La suerte está echada. Luego de una desgastante campaña, hoy los ecuatorianos deciden quién dirigirá los destinos del país durante los próximos cuatro años, en medio de la peor crisis económica de la historia republicana.
A esto hay que agregar que el futuro Presidente asumirá el cargo en un contexto de profundo fraccionamiento social, instituciones débiles y una latente crisis de representatividad.
Por si fuera poco, la capacidad del Ejecutivo para gobernar podría verse limitada por una Asamblea altamente fragmentada, cuyas bancadas más representativas anticipadamente han expresado su oposición al nuevo régimen.
Instituciones débiles y una latente crisis de representatividad esperan al próximo Presidente.
Esta semana se reunió el bloque de Pachakutik con la Izquierda Democrática para sentar las bases de lo que sería un acuerdo político para la próxima legislatura. Entre ambas organizaciones consolidan 45 escaños, número importante pero todavía distante de los 70 necesarios para optar por la presidencia de la Asamblea.
Por su parte, el Movimiento Creo y el Partido Social Cristiano -de mantener su alianza- alcanzan 31 legisladores; mientras que el correísmo reduce su cuota a 48 asambleístas, 26 menos que los 74 logrados en 2017.
A la fecha, se ve lejana la posibilidad de que el próximo Presidente cuente con una mayoría legislativa que le permita actuar de inmediato en la ejecución de su agenda. Primarán las mayorías móviles para temas específicos o, simplemente, varias iniciativas del Ejecutivo quedarán truncas.
Se ve lejana la posibilidad de que el próximo Presidente cuente con una mayoría legislativa.
Un primer pulso de lo que se puede venir lo tendremos este 14 de mayo, en la primera sesión de la Asamblea Nacional, en donde obligatoriamente se tendrá que designar presidente, vicepresidente y vocales a través del voto favorable de la mayoría absoluta de la legislatura (70 votos de 137).
Forzosamente, las bancadas tendrán que conciliar para alcanzar la votación requerida, por lo que se abre un espacio para forjar los primeros acuerdos legislativos; además de ser el termómetro para medir la capacidad de los operadores políticos que designe el nuevo gobierno.
Sin embargo, el cálculo electoral de las organizaciones políticas con miras a las elecciones presidenciales de 2025, advierte que los apoyos al Ejecutivo serán muy puntuales y, más bien, no faltarán las fiscalizaciones y los juicios políticos.
Llega el termómetro para medir la capacidad de los operadores políticos que designe el nuevo gobierno.
Frente a esta posible crisis de gobernabilidad, no se descarta que, durante el primer año, el Presidente se vea obligado a llamar a consulta popular para legislar directamente con la ciudadanía y así viabilizar los temas estructurales de su propuesta de gobierno.
Si llegar al poder fue difícil; gobernar lo será aún más.
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