Economía y Desarrollo
Los desafíos territoriales
Andrés Mideros

Andrés Mideros

Doctor en economía, máster en Economía del Desarrollo y en Política Pública. Decano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Actualizada:

23 Jun 2020 - 19:00

Vivimos juntos porque es beneficioso para todos. Esa es la idea desde la que se conforma una sociedad, que es política en cuanto a la administración de lo colectivo (lo público) y a la búsqueda del bien común, y se organiza como Estado.

El Estado es responsable del bien común y esa responsabilidad, en gran medida, se establece desde la obligación de garantizar derechos.

A nivel internacional se encuentra la Declaración de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. En el ámbito nacional, lo encontramos en la Constitución de la República.

La Constitución, en el artículo 1 señala que Ecuador “se organiza en forma de república, y se gobierna de manera descentralizada”, y en el Artículo 3, numeral 1, se establece como deber primordial del Estado “garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales”.

De aquí se desprende la obligación de Estado de garantizar derechos a la población, y el desafío (y oportunidad) de hacerlo de manera descentralizada. Es decir, fortaleciendo las capacidades subnacionales necesarias para el desarrollo territorial.

Desde la responsabilidad que tiene el Estado, de garantizar progresivamente los derechos a toda la población, las políticas de austeridad, en un país de ingreso medio, son un contrasentido; ya que reducen los recursos disponibles que se requieren para garantizarlos: salud, educación, trabajo, seguridad social, agua y saneamiento etcétera.

Los efectos económicos del Covid-19 requieren acciones locales para la reactivación y recuperación. En un contexto de movilidad reducida, por las medidas de bioseguridad, hay que repensar los procesos económicos:

  • Desde una perspectiva de seguridad del consumo, el fomento productivo debe enfocarse en sostener y fortalecer en cada territorio cadenas productivas que garanticen la disponibilidad de alimentos y otros bienes y servicios de primera necesidad. 
  • Para el acceso, el dinamismo económico y la bioseguridad, el comercio debe darse con base en circuitos cortos, fomentando el consumo local en la comunidad, el barrio, la parroquia, el cantón, la provincia; y, claro, de productos nacionales.
  • Pensando en la inclusión es necesario generar espacios seguros de venta de alimentos y servicios básicos en pequeñas tiendas y despensas y en ferias seguras, inclusivas a las que accedan de forma directa los productores. Además, se debe poner a disposición de pequeños productores sistemas de ventas a domicilio y facilidades logísticas para usarlos.
  • Los servicios públicos se deben fortalecer y generar mecanismos de gobernanza comunitaria. No pueden fallar, y deben estar lo más cercanos posibles a los usuarios.
  • Es necesario digitalizar, con urgencia, todos los trámites de instituciones públicas y privadas.
  • Se debe regular al sistema financiero público y privado de manera que se lleve liquidez a los territorios más necesitados. La colocación de crédito debe ser mayor que la captación de ahorros en los cantones con mayores niveles de pobreza y desempleo.

Por estos motivos y para llevar adelante una reactivación acorde con las necesidades territoriales, es peligrosa la idea que se intenta posicionar de que se debe reducir el presupuesto, ya no sólo del Gobierno Central, sino también de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

Ese es quizá el mayor desafío para el desarrollo territorial. Movilizar los recursos necesarios para el desarrollo.

Para logarlo se requiere además de sostener las transferencias que reciben los GAD desde el Presupuesto General del Estado (PGE), generar mecanismos autónomos de recaudación, pensando desde la obligación y la corresponsabilidad social y fiscal de garantizar los derechos humanos en todo el territorio nacional.

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