Hace pocas horas, el día 28 de mayo, la Corte Constitucional inició la audiencia pública virtual por la demanda de incumplimiento de dictamen relativo al recorte presupuestario para la educación pública. Al finalizar las intervenciones, la Corte resolvió dar 72 horas para que las partes legitimen lo expuesto durante sus comparecencias.
No se qué decidirá la Corte Constitucional. No se si estaré de acuerdo o no. Aunque el asunto presupuestario es un tema crítico e inmediato, en todos los niveles de la administración pública y de las economías privadas, lo fundamental y perenne radica en cómo reaccionaremos ante la decisión.
Lo que venga después de la sentencia nos debe empujar a comprender lo que significan la institucionalidad y el respeto entre las funciones del Estado. Si la Corte falla a favor del recorte o si falla en contra no será lo trascendental a nivel nacional.
Mucho esfuerzo y riesgo se jugó en el país cuando se convocó a la Consulta de las 7 preguntas, que resultaron, entre otras cosas, en la selección de la actual Corte Constitucional. No cabe la comparación profesional entre los anteriores jueces y los actuales. El cambio fue significativamente positivo, y ha sido uno de los más importantes logros de los últimos años en este país. La seguridad jurídica en un campo tan crucial como el constitucional, que tanto necesitamos y reclamamos, nunca la hubiéramos alcanzado con un grupúsculo sometido al poder Ejecutivo de turno.
Si la Corte Constitucional falla a favor de los demandados, espero que los representantes de la Educación Superior consigan aceptar sin demasiada violencia el fallo, que deberá estar muy bien sustentado y motivado, y por lo tanto se explicará bastante bien por sí solo.
Y preparémonos para que los típicos saqueadores –a quienes la Educación Superior poco importa- arranquen con su discurso incendiario y populista, usando la palabreja 'neoliberal' y otras de su menú.
Si la Corte Constitucional falla a favor de los demandantes, (lo más probable a mi entender, pues la Constitución es clara en ese campo) todos los que pensamos que es necesario el recorte en los presupuestos estatales, que entendemos que no hay dólares suficientes, y que la crisis debería repartirse entre todos, tendremos que aceptar esa sentencia y quedarnos en el molde. No por sumisos, sino por que debemos entender qué significa una Constitución y cuánto importa para un país el respeto a sus instituciones.
Si es que hay voces con relación a cómo debe manejarse ese tipo de presupuestos que contradigan con lo que actualmente dicta la Norma Suprema, primero deben proponer y conseguir un cambio en dicha Norma, y no aspirar que una Sentencia la confronte o cambie. Quiero decir, de todo podemos discutir y todo se puede alterar, pero el orden de las cosas importa. Volvemos a la importancia de la Institucionalidad. Es bueno tener Cortes independientes, es imperativo entender el alcance de las competencias de las funciones del Estado.
Por favor les pido que si la Corte da la razón a los demandantes, no salgan a decirle a la Corte que consiga la plata. Esa es función del Ministerio de Finanzas y del Presidente de la República. Un comentario así sería el equivalente a pedirle al Secretario Jurídico de la Presidencia que redacte un sentencia constitucional que beneficie a su jefe, o que nos “parezca” bien. Siempre volvemos a la importancia del respeto a los Organismos.
Esta pirotécnica disputa jurídica sobre dinero entre la Corte Constitucional y un Gobierno desfinanciado, es una coyuntura excelente para enseñarnos cuánto necesita un país de tener instituciones fuertes e independientes para progresar y para generar tranquilidad en sus habitantes e inversionistas. Deberíamos aprovecharla como un recordatorio, o al menos, un aprendizaje.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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