Economía y Desarrollo
¿Qué nos dejan las leyes económicas aprobadas por la Asamblea?
Andrés Mideros Mora

Andrés Mideros Mora

Doctor en economía, máster en Economía del Desarrollo y en Política Pública. Decano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Actualizada:

27 Abr 2021 - 19:02

En 2018, se aprobó la ‘Ley para el Fomento Productivo y la generación de empleo’. Ese año el PIB per-cápita decreció -0,2%, y en 2019 en -1,4%.

El empleo no-adecuado (distintas formas de subempleo) subió de 52,9% (2017) a 55,2% en 2018, y a 56,7% en 2019.

A finales de 2019, se aprobó la ‘Ley de Progresividad Tributaria’ y se estableció que las microempresas pagaran por impuesto a la renta el 2% de los ingresos brutos. Sin considerar los costos y gastos de su operación, restringiendo el emprendimiento y dañando las finanzas de los pequeños negocios, siendo una reforma claramente regresiva.

A inicios de 2020, se liberalizaron los precios de los combustibles, lo que llevó a un acuerdo en 2021 de alza del costo de los pasajes.

Para enfrentar la pandemia, a mediados de 2020, se aprobó la ‘Ley de Asistencia Humanitaria’, que permitió la reducción de jornadas y salarios.

Para finales de año, la pobreza subió al 32%, mientras que el Estado no contó con la capacidad de proteger la vida de las personas. Llevamos más de 50 mil muertes en exceso y un proceso de vacunación absolutamente caótico e ineficiente.

Finalmente, en 2021, se aprobó la ‘Ley de Defensa de la Dolarización‘. Si nos guiamos por los títulos de las leyes y sus impactos observados (que van en sentido opuesto), habrá que preocuparse de monitorear la cantidad de dólares que salen del país en los próximos años.

Lo que sí podemos prever es que pagaremos la deuda externa sin atrasos. Ya bajó el riesgo país, pero no lo hicieron las tasas de interés.

Es importante revisar algunos de los principales riesgos de esta Ley. Y aunque hay muchos, aquí se señalan tres:

Primero, en el artículo 29, que reforma el 33 del Código Orgánico Monetario y Financiero (Comyf), se establece la obligación de respaldo, con la reserva internacional, al 100% los depósitos de la banca y de otras sociedades de depósitos.

Además, obliga a que esta cobertura tenga prelación frente a los depósitos de la banca pública (que va en segundo lugar) y a los del sector público no financiero (que van en tercer lugar). Incluye, además del Gobierno Central, a la Función Judicial, a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), a las empresas y universidades públicas y a la seguridad social.

Este es el mayor riesgo, ya que el gobierno no podrá disponer de recursos para pagar sueldos, comprar insumos, pagar a proveedores, ni hacer transferencias a los hogares empobrecidos. Pero tampoco a los GAD ni al IESS, a menos que se hayan cubierto antes los depósitos del sistema financiero.

De esta manera, se paralizan las capacidades del gobierno y la posibilidad de a atender las necesidades de la población.

Un segundo condicionante a las finanzas públicas es la transitoria quinta. Obliga al Ministerio de Finanzas a firmar un contrato de compra de acciones de banca pública en posesión del Banco Central del Ecuador.

Sin contar con certificación presupuestaria, y generando incertidumbre en las finanzas públicas y la posibilidad de atender otras necesidades. Por ejemplo, las del sistema de salud y de políticas de fomento productivo. Todo con el objetivo de que exista liquidez disponible en el BCE a disposición del sistema financiero privado.

En tercer lugar, el artículo 47, que reforma el 56 del Comyf, prohíbe al Banco Central del Ecuador financiar a la banca pública y a los GAD; Mientras que en el artículo 70, que reforma el 118 del Comyf, elimina como instrumentos de manejo de la liquidez a las reservas de liquidez y la proporción de liquidez doméstica, permitiendo únicamente operaciones a través de la banca privada. De esta manera se limitan los instrumentos de política monetaria y se la entrega en la práctica a la banca privada.

Estas son las leyes emblemáticas del gobierno y de sus aliados permanentes en la legislatura: Alianza País (Moreno), Creo (Lasso) y PSC (Nebot) y hay que sumar por su voto en la Asamblea a sectores de Pachakutik y la ID. Al final, la polarización política primó sobre el bien común.

El gobierno y la Asamblea, a días de terminar su periodo de gestión, dejan montada la base legal para el neoliberalismo.

Para aclarar, desde la enciclopedia de Rodrigo Borja, el neoliberalismo siendo consciente de sus consecuencias desequilibrantes y sin remordimientos éticos, busca “volver hacia las leyes del mercado, implantar de nuevo, y en toda su magnitud, el sistema de inhibiciones estatales en la marcha de la economía, regresar a los tiempos del ‘laissez faire’, abrir las fronteras para la inversión extranjera indiscriminada, exonerar al derecho de propiedad privada de toda responsabilidad social, restaurar el individualismo liberal y, en suma, poner la conducción de la economía en manos privadas a pretexto de modernizar el Estado o de reducir su tamaño”.

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