La aprobación de la reforma tributaria es la consecuencia de un pacto político entre el gobierno nacional y UNES. Eso es lo que cree la ciudadanía y va a ser muy difícil que esa opinión cambie.
No es que la gente sea testaruda ni tampoco que se deje llevar por los relatos o narrativas de sectores interesados. Simplemente, la ciudadanía tiene sentido común, de ese que a veces tanta falta hace entre quienes tienen muchos estudios formales.
El gobierno, intuyendo la reacción de la sabiduría popular, ha preferido guardar silencio; y, de pasada nada más, señalar que jamás haría un pacto con quienes malversaron los recursos del país.
Mientras que en UNES, conscientes de la magnitud del hecho, intentan que la jefa de bancada presente argumentos sin sustento alguno respecto a lo ocurrido en la votación. En últimas, ellos prefieren presentarse ante el país como ignorantes en cuanto al procedimiento parlamentario, que no lo son, antes que aceptar el acuerdo alcanzado con el gobierno nacional.
En fin, con la llegada del fin de año y de las fiestas cristianas todo se olvidará. Es solo cuestión de tiempo. Esa debe ser la esperanza de unos y otros.
Pero más allá de cuán olvidadiza pueda ser la ciudadanía, lo sucedido le deja al gobierno varias lecciones.
La primera es que si quiere gobernar tiene que contar con UNES, sea a través de apoyos explícitos (poco probables), sea recurriendo a omisiones acordadas, como la abstención ocurrida en la Asamblea Nacional hace algunos días.
La segunda lección es que la única carta de negociación de UNES es la situación judicial de sus líderes y, ante eso, no hay mucho margen de maniobra.
Una tercera lección, y quizás más importante, es que a raíz de la aprobación del primer paquete de reformas, el costo político de los acuerdos para viabilizar los nuevos proyectos de ley que están por enviarse a la legislatura, sobre todo el de naturaleza laboral, ha subido drásticamente.
De hecho, el gobierno debería ir pensando desde ya en las estrategias para convencer a las dos Izquierdas Democráticas, la de Jaramillo y la de Andrade, y a la mitad de Pachakutik, la que nunca fue de Pachakutik, sobre las bondades de sus propuestas.
No será una cuestión fácil pues el pacto con UNES ha puesto la vara muy alta.
Además, el acuerdo CREO-UNES deja secuelas en ambos bandos, aunque en el balance el gobierno es el que más pierde.
Por un lado, los que votaron por la propuesta electoral de no afectar la carga tributaria están molestos y argumentan, con razones válidas, que hay una traición al ofrecimiento de campaña.
Por otro lado, los que votaron por Lasso en segunda vuelta como una forma de rechazo a la Revolución Ciudadana también se muestran disconformes.
En realidad, a muchas personas no les molesta que el exvicepresidente Jorge Glas o su tío salgan en libertad, si es que efectivamente les asiste la ley, lo que les resulta fastidioso e indignante es que otros privados de la libertad que se encuentran en similar situación jurídica no pueden beneficiarse del régimen semi abierto con la misma celeridad.
Luego, si no hay igual tratamiento a unos y otros, la hipótesis del acuerdo político toma más cuerpo.
Del lado de UNES, la incipiente crisis suscitada luego de la abstención legislativa, razonada e intencionada, ha sido manejada de mejor forma.
Si bien un grupo de seguidores de la Revolución Ciudadana ha dicho que el acuerdo con el gobierno pone punto final a su relación con el movimiento, en la mayoría de los casos esa declaración estará vigente solo hasta que algún cargo o candidatura les seduzca.
En otros casos, la reacción furibunda de los días iniciales de a poco ha ido disminuyendo en intensidad, pues el mensaje desde oráculo llegó con dos consignas.
Primera: la situación legal de los camaradas del Petit Comité es lo más importante en la coyuntura actual, por lo que cualquier acción orientada a resolver o aliviar su condición no solo es justificable, sino que constituye el objetivo en sí mismo de la lucha.
Segunda: para reducir el malestar entre los compañeros y compañeras hay que continuar con la narrativa de los activos del presidente en paraísos fiscales; y, a la par, es necesario impugnar la ley aprobada a través de acciones de segundo orden y, por tanto, ineficaces en el fondo, ante la Corte Constitucional. Fin del comunicado. Fin de las protestas.
Independientemente del pacto CREO-UNES, no se puede dejar de decir que para cualquier análisis es útil colocarse en los zapatos rojos de quien debe tomar una decisión.
En esa línea, si no había el acuerdo de marras, el proyecto de ley no solo se archivaba, sino que la moción podía llegar a aprobarse con más de dos tercios de la Asamblea Nacional.
Una derrota política de esa magnitud respecto a una de las reformas insignia del gobierno, dentro de los primeros seis meses de gestión, no solo marcaba un fuerte golpe en la arena nacional sino que su repercusión internacional entre los organismos multilaterales de crédito y los agentes económicos habría sido de iguales o mayores dimensiones.
Frente a ese posible desenlace, la salida estaba ahí, a la mano, solo era cuestión de respirar profundo y aceptar.
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Ahora, ya con la ley en la mano, vale la pena que el gobierno valore si futuros acercamientos con UNES al granel, al detal, le resultarán más o menos costosos que si los hace al por mayor, como sugería el PSC hace algunos meses.
En cualquier caso, este primer acuerdo deja al gobierno con mayores espacios de gestión en lo económico; sin embargo, en lo político, solo se sabrán las consecuencias reales de lo ocurrido cuando tío y sobrino cambien su situación legal. Y eso ocurrirá muy pronto.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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