Cuando el Covid-19 empieza a ceder espacio y el retorno parcial a las actividades normales es una demanda que toma cada vez más fuerza, urge que el país asuma una serie de acuerdos políticos básicos.
Por un lado, se trata de lineamientos generales que permiten no sólo que partidos y movimientos mantengan su capacidad para moldear las políticas públicas en función de sus propias creencias ideológicas, sino que además facilita que la economía pueda rehabilitarse de forma más rápida, independientemente de las vías que se asuman para resolver la seria crisis que atravesamos.
Por otro lado, son propuestas que apuntan a la recuperación del actual tejido social y que, a la vez, apuestan por la constitución de una nueva generación de ecuatorianos en la que la tolerancia sea el punto de partida de la discusión pública, las ideas de progreso y libertad se sitúen como parte esencial de la vida cotidiana y la solidaridad sea el elemento catalizador que acompañe la reducción de las amplísimas desigualdades que ahora mismo son uno de nuestros rasgos más distintivos.
Un primer gran acuerdo debe girar en torno al respeto a la institucionalidad del país y, específicamente, a la Constitución de 2008. Es cierto que el texto de Montecristi contiene una serie de deficiencias no sólo en relación al mutuo control entre poderes políticos sino también en lo que tiene que ver con las formas de vinculación entre Estado y sociedad.
Sin embargo, proponer una reforma integral o una Asamblea Constituyente dentro de los próximos cuatro años no sólo que dirigiría la atención de la ciudadanía y de los actores políticos hacia ese tema sino que constituiría un escenario nocivo para el proceso de reformas económicas que al país le urgen.
Por tanto, para que las decisiones del próximo gobierno se concentren en la recuperación del aparato productivo y la generación de empleo, un factor político disruptivo, como el mencionado, debe mantenerse alejado de la discusión coyuntural. Ya habrá momento para pensar en las estrategias políticas necesarias para delinear una nueva Constitución.
El segundo acuerdo va en la línea de garantizar la estabilidad en los cargos de funcionarios de control, miembros del Poder Judicial, Corte Constitucional y demás autoridades, cuyos períodos están establecidos legal o constitucionalmente.
Con las deficiencias y críticas que pueden provenir desde diferentes sectores, la recuperación del país en lo económico y lo social parte de la estabilidad en lo político y allí el respeto a los períodos de designación es clave.
El acuerdo no implica en modo alguno disolver los mecanismos de rendición de cuentas ni aminorar la permanente veeduría ciudadana al desempeño de dichos funcionarios, simplemente da cuenta de un ejercicio de reorientar los esfuerzos del campo de lo político al de lo económico, donde ahora y en el futuro cercano se deberá tomar una serie de decisiones de alto impacto.
El tercer acuerdo tiene que ver con el inicio de un proceso de reducción del tamaño del Estado que sea secuencial, ordenado y con objetivos claros.
Por un lado, hay que prescindir de funcionarios públicos innecesarios, pero evitando que la velocidad de dicha decisión sea mayor a la que tendrá el sector privado para acoger esa nueva oferta laboral. Por otro lado, es imprescindible reducir instituciones que duplican o triplican actividades, pero con un estudio serio de las ventajas y desventajas de optar por unas u otras.
No se trata, por tanto, de eliminar el Estado ni de hacerlo estructuralmente más débil de lo que ya es. Por el contrario, el objetivo es formar un aparato público eficiente y garante de los derechos ciudadanos.
Para ello, el acuerdo debe orientarse hacia la mayor profesionalización del servidor público. Una Cancillería ajena a influencias políticas, una Asamblea Nacional dotada de asesores especializados en el manejo legislativo o un sistema de riesgos manejado por quienes conocen del tema, son algunos de los campos en los que los consensos podrían sostenerse.
El cuarto y no menos importante acuerdo está en el fomento y mejora sostenida de la educación pública, laica y de buena calidad, el acceso a la salud y el cambio radical en la política de seguridad social. Sin una reforma en estos sectores, que dan cuenta del bienestar de las distintas generaciones de ecuatorianos, nada de lo que se pueda avanzar en lo económico o lo político será suficiente.
En estas tres aristas está el cemento de las sociedades y allí está también el punto de partida para que, desde diferentes posiciones ideológicas, se planteen las mejores alternativas. Si bien es cierto no será posible alcanzar amplísimas coincidencias en cuanto a los medios para tutelar educación, salud y seguridad social, lo que se pretende es llegar a puntos de encuentro respecto a los fines señalados.
En ese sentido, aquí está un elemento catalizador de las ideas contenidas en los tres acuerdos políticos previos.
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La consecución de acuerdos mínimos entre actores sociales y políticos permitirá al país concentrarse en la rehabilitación económica que tanta discusión genera ahora mismo. Habrá quienes no vayan en la línea de las propuestas indicadas, eso es esperable y parte de la democracia.
No obstante, si buena parte de la sociedad se compromete con el respeto a las reglas del juego, la permanencia de los funcionarios, la reducción crítica del tamaño del Estado; y la renovación de educación, salud y seguridad social, las decisiones económicas podrán ser sobrellevadas de mejor manera.
Dolarización y lucha contra la corrupción no son parte de los acuerdos porque están por encima de ellos. Una y otra se alimentan instintivamente de una sociedad con un horizonte político y social más ecuánime, equitativo y justo, como es el que se esperaría surja de los cuatro acuerdos aquí mencionados.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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