El crecimiento de la llamada clase media es visto como algo deseable en los procesos de desarrollo, ya que se relaciona con los aumentos de productividad, el crecimiento de la capacidad de consumo y, además, con una mayor cohesión social.
La clase media implica movilidad del sector de las personas trabajadoras (aquellas que no tienen propiedad, y cuyo bienestar depende exclusivamente de la venta de su tiempo como fuerza de trabajo) hacia mayores ingresos, que les permiten adquirir patrimonio (usualmente vivienda y vehículo).
También, la clase media, al lograr mayores excedentes, hace mayores inversiones en salud y educación, genera ahorro que, a la larga, fomenta inversiones y demanda bienes y servicios de mayor valor agregado, impulsando el dinamismo económico.
Pero, además, la clase media, cuando es mayoritaria, reduce la polarización entre ricos con propiedad y pobres sin comida. En este sentido genera cohesión social, fomenta instituciones más justas y logra equilibrar los intereses de la sociedad.
Sin duda, expandir la clase media es deseable.
Medir su evolución, sin embargo, no es tarea sencilla, ya que es un concepto ambiguo. La metodología que más se usa, en la actualidad, desde la economía, es aquella desarrollada por Lopez-Calva y Ortiz-Juarez, publicada en 'The Journal of Economic Inequality' en 2014, y que se encuentra en libre acceso en su versión de 2011, publicada por el Banco Mundial.
Se aproxima la clase media definiendo umbrales de ingreso sobre la base del riesgo de empobrecimiento, que se pueden replicar utilizando las proporciones entre ellos. Partiendo del grupo de personas empobrecidas (aquellas con ingreso inferior a la línea de pobreza), para después establecer como población vulnerable a aquella con ingresos equivalentes a entre 1 y 2,5 veces la línea de pobreza.
La clase media es aquella que se encuentra entre 2,5 y 12,5 veces la línea de pobreza, y el estrato alto la que supera este umbral.
Distintas entidades, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano del Desarrollo (BID), usan esta metodología, aplicando sus propias líneas de pobreza, para poder hacer comparaciones entre países, y ajustando las proporciones para definir cada estrato con base en sus propios cálculos de riesgo de empobrecimiento. Por esto se encuentran datos que no necesariamente coinciden entre los distintos reportes.
Ahora bien, aplicando la línea de pobreza oficial de Ecuador, que fue de USD 84,82 mensuales por persona en 2019 y de USD 84,05 en 2020, y los umbrales antes señalados, en la ENEMDU, se observa que, en 2019, antes de la pandemia, la clase media incluía a apenas el 31,9% de la población.
Es decir, menos de la tercera parte, por lo que Ecuador está lejos de ser un país de clase media. Más aún cuando los grupos de personas vulnerables y empobrecidas representaban el 66,6% de la población.
Los impactos del Covid-19 hicieron la realidad aún más dramática. La clase media cayó a 25,4%, y el porcentaje de personas vulnerables y empobrecidas subió a 73,3%.
Ecuador es un país donde, a diciembre de 2020, tres de cada cuatro personas son pobres o vulnerables. Es decir, que tienen un ingreso mensual inferior a USD 210,13. Lejos, muy lejos, de poder considerarse de clase media.
Esta realidad se agrava cuando observamos las brechas que existen en el país. Entre las mujeres, apenas el 24,7% es parte de la clase media en comparación con el 26,1%. En el sector rural, solo el 12,0% es parte de la clase media frente al 31,7% de las áreas urbanas.
Por grupo de auto identificación étnica, la clase media es de 6,7% en pueblos y nacionalidades indígenas, 18,7% entre afroecuatorianos, 21,6% en montubios, y 30,1% entre los blanco-mestizos. Y, por grupo etario, en niños, niñas y adolescentes (menores de 18 años), la clase media es de apenas el 15,3%.
Este es Ecuador, un país donde el riesgo de empobrecimiento es mayor en mujeres, en las áreas rurales, entre los indígenas y los afroecuatorianos. Un país mayoritariamente pobre, vulnerable y desigual.
Pero la mayor desigualdad se observa al analizar el estrato alto, que representó el 1,5% de la población en 2019 y pasó a 1,3% en 2020, siendo muy poco afectado, en términos de movilidad social, por la pandemia.
Justamente, esa es la gran diferencia, y desigualdad, el estrato alto tiene mayores mecanismos de protección frente a una crisis que el resto de la población.
La desigualdad se expresa, también, al considerar, que a 2020, el 98,7% de la población contó con un ingreso inferior a USD 1.050 mensuales; y compararlo con el PIB per cápita, que en ese año fue de USD 5.643 (o de USD 469 mensuales).
Siendo que la población empobrecida tuvo un ingreso de entre USD 0 y USD 84,05, los vulnerables hasta USD 210,13 y la clase media hasta USD 1.050, representando el 32,4%, 40,9% y 25,4% de la población respectivamente, para alcanzar un promedio nacional de USD 469 mensuales, el 1,3% más rico debió tener un ingreso promedio mensual de USD 18.123, algunos con valores que fácilmente superan los USD 35.000 al mes.
En otras palabras, Ecuador es un país donde el 1,3% más rico de la población concentra el 50,2% de la riqueza, mientras el 32,4% más pobre tiene apenas el 2,9%, y los vulnerables y la clase media, el 12,8% y 34,1% de la riqueza, respectivamente.
Esta es la razón de la fragmentación social, económica y política que vive el país, y la realidad que se debe cambiar. Reducir la desigualdad para lograr una senda de desarrollo que incluya a todas y todos.
Nota: Las cifras en los cuatro últimos párrafos de este análisis fueron corregidas el jueves 8 de julio de 2021. La versión original del artículo se publicó el 7 de julio de 2021.
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