Ecuador se encuentra en el nivel más bajo de empleo adecuado desde diciembre de 2007. De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el desempleo en todo el país creció de 4,4% en marzo de 2018 a 4,6% en marzo de 2019, lo que equivale a 376.255 personas más desempleadas.

El empleo adecuado cayó de 41,1% en marzo de 2018 a 37,9% en marzo de 2019, lo que representa 3.094.795 de personas con empleos adecuados y un saldo de 4.691.737 personas empleadas de forma inadecuada.

La causa de estas alarmantes cifras es una desaceleración económica relacionada con la reducción de la inversión y el gasto público y con los despidos de funcionarios del Estado, así como con el aumento de las importaciones; sin que se hayan generado inversiones privadas y exportaciones que contrarresten estos efectos.

Vinculada a la negociación del gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se ha señalado una reforma laboral para reducir los costos de contratación y despido, disminuyendo o eliminando el valor de las indemnizaciones.

Otra medida de la reforma sería incluir los sábados dentro de las 40 horas semanales de trabajo, sin que se paguen horas complementarias, y establecer modalidades contractuales por temporadas u horas.

La implementación de estas medidas, que si bien pueden “legalizar” formas actuales de empleo informal y reducir costos laborales a los empleadores, podría agravar la situación del empleo en términos de ingreso y estabilidad de los trabajadores.

Más allá de la búsqueda de nuevos beneficios (reducción de costos) para los empresarios, que ya se establecieron mediante una ley de exoneraciones de impuestos y remisión tributaria, se necesita definir e implementar de forma consensuada una política productiva que reactive tanto la producción como la demanda agregada enfocándose en: ampliar plazos y reducir tasas de interés y otros costos de financiamiento para dar liquidez al sector productivo, sobre todo a la micro, pequeña y mediana empresa y al sector asociativo y cooperativo.

Esa política también debe incentivar inversiones en ciencia y tecnología para insertar al país en la cuarta revolución industrial y fomentar exportación de servicios y bienes con mayor valor agregado.

Hay que simplificar los trámites y generar mecanismos como la ventanilla única, que vinculen tanto a entidades del gobierno central como a municipios y autoridades de control, garantizar y dar prioridad de acceso a mercados a bienes y servicios producidos localmente.

También es necesario garantizar estabilidad y confianza institucional y jurídica para atraer mayores inversiones, además de sostener la inversión pública haciéndola complementaria a la inversión privada para dinamizar la economía y mantener las compras públicas direccionadas a MiPymes y a los actores asociativos y cooperativos.