Como vivimos en el país de 'aquí hacemos los que nos da la gana' y donde los ciudadanos deben agachar la cabeza ante el yugo de la arbitrariedad del poder, el robo a mano armada, el más vergonzoso de todos, ha pasado inadvertido.
Hoy les voy a contar lo que viven miles de ecuatorianos cuando sufren un allanamiento (casi siempre sin otro fundamento que el flash y la foto) y, en dicho acto, son víctimas de la incautación de sus bienes personales.
Empecemos por el principio. ¿Cuándo el Estado, a través de Fiscalía y Policía, está legitimado para allanar e incautar? Principalmente, cuando se conoce (con seguridad) que los bienes materia o producto de un delito están en un domicilio y, para ello, con orden judicial, se entra a la propiedad privada del sospechoso y se incautan esos bienes.
Por ejemplo, si Fiscalía sospecha que en un delito de cohecho la información relevante para probar el delito está en los celulares y computadoras de X persona, pues lo normal será que se lleven sus computadoras y celulares para descubrir, por ejemplo, mensajes entre el funcionario A con el funcionario B repartiéndose una coima.
Otro ejemplo es cuando Fiscalía tiene información de que en el interior de una bodega se almacenan billetes falsos. Claro, se allana e incautan los billetes que ahí reposan. ¿Para qué? Pues para verificar si son falsos o no y, si sí lo son, ¡a la reja!
Todo lo anterior deberá tener como característica el factor sorpresa, pues obvio, nadie va a ser tan menso como para no deshacerse de las armas de fuego, los pasaportes falsos, la droga y los mensajes de texto comprometedores, si ya saben que dentro de tres horas le van a allanar.
Quiero que dejemos a un lado los casos en los que sí hay delito y donde la incautación sirve para probarlo.
Vamos a concentrarnos en los casos donde no hay delito o, incluso existiendo, no se lo prueba y, por lo tanto, se ratifica el estado constitucional de inocencia de los procesados.
En ese caso, quiero que se imagine que usted fue el allanado, que sus bienes fueron incautados y que la historia acabó con una sentencia a su favor. Tras todo el gasto en abogados, la angustia del proceso, el sufrimiento de su familia, por fin respira tranquilo. ¿Pero qué es lo que evidentemente querrá a continuación?
Sencillo: recuperar sus bienes incautados. Aquí, gente, aquí viene el vía crucis. Porque es en este momento cuando descubren que la incautación ha sido mucho más que eso, ha sido un vulgar asalto sin misericordia.
A continuación, les narraré historias de la vida real, que se repiten todos los días. ¿Listos? Siéntense:
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Le incautaron las computadoras. Tras años de lucha por recuperarlas, se las entregan, pero las nota livianas, muy livianas. Algo pasa, no encienden.
Las lleva al técnico. Claro, el acta de incautación dice que se llevaron una computadora marca X, modelo X, pero en ningún momento consta su estado de mantenimiento.
Así las recibirán sin disco duro, sin memoria RAM, sin tarjeta madre. Nada. Una pinche carcasa.
Y así podría continuar infinitamente. En la gran mayoría de casos, nunca se recupera lo incautado.
Y sí, esta columna es una queja, es un reclamo ciudadano ante la impotencia de ver cómo se maneja este país, donde te roban mientras te incautan y te incautan mientras te roban.
Porque aquí te roban hasta cuando aplican la ley, porque te aplican la ley para robarte. Porque el problema nunca ha sido la ley, sino los llamingos que la administran a su antojo.
Es por eso que vivimos en una patria donde el consumidor es pateado por el vendedor; donde los derechos se mendigan, no se reclaman; donde las víctimas del sistema prefieren hacerse al dolor antes que batallar por aquello que legítimamente les pertenece.
Porque vivimos en una polvareda cualquiera, donde las incautaciones quedan para el titular de la media tarde y donde la angustia del incautado se diluye en el mañana del cuarto mundo.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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