Solo la indignante noticia del desplome de las edificaciones patrimoniales de Zaruma, ciudad a la que la codicia humana por el oro ha hurgado hasta destrozarla, morigeró un poco el estruendo que provocó la revelación del embajador estadounidense en Ecuador, Michael Fitzpatrick, sobre la existencia de narco generales en el país.
Lo dicho por el diplomático a PRIMICIAS fue de tal magnitud, que a los generales y a otros oficiales debe haberles parecido que se caían los muros del templo institucional.
Mientras que las imágenes de la llegada de los uniformados a la legación, uno por uno, para ser despojados de la visa, causaron vergüenza colectiva.
La conmoción del suceso, antes de finalizar 2021, llevó al Ministerio de Gobierno a pedir a la Contraloría General del Estado un examen especial a las cuentas bancarias y bienes de los 19 generales en servicio activo, así como a la Superintendencia de Bancos y a la Unidad de Análisis Financiero (UAFE).
Lo dicho por el embajador solo confirma lo que se ha sospechado, desde tiempo atrás, sobre la penetración del narcotráfico en las altas esferas de la institucionalidad policial, en la que ya se han producido purgas anteriores.
El tema es de extrema gravedad por el riesgo al que han expuesto al país uniformados del más alto rango, transando con las mafias.
Solo imaginar cómo tramarán abrir las rutas para que circule la droga sin contratiempos; cómo borrarán registros para que no se detecte el movimiento de los capos; cómo ingresarán a los puertos y actuarán frente a quienes no ceden a sus corruptos procederes, estremece e indigna.
A estas alturas, ¿alguien podría creer que las toneladas de droga que circulan por las vías del país se deben solo a la negligencia –que sí existe-, o porque hay complicidad manifiesta con ciertas autoridades?
La traición a la Patria y a su pueblo es el grado más ruin de quienes juraron defenderlos. La sanción debe ser, por ello, ejemplar, más allá de la baja y la destitución.
Por ahora, el país aguarda los resultados de las investigaciones de las instituciones de control, poniendo como meta el despojarles de las fortunas mal habidas, en caso de comprobarse.
Haría falta una sobredosis de ingenuidad para no entender que el patrimonio de algunos generales, con salario fijo y provenientes de familias de pocos recursos, les da para vivir con lujos, viajes y, además, hacer aspavientos de sus teneres corruptos.
Desde años atrás, voces calificadas, como las de Francisco Huerta Montalvo, alertaron del riesgo de que el país devenga en un narco Estado, y que la población, en la indefensión, no pueda hacer nada.
Y allí estamos ahora, abocados a su violencia imparable en las calles, y ellos apoderados de las cárceles, en las que gobiernan a sus anchas.
¿Tienen ya las autoridades un plan integral para encarar este mal que, en otros países, ha resultado imposible de lograr?
Para el presidente Guillermo Lasso este es otro tema tan urgente como riesgoso, que merece su atención prioritaria.
Cualquier estrategia oficial tiene que ser coordinada con todas las instituciones del Estado, sin marginar a nadie y peor dejar flanco alguno sin protección.
Si las mafias penetran la justicia, corrompiendo a los jueces; a las autoridades de todos los niveles, a los medios de comunicación y, lo más grave, a la propia sociedad, empezando con los más vulnerables: niños y gente humilde, en general, encararlas requiere del conjunto del país.
El lavado de dinero, el tráfico de armas, el sicariato y la prostitución son parte de la espiral del mal y hay que pararlos en seco.
En países como México y Colombia el narcotráfico es sinónimo de muertes con una crueldad que espanta y degrada, y con un poder omnipresente, al punto que los Estados han cedido el control de porciones de su territorio.
La apuesta mayor tiene que ser que esto no suceda en Ecuador, y que estemos a tiempo. Para ello, el umbral de tolerancia frente al crimen organizado tiene que ser cero.
Un oficial con rango de general sostiene la institución a la que pertenece. En una institución que es vertical su conducta tiene que ser ejemplar.
Si la Policía Nacional ha sido penetrada por el narco, habrá tocado fondo, por lo que se impone la depuración total; caiga, quien caiga.
Ahora mismo, esa institución está abocada a otros hechos impactantes, vinculados al perverso manejo del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol), donde unos oficiales birlaron los ahorros a sus propios compañeros, y transaron con unos sátrapas de las finanzas, para llevarse la plata de retiros y jubilaciones.
Aquí también los culpables deben pagar, no solo con sus huesos en la cárcel, sino devolviendo el dinero malversado y robado.
Hay que cortar la cabeza de la serpiente.
Con el inicio del año, el país ha vuelto a hablar de Zaruma y de sus preciosas casas succionadas en un socavón, evidencia de la ausencia de autoridad que haga respetar la zona de exclusión, o de complicidad abyecta, que prueba que la voracidad por el oro, mata.
Es la misma perversa ambición que habrá llevado a delinquir a ciertos generales, para quienes las declaraciones de un 'Gringo', en diciembre pasado, fueron como sacudir los muros de la institución, hasta arrastrarlos por los suelos.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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