Es un hecho: Los precios están subiendo y el bienestar está en riesgo

La inflación acumulada entre enero y julio de 2021 es de 1,16%. Así lo señala el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

En los años anteriores, la inflación acumulada a julio fue de -0,19%, 0,25% y -0,23%, en 2018, 2019 y 2020, respectivamente. Es un hecho, los precios en 2021 están subiendo.

Lo que más sube es el transporte (5,10%). Especialmente por el incremento el precio de los combustibles (entre el 21,05% y el 32,42%), los neumáticos (6,13%), y de aceite lubricante (2,74%).

En segundo lugar, se encuentra el incremento de precios en salud (1,80%). Los productos con mayor incremento son el alcohol antiséptico (16,40%) y los sistemas cardiovasculares (6,48%).

El tercer grupo de productos con mayor inflación es la educación (1,54%), siendo los productos con mayor inflación los posgrados (8,07%), el bachillerato (2,72%) y la educación inicial (2,39%).

En cuarto se encuentran los alimentos y bebidas no alcohólicas, con una inflación acumulada de 1,14% a julio de 2021. Destaca el aumento en los precios de la arveja (43,88%), el aceite vegetal (35,29%) y puro (23,64%), la col (14,71%), la harina de trigo (9,41%), las galletas (9,14%), la lenteja (8,91%), los huevos de gallina (8,32%), la manteca (8,05%), el plátano verde (6,71%), y el pollo entero (6,09%), entre otros.

El valor de la canasta básica se ubicó en USD 711,68 mensuales a julio de 2021. Valor que no logran cubrir el 66,5% de las personas en Ecuador. Los ítems de consumo con mayor incremento en el último mes son alimenticios: grasas y aceites comestibles (10,34%), frutas frescas (3,63%) y verduras frescas (3,27%).

En junio de 2021 había 60.172 desempleados más de los que había en junio de 2019, y 553.247 personas subempleadas adicionales en comparación con junio 2019.

Es decir, hay menos empleo y menos ingreso, mientras que los precios de bienes y servicios van al alza, profundizando la crisis y el empobrecimiento.

En este escenario es urgente implementar medidas que sostengan la capacidad de consumo de las personas, como son las transferencias monetarias, devolver la jornada de trabajo completa, cuya reducción fue permitida por la Ley de Apoyo Humanitaria, reestructurar deudas de hogares con el sistema financiero, y revisar subsidios y gastos tributarios para proteger el bienestar de las personas y no solo las ganancias de las grandes empresas.