Que el contralor General del Estado y el defensor del Pueblo despachen desde la cárcel 4, y la fiscal general del Estado esté bajo amenaza, grafican, de manera patética, la encrucijada moral de la institucionalidad ecuatoriana.
Resulta doloroso que el país, éticamente, esté en el abismo.
El contralor Pablo Celi guarda prisión preventiva desde el 13 de abril pasado, luego de un mega operativo, en el que hubo 25 allanamientos y ocho personas fueron arrestadas, en Quito y Guayaquil.
El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, está envuelto en un siniestro caso de supuesta violación sexual. Fue detenido tras una denuncia de altercado, en pleno toque de queda, cuando las reuniones sociales estaban prohibidas.
El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, está envuelto en un siniestro caso.
El menosprecio por las leyes de quienes están obligados a hacerlas cumplir, socava la democracia.
La Contraloría habría devenido en una suerte de lavandería de glosas (desvanecimiento, en el argot público). Las evidencias llegaron de Estados Unidos.
En 2019, en la corte federal del distrito Sur de La Florida, los ecuatorianos Raúl de la Torre y Roberto Barrera fueron sentenciados por lavado de activos. En el proceso, admitieron haber pedido USD 3,15 millones a un contratista de Petroecuador, para intermediar en nuevos contratos.
El caso se llama Las Torres y abrió la caja de Pandora; saltaron nombres.
La Contraloría habría devenido en una suerte de lavandería de glosas.
Pablo Celi, contralor encargado; José Augusto Briones, exsecretario de la Presidencia del gobierno de Moreno, y otros exfuncionarios de Petroecuador fueron involucrados en un proceso por delincuencia organizada.
La Fiscalía sostiene que se exigieron sobornos a la empresa Nolimit S.A., que vendía maquinaria y equipos a Petroecuador, a cambio de desvanecer glosas. Se habla de USD 13 millones.
Una vez detenido, Celi tomó 60 días de licencia sin sueldo que vencieron el 12 de junio; y tras contagiarse con Covid-19, pidió licencia médica. Su abogado ha anticipado que tomará 58 días de vacaciones acumuladas, porque sigue de contralor. Una afrenta al país.
El excontralor Alfredo Corral considera que Celi no puede ejercer su función desde la cárcel. Con él coincide la exfiscal Mariana Yépez.
¿Quién manda, hoy, en la Contraloría, entidad a la que la corrupción le habría puesto en una acefalía no admitida?
¿Quién manda, hoy, en la Contraloría, entidad a la que la corrupción le habría puesto en una acefalía no admitida?
Comenzó cuando Carlos Pólit fue involucrado en el caso Odebrecht, su casa y oficina fueron allanadas, pero él había huido. La Asamblea lo enjuició y destituyó en ausencia.
En medio de polémicas, el subcontralor de Pólit, Pablo Celi, asumió el cargo. Hubo dudas sobre su gestión; pero se ganó la confianza entregando evidencias contra altos funcionarios del correísmo.
La semana anterior, por denuncias de supuesta usurpación de funciones, la Fiscalía allanó la oficina de la doctora Valentina Zárate, que estaba a cargo de la entidad. Ayer, renunció al cargo de subcontralora General del Estado.
¿Quién, en realidad, usurpa las funciones? Y ¿quiénes son los responsables del incendio de la Contraloría?
¿Quién, en realidad, usurpa las funciones?
Desde la misma cárcel 4, en Quito, el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, acusado de supuesta agresión sexual, ha cesado en funciones a la vicedefensora Zaida Rovira, quien le había reemplazado. En su lugar designó a Tania Castillo, delegada de la Defensoría en Carchi.
¿Puede alguien desde la cárcel, y bajo sospecha de ultraje a una mujer, administrar una institución llamada a defender los derechos ciudadanos?
Lo del defensor del Pueblo causa repulsión.
Un informe de Primicias da cuenta que para designar a Carrión el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPSCS) desestimó una denuncia en su contra; pero Julio César Trujillo, que presidía el organismo, dudaba de que tuviese las condiciones para ser Defensor y votó en su contra.
El informe agrega que, en 2017, Carrión golpeó a su pareja con la cual tiene tres hijos, pero fue absuelto. Tres años después, ella dice que la denuncia la hizo mientras atravesaba momentos de depresión. La Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador exige sea reemplazado.
Invocar los derechos humanos de manera selectiva es un aberrante juego del engaño. No hay atenuantes para un defensor del Pueblo sin probidad notoria.
Lo del defensor del Pueblo causa repulsión.
Los casos del contralor y el defensor del Pueblo envilecen al país. La sociedad tendría que reaccionar, al igual que Cpccs y la Asamblea Nacional, que tiene al presidente de la Comisión de Fiscalización pidiendo enjuiciarlos.
En la orilla opuesta, las amenazas en contra de la fiscal General, Diana Salazar, no pueden ser desestimadas. A ella le han sobrado arrestos para enfrentarse a poderosos, que hoy están sentenciados; por eso, también tiene poderosos enemigos.
¿Quiénes serán los 'ciudadanos ilustres' que presionan en favor del contralor, como ella denunció en Twitter?
¿Quiénes serán los 'ciudadanos ilustres' que presionan en favor del contralor?
La Fiscal respondió al Presidente Lasso que no son funcionarios del gobierno actual. Y el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, aseguró que los jueces no han sido presionados.
Ojalá Diana Salazar revele los nombres. Con la ira y la vergüenza colectiva por estos casos y por tener al Alcalde de Quito y a la Prefecta de Pichincha con grillete, los someterán al escarnio público.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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