El 17 de mayo, el presidente Guillermo Lasso firmó el decreto de "muerte cruzada", en medio de un juicio político que anticipaba su destitución.
Es por mucho el gobierno con el menor apoyo, desde el retorno a los gobiernos civiles. Su incapacidad para la gestión pública ha sido notoria y ha generado malestar en todos los sectores de la sociedad.
De esta manera, el gobierno de Lasso terminará de manera anticipada, una vez que, mediante elecciones, se elija al binomio que terminará el periodo.
La opción más probable, según todas las encuestas, tiene posiciones radicalmente distintas a las del gobierno que se va.
Sin embargo, el presidente saliente, intenta una serie de decretos ley y acuerdos internacionales que violentan derechos, son contrarios a la Constitución, o abordan temáticas que no se corresponden con la condición de urgencia económica necesaria para emitirlos.
Por suerte, y en garantía de la institucionalidad pública, en esta transición, esos decretos deben pasar por el control de la Corte Constitucional. Así se garantizan los contrapesos fundamentales de una democracia.
El gobierno ahora dice, que no le dejan gobernar, ¿no comprende que está de salida porque no tiene apoyo?, ¿le gustaría disolver la Corte Constitucional?
Mientras tanto, sobre las urgencias de inseguridad, aumento de la pobreza y falta de trabajo, el gobierno que sale no hace nada.
Por eso, lo urgente es el cambio de gobierno para que se reactiven las políticas públicas que han sido desmanteladas en los últimos cinco años.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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