Leyenda Urbana
Correa usa la corrupción del Gobierno para intentar pasar por honesto y agredir a Diana Salazar
Thalía Flores y Flores

Thalía Flores y Flores

Periodista; becaria de la Fondation Journalistes en Europa. Ha sido corresponsal, Editora Política, Editora General y Subdirectora de Información del Diario HOY. Conduce el programa de radio “Descifrando con Thalía Flores” y es corresponsal del Diario ABC de España.

Actualizada:

11 May - 19:01

Un feroz golpe emocional han asestado al dolido pueblo ecuatoriano los funcionarios del Gobierno pillados en actos de corrupción, mientras miles de compatriotas siguen llorando a sus muertos arrebatados por la pandemia que no da tregua.

A la gente le resulta imposible asimilar el nivel de degradación moral de funcionarios que se han aprovechado del estado de excepción por la crisis sanitaria, para hacer negociados y embolsicarse dinero.

La compra de mascarillas y de bolsas para envolver cadáveres hechas en varios hospitales del IESS y del Ministerio de Salud, así como el contrato para adquirir kits de alimentos con descomunales sobreprecios, son tres de los casos más abyectos que una sociedad puede soportar sin reclamar las mayores sanciones que la ley permita.

Robar en cualquier tiempo es degradante, pero hacerlo cuando la mayoría esquiva el virus para salvar su vida, y grandes y pequeños batallan para que sus economías no colapsen y el país no quiebre, desmoraliza a todos y perturba cualquier acción humanitaria.

Que sean los hospitales durante la crisis sanitaria dónde hayan brotado estos casos de corrupción, parece una metáfora cruel cuando el presidente Moreno había hablado de una “cirugía mayor a la corrupción” que ha terminado siendo un embuste.

La denuncia de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), fruto de un estudio aleatorio a 24 contratos en siete hospitales de la red pública de Salud de Quito y Guayaquil, entre mayo de 2019 y marzo de 2020, habla de un sobreprecio de más de USD 32 millones.

El estilo es mafioso: once proveedores se repiten y se turnan para “ganar”. Germán Rodas, coordinador de la Comisión Anticorrupción, califica de “sistema perverso, una red de colusión y sobreprecio”.

En este entorno, la carta de la fiscal general Diana Salazar al presidente Moreno pidiéndole eliminar la Secretaría Anticorrupción, por él creada, porque “lejos de coadyuvar con la investigación penal alerta a los sospechosos o investigados y eleva el riesgo de fuga con la evidente destrucción de evidencias”, echa por los suelos el discurso del Gobierno. Y muestra que crear más organismos para dizque combatir la corrupción es una falacia.

La carta hecha pública en las redes sociales por la propia Fiscalía, donde apunta al secretario Anticorrupción, José De la Gasca, advierte al país de que el Estado (léase el Gobierno de Moreno) subvierte los mecanismos institucionales de control de la corrupción; lo que en buen romance significa que propicia la impunidad.

¿Tuvo razón Eduardo Mangas (secretario de la Presidencia) cuando dijo que el gobierno de Moreno formó una Comisión Anticorrupción para contrarrestar a la Comisión Cívica Anticorrupción que revelaba graves hechos?

Por esa época, en diciembre de 2017, en una entrevista al diario ABC de España, el presidente Lenín Moreno, declaró: “Estoy espeluznado por la corrupción galopante del Gobierno de Correa”.

Treinta meses después, Presidente Moreno, es el pueblo el que ahora está espeluznado con la corrupción de su Gobierno.

¿Qué tal será el nivel de putrefacción que el sentenciado de Bélgica, que tiene decenas de denuncias en su contra, con montos nunca antes registrados en la historia, ahora denuncia la corrupción de su sucesor?

Entre la indignidad y la esquizofrenia de la política, Correa apela a la desmemoria colectiva y, en un ‘enlace ciudadano’, el sábado último, intentó hacerse pasar por honesto, creyendo que no se recuerda que acomodó las leyes y eliminó los informes previos de la Contraloría y la Procuraduría para la contratación pública, lo que propició los sobreprecios y la corrupción.

Llamó corrupta a la fiscal general, Diana Salazar, por el caso “Arroz verde” en el cual el mismo Correa recibió ocho años de prisión, por cohecho. Pero nada dijo de los sobornos que pidieron a los contratistas. 

Fiel a su doble moral, acusa a los medios de comunicación de “socapar” a Moreno, pero usa las denuncias de esos propios medios para hacerse eco, sin citarlos.

¿Cuándo estábamos mejor? se pregunta, copiando a Lucio Gutiérrez. Y remata de manera canallesca: “antes inaugurábamos escuelas, ahora cementerios”. 

Fingiendo que el Ecuador le importa, alerta que podría caerse la dolarización, y envía el mensaje perverso de que están sacando liquidez de los bancos para mandar fuera del país o guardar en cajas fuertes en las empresas. En fin.

Embrujados en sus propios maleficios, Moreno denuncia a Correa y Correa a Moreno. En tiempos de pandemia, el país vive una encrucijada moral, concluyendo que el poder ha perdido el alma.

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