Economía, contabilidad, y una crisis que no pueden resolver

Hace una semana el Presidente presentó nuevas medidas económicas al país. Es la quinta vez que lo hace en un poco más de dos años. Siempre ha dicho que representan la única solución posible a los problemas heredados.

Sin embargo, no se ven resultados. La economía no crece (las proyecciones son de apenas el 0,2%, e irán a la baja al incluir el efecto inflación por la subida de la gasolina y el diesel y las perdidas por las paralizaciones que vive el país), el desempleo y la pobreza aumentan, y continúa el agresivo endeudamiento público desde el gobierno.

El gobierno es incapaz de aceptar responsabilidades. No muestra ninguna evaluación sobre el impacto de las medidas anteriores, no ofrece un programa económico con metas claras de empleo, inversión, crecimiento, y ha fracasado en la gestión política de las medidas.

Es tal la improvisación que no se ha enviado el proyecto de Ley económica a la Asamblea, y las únicas medidas que se han implementado son la eliminación del subsidio a gasolina y al diesel, vía decreto ejecutivo, y la reducción de aranceles a teléfonos celulares vía resolución del Comex.

Sobre la eliminación del subsidio la mala gestión política llevó a una reacción inmediata de los transportistas, que desde el paro de actividades negociaron sus intereses en cuanto al alza de pasajes. ¿Quién planteó mejora en calidad y seguridad para los usuarios?

En cuanto al efecto económico no se ha presentado ningún estudio o proyección del impacto en los precios (inflación), que analistas ubican entre el 3% y 15%. Lejos de haber programado un periodo de ajuste de precios en la economía, y cuidar el bienestar de las personas, el gobierno ha planteado controlar los precios directamente en los mercados (literal).

Entre los argumentos que se señalaron están que la eliminación del subsidio mejorará la economía, que se evitará el contrabando, e incluso que es para cuidar el ambiente.

Quedan muchas dudas. ¿cuáles son los efectos en crecimiento, empleo y pobreza que se esperan? ¿Es más barato y eficiente controlar los precios que controlar el contrabando? ¿Cuál es el plan de transformación energética? ¿Hacer la gasolina más cara compensa la explotación de minas y petróleos que se está impulsando?

El vicepresidente transparentó una realidad. Dijo que lo primero que se aprende en economía es contabilidad. Reveló el entendimiento que tiene el gobierno sobre la economía.

Claro que eliminar el subsidio reduce USD 1.300 millones en gasto (contabilidad). Pero no es riqueza que se crea, sino que se redistribuye (economía). Ahora serán los consumidores quienes tendrán que pagarlos.

Por otro lado, si el Estado ya no usará esos USD 1.300 millones en subsidios ¿en qué los usará? Si la opción es en nada, es decir reducir el Presupuesto General del Estado, ¿cómo mejorará la calidad de vida de las personas?

Eliminar subsidios, incentivos y gastos tributarios y otra serie de beneficios que da el Estado ecuatoriano es algo que se ha venido discutiendo y posponiendo, sin duda, pero se debe hacer planificadamente, y de manera coherente.

No se puede quitar un subsidio por USD 1.300 millones, cuando 500 empresas le adeudan al SRI USD 1.404 millones (deudas en firme), mucho menos para reducir el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) y el anticipo al Impuesto a la Renta en beneficio de grandes empresas, ni cuando hace un año se exoneró por hasta 20 años del pago de impuesto a la renta a nuevas inversiones, y se condonó multas e intereses a deudores del SRI por cerca de USD 2.300 millones (economía política).

Por su parte, el Presidente desprestigia a servidores públicos para quienes plantea reducir salarios en 20% y vacaciones a la mitad, y despedir a 10 mil funcionarios adicionales a los 23 mil ya despedidos; y llama “zánganos” a ciudadanos que protestan, sin un mínimo de empatía por los 366 mil ecuatorianos desempleados y los 3,8 millones de subempleados y trabajadores con empleo no pleno, para quienes propone aumentar la jornada de trabajo sin pagar horas extras ni extraordinarias.

No conforme, el Presidente en cadena nacional invita al diálogo a manifestantes, aunque señalando que no cambiará de opinión. Y a día seguido, sin previo aviso, en nueva cadena nacional informa que ha decido cambiar la sede de gobierno a Guayaquil. ¿Y el diálogo?

A eso se suma que la Ministra del Interior y el Ministro de Defensa, en lugar de buscar salidas democráticas con base en el diálogo, le hablan al país en tono amenazante y muestran vehículos blindados, mientras se generan una serie de actos de represión en todo el Ecuador.

Cierto es que se han generado actos de violencia y vandalismo que deben ser condenados, controlados y sancionados; pero no se puede generalizar esas acciones a todas las personas que protestan. Sobran motivos para estar inconformes.

Creada la crisis, el argumento que se usa es que todo responde a una manipulación del ex-Presidente. No, los disgustos son múltiples, no se pueden homogeneizar, y no hay actor o grupo político capaz de motivar la movilización que se está viviendo.

Es el gobierno el llamado a entender esa realidad, de la Asamblea Nacional no hay nada que esperar, y hacer un llamado real al diálogo para encontrar una salida democrática, lo que implica reconocer que hay demandas legítimas y que deberá ceder posiciones. Las universidades se han manifestado con voluntad de apoyar una iniciativa de diálogo.

Es además el Estado, en su conjunto, el que tiene la obligación de garantizar los derechos humanos de todas las personas en el territorio nacional. La represión es algo de lo que no pueden culpar a nadie más.