años después, el 13 de abril de 2021, Celi fue detenido y procesado por presunta delincuencia organizada en el caso Las Torres. En medio de esto y el inicio de la pandemia, Celi continuaba ejerciendo desde la prisión, hasta que hubo una nueva subrogación, por parte de Valentina Zárate.

Celi renunció desde la cárcel 4, el 5 de julio de 2021 y el cargo de Contralor quedó en manos del subcontralor Carlos Riofrío González.

Es así que el máximo despacho de la Contraloría también lleva encargado más de cuatro años y medio. Y el nuevo Contralor debería ser posesionado el 15 de marzo de 2022, sin que el Cpccs defina aún ni siquiera a la comisión ciudadana de selección para este concurso público.

Por lo tanto, el tercer procurador subrogante de este periodo en tres semanas pasará, además, a estar prorrogado en funciones.