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Firmas

Esta vez no fue culpa del racismo

Rafael Lugo Naranjo

Abogado y escritor. Ha publicado varios libros, entre ellos Abraza la Oscuridad, la novela corta Veinte (Alfaguara), AL DENTE, una selección de artículos. La novela 7, además de la selección de artículos Las 50 sombras del Buey y la novela 207.

Actualizada:

18 oct 2019 - 19:05

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Es claro que el resentimiento social es producido por el racismo y todas las formas de injusticias que de éste se derivan. No creo que pueda decirse algo distinto. 

¿Pero esta realidad  alcanza para tildar de “clasista” o “racista” a quienes nos hemos opuesto a las acciones violentas e ilegales protagonizadas por los indígenas mal liderados por la Conaie?

El famoso argumento ad hominem, de atacar al mensajero y no al mensaje es una de las falacias favoritas de esta aldea grandota en territorio. Pero como todo dañamos, al ad hominem le hemos sumado la mentira, pues el ad hominem es denostar una afirmación tomando como referencia las características de quien la emitió, y aunque hay racistas que han rechazado la violencia indígena, no todos los que las hemos rechazado somos racistas, pero a todos nos han tildado de tales con el evidente interés de evadir la verdad.

Ahora bien, cuando la Conaie y sus defensores no han dicho que los actos violentos fueron realmente protagonizados por infiltrados (claro que hubo actos violentos de otra gente ajena al sector indígena, sin lugar a dudas), han dicho que los actos delincuenciales y golpistas de la Conaie fueron una “reacción” a la “brutalidad” militar y policial de un gobierno de “derecha”, “fondomonetarista” y “racista”.  

Esta vez no hubo tal “reacción”. A riesgo de que se me condene por la herejía de criticar a la religión indigenista y a su santa madre iglesia que es la Conaie, voy a exponer los hechos y evidencias. O sea, voy a relatar esas cosas que los fanáticos de cualquier culto o idea, encuentran asquerosas. 

El 1 de octubre empezaron las protestas a cargo de distintos sectores sociales y algunas pandillas en contra de las medidas. Para cuando llegó el día 3 de octubre ya se habían dado ataques en distintos sitios de la República, entre ellos los saqueos en Guayas, ataques a policías y destrucción de patrulleros, se toman la Gobernación de Imbabura y se cierran varias vías terrestres importantes del país.

Ante el caos evidentemente peligroso y descontrolado el gobierno Decreta Estado de Excepción a las 13:30 del mismo 3 de octubre. Es importante decir que el 7 de octubre la Corte Constitucional dictaminó que “las medidas de limitación y suspensión únicamente aplicarán por un plazo de 30 días con respecto a los derechos a la libertad de asociación, reunión y libre tránsito, así como a las requisiciones a las que haya lugar con motivo del objeto del estado de excepción”.

Bajo el marco jurídico del Decreto de Excepción, se dan detenciones de manifestantes que lo violaban, entre ellos dos dirigentes de la Conaie que se encontraban bloqueando una carretera. Estos dirigentes fueron puestos inmediatamente en libertad.  

El 4 de octubre, indígenas de Tungurahua se toman antenas de radio y televisión en el cerro Pilisurco. Cortan las señales. El mismo día en Otavalo, indígenas secuestran los primeros policías. 

Los actos violentos se multiplican, así como las respuestas a cargo de las fuerzas públicas amparadas por el Decreto de Excepción del gobierno. 

El día 5 de octubre la Conaie ya no disimula en su intento de golpe de Estado y en respuesta a la “brutalidad y falta de conciencia de la fuerza pública”, y amparándose en su autodeterminación y derecho a ejercer su justicia indígena,  declara un estado paralelo y sin especificar el territorio de aplicación de su “normativa”, informa de su propio Estado de Excepción amenaza con retener (secuestrar) a militares y policías que entren en sus territorios ancestrales (los actos de secuestro se dieron en zonas como Tambillo).

El día 7, indígenas de Cotopaxi e Imbabura asaltan fincas productoras de flores, leche, brócoli y otras instalaciones agroindustriales y ganaderas. Destruyen bienes y secuestran al personal, boicotean el transporte de productos, etcétera.

Un día más tarde, miles de indígenas se toman las Plantas de Tratamiento de agua Apatug, de Tilulum, y la planta de Represa de Agua Pucará. Ambato sufre desabastecimiento de agua potable.  Y este mismo 8 de octubre, miles de indígenas, liderados por el prefecto del Azuay Yaku Pérez, se toman violentamente uno de los poderes públicos de la República: la Asamblea Nacional. (Solo Febres Cordero se atrevió a tanto, cuando se tomó la Corte Suprema con tanquetas).

El 10 de octubre, Vargas el Presidente de la Conaie pide públicamente a las Fuerzas Armadas retirar el apoyo al presidente Moreno. Lo hace además exhibiendo a policías secuestrados en el Ágora de la Casa de la Cultura. 

El recuento puede ser más detallado y extenso. En casi todos las acciones violentas, desproporcionadas, ilegítmas e ilegales de la Conaie, hubo respuesta de la fuerza pública. Y, definitivamente, la justicia tendrá que analizar si hubo actos contrarios al ordenamiento nacional y de Derechos Humanos a cargo del Estado, en el contexto completo de lo que ocurrió y de la normativa que estaba vigente. Todas la muertes deben aclararse, así como todos los delitos deben ser sancionados. 

La historia del Ecuador es un tour por el museo de la injusticia y el latrocinio, especialmente para los indígenas, no hay quién pueda negarlo. Pero la historia es la suma de períodos pequeños. Y en la historia de estos días traumáticos que hemos vivido, puedo aventurarme a afirmar que quienes dicen que fueron provocados y atacados, mienten. Al menos esta vez no fue culpa del “clasismo” y del "racismo", y con ese slogan no van a lavarse las manos, ni las caras. 

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