La fiscal y los candidatos a la Presidencia, en distintas dimensiones

La amenaza más reciente contra la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, la madrugada del 1 de junio pasado, mediante un video en el que un grupo armado, que decía tener todas las ubicaciones de la funcionaria, hablaba de asesinar a su pequeña hija, tiene una dimensión que espeluzna a todos.

A todos, menos a los candidatos a la Presidencia de la República que no se han dado por enterados, ya que han guardado un insólito silencio frente a lo que vive la represente de la vindicta pública.

Esta es una campaña electoral extraña, en la que quienes pretenden gobernar el país evitan abordar los temas más delicados; aspectos fundamentales de la institucionalidad, que son las vigas maestras del Estado.

Una fiscal bajo ataque debería ser parte del debate en un país que pretende luchar contra la corrupción y la impunidad.

Pero, que va.

Con alguna excepción que confirma la regla, porque sí hubo un candidato que se solidarizó, a través de Twitter, daría la impresión de que quienes aspiran a la primera magistratura no tienen idea de lo que pasa en la Fiscalía.

Ya que nada han dicho sobre otros recientes sucesos; ni tampoco han aprovechado la circunstancia para ratificar que respetarán la división de Funciones del Estado.

O desconocen los graves casos que tiene en sus manos el Ministerio Público, lo cual resultaría escandaloso, porque todos están vinculados a la más rampante corrupción.

O si los conocen no les importa, lo cual los pondría en mal predicamento, porque evidenciaría su poca convicción sobre la vindicta pública, en tanto pretenden ser los futuros líderes del país.

En realidad, el nivel de degradación moral del Ecuador es conmovedor, pero los candidatos miran a otro lado.

Intentando una explicación, jamás una justificación, pudiera ser que, como la corrupción no es mencionada por la ciudadanía como uno de los males que le preocupan, puesto que está atormentada por la inseguridad, la falta de empleo y hasta las amenazas de la naturaleza, los candidatos no la abordarán.

De ser así, lo que ocurre con la campaña parecería tener visos de una delirante ficción, porque se pide el voto al pueblo para administrar un país del que desconocen sus tormentos o, quizá, porque poco les importa.

Desde que Diana Salazar asumió las funciones del Fiscal General del Estado, en abril de 2019, ha sido amenazada, zaherida y cuestionada todo el tiempo, justamente, por su determinación para combatir la corrupción.

Pero, hoy, han llegado al extremo.

Solo en lo que va del año ha debido pasar momentos dramáticos.

No fue coincidencia que, en febrero pasado, después de que la Fiscalía allanara Carondelet, por el caso Petroecuador, el Gobierno decidiera 'rotar' a 37 agentes policiales, que habían estado trabajando a órdenes de la Fiscalía, investigando los procesos más sonados de corrupción.

Solo la reacción contundente de la fiscal y el ruido en las redes obligó a enmendar la bendita decisión, que la gente la había calificado como retaliación.

La Asamblea Nacional de la vergüenza, que luego fue disuelta, intentó enjuiciarla, una y otra vez, sin conseguirlo.

Salazar es incómoda para quienes ya han sido sentenciados. Y para los que saben que lo serán muy pronto.

Pero el correísmo habla de "buscar justicia".

El Consejo de la Judicatura (CJ) pretendió suspenderla, pero no lo logró por la reacción del presidente de la Corte Nacional, quien llamó a respetar la institucionalidad de la Función Judicial, subrayando que la Judicatura no puede ni suspender ni sumariar a la Fiscal General.

La propia fiscal dijo que está sujeta al control político de la Asamblea, más no al régimen disciplinario de la Judicatura.

A su turno, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) dispuso una audiencia pública con la presencia de Salazar, por pedido del colectivo Acción Jurídica Popular y de un abogado.

Buscaban interpelarla por un presunto plagio de su tesis de grado universitario, escrita casi 20 años atrás, y también por las calificaciones del concurso público en el que participó, en 2019, para ser fiscal.

El titular del CPCCS y exabogado de Correa, Alembert Vera, hasta llegó a hablar de la destitución de la fiscal Salazar.

¡Bingo!

Está claro que apuntaban a anular todos los procesos que ella había conocido.

Solo de imaginar que, entre otros, los casos Sobornos, Las Torres, Carrión y Jorge Glas podrían haber vuelto a fojas cero, habría sido como derruir los cimientos de la República con un terremoto en grado de devastación moral.

Lo que habría arrastrado al país al inmundo cieno de la impunidad.

Luego de una rigurosa revisión, el Consejo Universitario de la Universidad Central concluyó que Diana Salazar es la persona que elaboró e investigó el tema expuesto en su tesis; en buen romance: que no la plagió.

No hay que tener mucha imaginación para sospechar la reacción del correísmo y sus aliados, así como la de los condenados por presunto abuso sexual.

Solo había que mirar Twitter, antes que Elon Musk pusiera restricciones a esa red, para comprobar que, desde Bélgica, Correa echaba fuegos contra todos, incluso, contras las autoridades de la Universidad Central.

Aseguran que posteó alrededor de 100 mensajes de todo calibre, dejando entrever que no podía más con su alma.

En ese ambiente, han anunciado que formarán una comisión internacional -que algunos sospechan estará integrada por cercanos ideológicos-, para que, otra vez, valore la tesis de la fiscal Salazar.

De todo esto, así como de los otros casos graves que involucran a personajes poderosos del Ecuador que investiga la Fiscalía, y sobre los cuales habría recibido contundente información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, por lo que pronto habrá grandes novedades, los candidatos a la Presidencia de la República no dicen ni pío.

En realidad, daría la impresión de que habitan otra dimensión.

Pero seguro sabremos de ellos cuando se conozcan los nombres de los nuevos sancionados.