El quinto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establece entre sus metas “poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas” y “eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas”.
En Ecuador, en noviembre de 2017, se aprobó la Ley para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que establece la responsabilidad del Estado de “garantizar el derecho de las mujeres: niñas, adolescentes, mujeres adultas y mujeres mayores a una vida libre de violencia”.
Como lo señala Yvonne Buchholz, en un reciente artículo titulado 'Covid-19: Incremento de la violencia de género', la violencia aumenta en las emergencias debido a los roles de género que se le imponen a las mujeres en el ámbito del trabajo doméstico y de cuidados.
En el caso ecuatoriano, un reciente informe del Grupo de trabajo por los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes y mujeres, titulado 'Derechos Humanos de Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes y Violencias', utilizando información de la Fiscalía General del Estado, indica que en 2020 se han registrado, en esta instancia, entre febrero y abril, 705 eventos de violación, 840 eventos de abuso sexual y 155 eventos de acoso sexual.
De manera similar, PRIMICIAS señalaba que, según cifras del ECU 911, entre el 12 de marzo y el 11 de abril de 2020 se recibieron 6.819 llamadas de auxilio por posibles casos de violencia de género.
En este contexto, el informe citado recuerda la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), titulada 'Pandemia y Derechos y Humanos en las Américas', que señala, entre otros elementos que se debe:
- Asegurar la participación de las mujeres en los mecanismos de toma de decisiones de los comités y grupos de trabajo de manejo de la crisis.
- Fortalecer los servicios de respuesta a la violencia de género, en particular la violencia intrafamiliar y la violencia sexual en el contexto de confinamiento.
- Ofrecer atención diferenciada a las mujeres profesionales de la salud que trabajan en la primera línea de respuesta a la crisis sanitaria del Covid-19.
- Garantizar la disponibilidad y continuidad de los servicios de salud sexual y reproductiva durante la crisis de la pandemia, incrementando, en particular, las medidas de educación sexual integral y de diseminación de información por medios accesibles y con lenguaje adecuado, con el objeto de alcanzar a las mujeres en su diversidad.
- Adoptar medidas de prevención del abuso y violencia intrafamiliar, facilitando el acceso a los medios de denuncia y actuando con la debida diligencia ante las denuncias realizadas.
¿Qué se ha hecho en el Ecuador? Entre las medidas implementadas frente a la emergencia no se han incluido acciones específicas para atender las particularidades de las mujeres y de las niñas ni para prevenir la violencia, aun sabiendo que, según el INEC, el 63,1% de los casos de violencia se dan en el ámbito familiar y de pareja, justamente el espacio en que ocurre el aislamiento.
Para pensar la reactivación y recuperación es indispensable hacerlo con prioridad para las mujeres y las niñas para no profundizar las brechas de género.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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