Perú vive una crisis de representación política. Lo ocurrido en estas dos semanas evidencia la fragilidad del sistema democrático peruano, así como la poca sintonía que tiene la clase política con las expectativas de los ciudadanos.
La historia empieza en 2016, con el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) frente a Keiko Fujimori. Tras dos años de gobierno, marcados por una férrea oposición del bloque fujimorista, PPK es vinculado en hechos de corrupción en el Caso Lava Jato y, finalmente, presenta su renuncia.
Tras su dimisión en 2018, el entonces vicepresidente, Martín Vizcarra, asumió la primera magistratura, heredando un Congreso en contra. Ante esto, Vizcarra toma dos decisiones que explican lo ocurrido en las últimas semanas: vía referéndum aprueba la no reelección de los congresistas y, en septiembre de 2019, disolvió el Congreso.
Como consecuencia, en enero de 2020 se celebraron elecciones extraordinarias para elegir a los nuevos parlamentarios que completarán el período legislativo hasta julio de 2021. Nuevamente, y a pesar de la renovación, Vizcarra no forjó alianzas con el legislativo, manteniéndose la tensión entre ambas funciones del Estado.
Frente a las contundentes denuncias de corrupción en contra de Vizcarra, presentadas por el diario limeño El Comercio, el Congreso peruano no titubeó en iniciar (por segunda vez) un juicio político en su contra y destituirlo gracias a una aplastante mayoría de 105 votos (de 130 posibles).
La mayoría de la población no estaba de acuerdo con la destitución de Vizcarra. Incluso, las últimas mediciones señalan que apenas un 11% de peruanos respalda la salida forzada del expresidente.
Esto explica que, tras la salida de Vizcarra, la asunción a la presidencia de Manuel Merino (en ese entonces presidente del Congreso) haya generado un estallido social tan fuerte que, además, dejó un saldo trágico de dos muertes. Merino no soportó la presión y renunció a los cinco días.
Tras su salida, el Congreso designó como presidente a Francisco Sagasti, uno de los pocos legisladores que votaron en contra de la destitución de Vizcarra.
Hasta julio de 2021, Sagasti tendrá el enorme reto de conducir los destinos del Perú, en medio de una pandemia, que ya ha infectado a más de 900.000 peruanos; con una crisis económica que reducido el PIB en un 17,4 % durante el primer semestre; y, por si fuera poco, con un Congreso que registra un vergonzoso 9% de aprobación popular.
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