Economía y Desarrollo
Ineptitud y corrupción, ingredientes de la receta para privatizar
Andrés Mideros Mora

Andrés Mideros Mora

Doctor en economía, máster en Economía del Desarrollo y en Política Pública. Decano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Actualizada:

23 Feb 2021 - 19:00

Asignar recursos con eficiencia y equidad, para producir, intercambiar y consumir bienes y servicios, de manera que se logren satisfacer necesidades, generando bienestar, es la razón de ser de la economía.

Cómo hacerlo es parte de un permanente debate entre el rol del Estado (planificación centralizada para el bien común), las posibilidades del mercado (libre competencia con base en la búsqueda del beneficio individual) y el accionar autónomo de la sociedad (organizaciones sociales, asociación, cooperativas, etcétera).

Lejos de las visiones dogmáticas, que predominan en el debate público, pidiendo exclusividad de una de las alternativas, la realidad es que en toda sociedad coexisten estas formas de organización económica.

Lamentablemente, la alternativa que ha predominado en los países latinoamericanos con instituciones débiles no es aquella que se muestra superior fruto de sus virtudes de eficiencia y equidad, para determinada materia, sino la que logran imponer quienes capturan el poder político.

Es así como, siguiendo a Acemoglu y Robinson, el Estado se convierte en, lo que en un reciente artículo de Mateo Villalba publicado por el Observatorio de Historia, Instituciones y Desempeño Económico (OHIDE) de la PUCE, lo que se denomina el ‘Leviatán de papel’, que toma elementos de un Estado débil e inoperante, propios del ‘Levatián ausente’, y la capacidad de represión de la población, del ‘Leviatán despótico’, para defender los privilegios de las élites.

La denominación ‘de papel’ da cuenta de la incapacidad para promover el bien común y proveer servicios públicos, al tiempo que defiende los intereses de las élites económicas.

Esta es la receta privatizadora, que tiene por objetivo acrecentar las ganancias de las elites. Privatización de facto que se genera por la ineptitud de la gestión pública y que, en la permisibilidad e impunidad de la corrupción, sostiene su legitimidad.

En el Ecuador actual hay múltiples ejemplos.

Reducir las capacidades del sistema estadístico nacional, recortando recursos para la producción estadística, eliminando la representatividad territorial de las encuestas, politizando la gestión de un ente eminentemente técnico para restar credibilidad, a la larga lo que genera es dependencia de procesos privados de levantamiento de información.

Entorpecer la gestión de empresas públicas, al punto de mostrarlas como ineficientes, da paso a agendas de privatización (o concesión) a valor reducido en beneficio de intereses privados. Al final, para privatizar no hace falta cambiar la propiedad formal, lo que interesa es el derecho de usufructo.

Posicionar la corrupción como una generalización de la gestión pública, lleva a promover agendas de privatización, no de la propiedad (no es necesario), pero si del control incluso de la política monetaria y la liquidez de la economía, bajo una supuesta independencia del Banco Central.

La incapacidad para gestionar vacunas frente a una pandemia, el abuso en la asignación discrecional de beneficiarios, a lo que se suma la falta de vacunas pentavalente para niños y niñas, y de otras medicinas e insumos médicos en la red pública de salud, obliga a los hogares a realizar compras privadas y posiciona la idea de la gestión privada de la salud ante las fallas de la oferta pública.

¿Por qué no ha renunciado el ministro Zevallos, o por qué el Presidente Moreno no lo ha destituido?

La ineptitud y la corrupción que estamos viviendo no son un error, son una agenda de privatización. Es el reflejo de la captura del poder político para beneficio de intereses económicos. 

La alternativa para superar el ‘Leviatán de Papel’, y lograr una senda de desarrollo, como se plantea en el mencionado artículo, es aumentar el poder de la sociedad para exigir que se le dé prioridad al bien común, reduciendo el poder de las elites económicas.

Y fortaleciendo las capacidades del Estado, evitando su ausencia, pero asegurando los contrapesos democráticos para no caer en el despotismo, y así garantizar el bienestar de todos los miembros de la sociedad, no solo de unos pocos privilegiados.

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