El debate nacional por la protección del Yasuní nos deja una primera victoria.
La ineludible necesidad de una reforma fiscal que permita asegurar el cierre del déficit no sólo para reemplazar la renta petrolera del bloque ITT, sino apalancar la descarbonización de la economía y un modelo de desarrollo sostenible que genere empleo y elimine pobreza.
Esta reforma tiene dos principales protagonistas: la remoción focalizada de subsidios y el impuesto al carbono.
Los siguientes ejemplos ilustran porque una reforma fiscal verde es la mejor señal para generar confianza en mercados internacionales sobre una trayectoria sostenida que permita honrar acreedores, afianzar la dolarización, pero, sobre todo, ser la base de un nuevo acuerdo nacional para gobernabilidad.
Galápagos nos permite ilustrar el impacto fiscal positivo de la focalización en la remoción de subsidios y de su reinversión.
Al presente, el consumo de diésel ha retomado niveles prepandemia debido a la reactivación de la industria turística en las Islas. En 2019 se consumieron en Galápagos 12.381.573 galones de diésel según datos EP Petroecuador.
Focalizando el 30% del consumo total en grandes empresas turísticas y de pesca, así como vehículos de alto cilindraje que circulan en la islas, se estima anualmente aproximadamente USD 7 millones promedio el ahorro fiscal generado.
Estos recursos podrían dirigirse a un Fondo de administración para cubrir las necesidades de conservación de las Islas y también de servicios básicos, similar al FONAG que protege las fuentes de agua en Quito, gestionado a perpetuidad sin necesidad de incurrir en deuda, con participación de actores privados y la sociedad civil, y bajo supervisión de organismos de control nacional.
Los mecheros petroleros involucran quema del gas natural asociado con extracción de petróleo resultando en grandes pérdidas económico-energéticas; así como impactos ambientales y sociales-salud.
En 2020, según el Balance Energético Nacional, la producción de gas natural asociado a la extracción petrolera mantenía un aprovechamiento ineficiente del 32%. Un estudio de CEPAL refiere un nivel de impuesto óptimo de entre USD 20 y USD 50 por tonelada de dióxido de carbono (tCO2-eq) lo que implicaría una recaudación de USD 19 a 48 millones anuales.
Este costo marginal no afectaría a la industria petrolera en Ecuador y permitiría movilizar inversiones público-privadas para satisfacer necesidades de financiamiento del plan nacional de descarbonización y transición a la sostenibilidad.
La conservación del Yasuní es compatible con un manejo fiscal prudente y consistente con imperativos de soberanía y transición climática.
La decisión del pueblo ecuatoriano debe entenderse como parte de un nuevo pacto social y motivar políticas públicas que salvaguarden intereses de presentes y futuras generaciones. La reforma fiscal verde debe ser piedra angular para que el próximo gobierno catalice el cambio a sostenibilidad y gobernabilidad.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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