Uno de los elementos clave para una administración de justicia eficiente y provista de independencia relativa con relación a actores políticos, económicos, sociales o al propio entramado del Poder Judicial, es la estabilidad de los jueces y fiscales en sus cargos.
Una de las formas más clásicas de observar la ausencia de la mencionada estabilidad laboral está en las 'depuraciones', 'limpiezas' y 'purgas' de las cortes de justicia, en general provocadas por quienes tienen intereses políticos entre manos. De eso tenemos experiencias de sobra en Ecuador y América Latina.
Sin embargo, otra forma de atentar contra la estabilidad de jueces y fiscales y, por consecuencia lógica, afectar a la independencia judicial es la designación de tales funcionarios bajo el rótulo de 'temporales'.
Este sutil mecanismo de perturbación del Poder Judicial se torna aún más letal cuando esos jueces o fiscales solo conocen la fecha de su posesión, pero nunca la del final de sus funciones. En otras palabras, y aunque parezca contradictorio, son funcionarios temporales por tiempo indefinido.
Ese tipo de designación fue el que utilizó el expresidente Alberto Fujimori para manipular las cortes de justicia en Perú, sobre todo la Suprema, y es el mecanismo que han seguido otros gobiernos en la región.
Colocar jueces o fiscales bajo estas condiciones de incertidumbre laboral los torna mucho más sensibles a la coyuntura política o económica del país y, como consecuencia de ello, sus decisiones suelen estar mediadas por la influencia de quien los puso en el cargo en determinado momento y que, de la misma forma, puede retirarles el sustento material en cualquier momento y bajo cualquier motivo.
No todos los jueces o fiscales se someten a dicha lógica de dependencia, aunque sí muchos de ellos.
Con esos antecedentes, hay que señalar que en Ecuador se ha abierto un concurso para fiscales temporales que llama la atención por dos hechos fundamentales. El primero es que no se especifica el tiempo que durará el encargo.
Esta particularidad de por sí resulta preocupante pues, inevitablemente, nos lleva a trasladar la experiencia de otros países a la realidad nacional.
El segundo hecho es que las personas que pueden postular para ese cargo son única y exclusivamente quienes son funcionarios de la Fiscalía General del Estado, con lo que un concurso para un cargo tan delicado y de altísimas responsabilidades se circunscribe a un mínimo número de posibles postulantes.
Como dice la sabiduría popular, es un concurso para panas, 'amigüis' o al menos compañeros de trabajo.
Ahí queda sentado otro elemento de debate en diferentes esferas. Una, la relacionada con la constitucionalidad del concurso convocado mediante Resolución del Consejo de la Judicatura.
Otra, la de la legitimidad social de la convocatoria.
La tercera, y más grave, la de las conjeturas que se empiezan a formularse en torno a la independencia de quienes sean elegidos respecto a sus nominadores.
Tales conjeturas adquieren más insumos si se considera que, si quienes postulan al concurso son actualmente funcionarios con contratos de servicios ocasionales o con nombramiento provisional, deberán renunciar si llegan a ser designados como fiscales temporales.
En otras palabras, estos funcionarios pasarán de una forma de incertidumbre laboral a otra de igual o peores características, pues pueden ser fiscales temporales por un día, un mes, un año. No se sabe.
En definitiva, el concurso no solo se circunscribe a quienes actualmente trabajan en la Fiscalía sino que genera incentivos especiales a los funcionarios con nombramiento definitivo pues, precisamente, por la estabilidad que tienen y que no la perderían si son designados, tendrían mayor tranquilidad para desempeñar sus funciones como investigadores del posible cometimiento de hechos delictivos.
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Nadie desconoce que el país requiere de más fiscales, más jueces y más recursos para el Poder Judicial. Esa es una realidad latente. Sin embargo, dar una salida para ese déficit a través de concursos como el de fiscales temporales organizado por el Consejo de la Judicatura solamente ayudará a reducir el problema numérico a costa de incrementar las dudas respecto a la independencia judicial.
Si se busca que capitales extranjeros vengan al país, concursos de este tipo solo sirven para prender las alarmas sobre la tranquilidad que se requiere para desarrollar negocios.
Designar jueces y/o fiscales bajo condiciones como las del actual concurso no tiene justificativo alguno. Ni siquiera la necesidad inminente de dar agilidad al servicio judicial sirve de argumento para designar fiscales entre funcionarios de la institución y sin plazos de culminación de sus actividades.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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