Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social. Se organiza en forma de República y se gobierna de manera descentralizada. Así lo señala el artículo uno de la Constitución.

Por su parte, el artículo 227 establece a la administración pública como un servicio a la colectividad que se rige por principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.

El proceso histórico de desarrollo en Ecuador ha estado marcado no solo por profundas desigualdades de género (machismo) y etnia (racismo), sino por la desigualdad territorial que ha concentrado la riqueza y las oportunidades en Quito y Guayaquil, y contadas ciudades intermedias.

Es así como la Constitución aprobada en 2008 y los Planes Nacionales de Desarrollo aprobados desde ese momento fomentan la igualdad y la cohesión territorial, mediante la descentralización (entrega de competencias y recursos a gobiernos locales).

Y también mediante la desconcentración (presencia y capacidad operativa del gobierno central en territorio) con la finalidad de garantizar poder y recursos a los territorios, para armar un modelo de desarrollo territorial equitativo.

Sin embargo, el 4 de junio de 2019 la delegada del Secretario General de la Presidencia, el Ministro de Economía y Finanzas, y el Ministro del Trabajo emitieron el acuerdo interministerial No.SENPLADES-MEF-MDT-001-2019 que desde una lógica de reducción de gastos regula la reorganización del Estado en el territorio.

Este acuerdo ordena reducir la presencia de instituciones del Gobierno Central en el territorio, limita además la jerarquía de funcionarios, retira del nivel territorial procesos de rectoría, regulación, planificación, y control centralizándolos nuevamente en las sedes de cada entidad, en Quito.

En otras palabras, anula la capacidad de toma de decisiones para la atención oportuna y pertinente a la ciudadanía. Se regresa a un modelo de planificación y asignación de recursos lejano, y por ende ignorante, de las realidades de cada localidad.

El acuerdo establece también que cualquier necesidad presupuestaria se debe resolver desde lo ya asignado.

Es así que para la ampliación o sostenibilidad de servicios se deberá pasar por una lógica de preferencia o cabildeo de la autoridad central.

Situación que se agrava con la supresión de partidas y eliminación de contratos de servicios ocasionales y nombramientos provisionales que, además de dejar a miles de trabajadores sin empleo, reduce la capacidad de brindar servicios públicos.

Se hace evidente la intención de desarmar al Estado, reduciéndolo a su mínima expresión, sin importar los efectos sociales de perdida de bienestar que ya son evidentes en el país.

Frente al debilitamiento y centralización del gobierno, la responsabilidad de sostener los procesos de desarrollo y hacer un contrapeso político que priorice el bienestar de los ecuatorianos está en los Gobiernos Autónomos Descentralizados, para exigir recursos, competencias y equidad territorial.

Y en la ciudadanía para exigir sus derechos, a fin de detener un marcado proceso, ya en marcha, de empobrecimiento y desigualdad.

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