La difícil discusión sobre el Estado y la burocracia

El tamaño del Estado y el rol de la burocracia son dos de los temas que mayor atención han generado en el país a lo largo de los últimos 20 años.

Sin embargo, la discusión se ha dado desde la superficialidad, los lugares comunes y las frases estandarizadas. Como consecuencia de ello, hemos arribado a conclusiones que asumimos como cargadas de contenido y fundamento, pero que, en realidad, provocan más dudas que certezas respecto a su solvencia.

Algunas de esas conclusiones plantean, por ejemplo, que estamos frente a un aparato estatal obeso y a servidores públicos que no cumplen a cabalidad con sus obligaciones. De allí que la salida 'natural' sea recortar al primero y despedir a quienes lo administran.

No obstante, la realidad da cuenta de otros hechos que ayudan a una lectura más completa del tema y a evidenciar que el debate no es tan simple.

Si se revisan las principales demandas ciudadanas de los últimos años, la gran mayoría de ellas tiene en común el reclamo por la ausencia relativa del Estado. Más aún, algunos hablan incluso de la inexistencia del aparato estatal o de su acción fallida.

Este diagnóstico se torna mucho más contundente cuando lo enfocamos en los sectores económicamente más desfavorecidos, pues allí el Estado debería tener una mayor presencia.

Así, la contradicción inicial está en que, a la par que demandamos la reducción del tamaño del aparato estatal, clamamos por su presencia.

Aún si se argumenta que la obesidad del Estado y su ineficiencia no son dimensiones de análisis contrapuestas, lo que se evidencia es que hay muchas aristas de discusión que han sido pasadas por alto o debatidas de forma epidérmica.

No se trata simplemente de identificar a los pro Estado, por un lado, y a los pro libre mercado, por otro. En el medio hay una serie de grises y de factores de contexto que llevan a una discusión más detenida del espacio que debe cumplir el aparato estatal en nuestra sociedad.

En principio, pensar en reducir drásticamente el tamaño del Estado en un país altamente inequitativo y en el que la noción de ciudadanía es mínima, luce como una opción arriesgada y que propiciaría mayor conflictividad social.

Por otro lado, en este debate son parte esencial quienes ponen a funcionar al Estado, pues son ellos, los burócratas, los que tienen la tarea de asignar bienes y servicios públicos.

Esta afirmación no es exagerada, pues son los servidores públicos de niveles medios y bajos quienes llevan la pesada e invisible tarea de hacer que las políticas públicas caminen bien o caminen mal.

Allí, en la burocracia del día a día, más que en los tomadores de decisiones políticas que se exponen ante los ojos de la ciudadanía, es donde radica el éxito de las propuestas de los gobiernos.

Por tanto, si no hay suficiente número y calidad de funcionarios públicos, las posibilidades de que los gobernantes sean bien valorados por la población van en descenso.

De lo dicho surge otra dimensión de análisis, la referida a la profesionalización de la burocracia.

En el caso ecuatoriano, una de las principales deficiencias del sector público está en la ausencia de servidores con experticias en el desempeño de sus cargos. Lo dicho no tiene que ver necesariamente con las capacidades de los funcionarios, sino con la ausencia notoria de nombramientos definitivos.

De allí que la rotación permanente de personal no solo genera ausencia de institucionalidad pública, observable en la precaria formación de valores, sino que lleva a que la maquinaria estatal camine lento, en ocasiones de forma errática.

Esa descripción es relativamente obvia si se considera que, una vez que el funcionario público empieza a conocer el trabajo que debe desarrollar, súbitamente tiene que reubicarse laboralmente en un nuevo espacio en el que empieza un nuevo proceso de aprehensión de destrezas. De esa forma es casi imposible tener una burocracia profesional.

A manera de ejemplos, tomemos a la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral o la Corte Constitucional. En esas instituciones, a las que se puede agregar una larguísima lista, la gran mayoría de funcionarios no son personal permanente.

Por ello, los asambleístas no tienen buenos servidores públicos que los asesoren, los consejeros electorales tampoco y los jueces constitucionales tarde o temprano caerán en una situación similar.

Surge una paradoja, si con toda razón le exigimos profesionalización a la Policía Nacional, ¿no será tiempo que exijamos lo mismo para el sector público en general?

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Como he dicho, la discusión sobre el tamaño del Estado y el rol de la burocracia no es tan simple como se nos suele presentar.

Hay mucho que discutir antes de tomar una posición firme que sirva de base a futuras decisiones de orden político. Sin un Estado solvente y sin funcionarios profesionales, con estabilidad y conocimientos, difícilmente el país saldrá de su crisis multidimensional.