El manual ecuatoriano de autodestrucción
Periodista, escritor, miembro de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción.
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El ejemplo más claro de autodestrucción es el artículo 11, numeral 5, de la Constitución Política de Montecristi, que para garantizar el ejercicio de los derechos individuales y colectivos dispone que los jueces “deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezca a su respectiva vigencia”.
Este artículo regula un sistema que convirtió la impunidad en jurisprudencia. No basta, pues, con castigar a los jueces corruptos, hay que desmontar la norma que los respalda.
Es una norma peligrosamente abierta, que otorga al juez la facultad de interpretar cada caso de manera subjetiva y exorbitante, convirtiéndolo en dueño de la ley, no en su servidor. Así se disuelve el principio de legalidad y se instala la arbitrariedad. Cuando el juez interpreta la ley según su voluntad y peor aún, con exceso de discrecionalidad, no se somete a ella, la manipula. Y donde no hay ley previsible, no hay justicia ni seguridad jurídica en absoluto.
No sugerimos una Asamblea Constituyente, sino derogar la Constitución que legalizó el saqueo y desactivó la justicia.
Mientras no se toque la estructura constitucional de 2008, origen normativo del colapso en que vivimos, cualquier esfuerzo se vuelve una ilusión, una vana ilusión. Hasta tanto, seguiremos atrapados en el marco regulatorio que constitucionalizó la corrupción y dio refugio jurídico al narco sistema…Todo lo demás es falta de eficacia, un motivo de peleas, cinismo y manipulación.
Y la ineficiencia e ineficacia no son menos culpables, son negligencia convertida en complicidad, porque concede tiempo estratégico al enemigo. El fenómeno del crimen y la delincuencia en Ecuador se ha disparado a cifras insospechadas. Los primeros seis meses del año 2025 han sido los más sangrientos desde la declaración de guerra al narcotráfico, como documentan los medios nacionales e internacionales.
La dogmática jurídica afirma que “las normas no delinquen, sino los hombres”. Es cierto, ingenuamente cierto. También existen pautas redactadas para facilitar el delito, blindar al corrupto y, de este modo, poco a poco, ir capturando al Estado. Son, como en nuestro caso, instrumentos de impunidad orgánica disfrazada de garantismo constitucional.
Esta bomba de tiempo, en manos de delincuentes togados, ha significado un salvoconducto constitucional para proteger a saqueadores del fisco, operadores del narcotráfico y el crimen, legalizando lo inaceptable en nombre de la “libre interpretación judicial de los derechos”. Como:
Despenalizar delitos sin reformar el Código Penal.
Invalidar pruebas bajo pretextos informales.
Hacer añicos el debido proceso.
Conceder medidas sustitutivas a criminales, narcotraficantes y corruptos reincidentes.
Revocar de facto sentencias ejecutoriadas y conceder la libertad.
Malversar la justicia constitucional con la feria de acciones protectoras.
Jorge Glas, exvicepresidente condenado por corrupción, es su producto más obsceno. Hoy reaparece acusado de desviar fondos públicos de la reconstrucción de Manabí, mientras la narrativa judicial y mediática se enfoca en sus delirios. La farsa se tolera porque no es excepción: es la regla.
No, no es una mala aplicación ¡es una norma siniestra, como hay tantas! Y su existencia explica la tragedia de una justicia hundida en su peor crisis moral.