Es un consenso, el rol fundamental que cumplen las instituciones como determinantes del desarrollo socioeconómico.
Las instituciones constituyen el conjunto de valores, principios y normas que organizan a una sociedad.
Por tanto, las sociedades que han logrado mayores niveles de bienestar cuentan con instituciones inclusivas y estables. Las instituciones, sociales todas, son de índole legal, política y económica.
Las instituciones son inclusivas cuando representan y sirven al bien de todas las personas. Según el Latinobarómetro, en el último dato disponible de libre acceso (2018), a nivel regional el 78,9% de las personas consideran que su "país está gobernado por unos cuantos grupos poderos en su propio beneficio", en Ecuador este indicador sube a 81,2%.
Si comparamos con los datos de 2013 (60% a nivel regional y 34% para Ecuador), para la misma pregunta, observamos un notorio deterioro de la calidad de las instituciones de gobierno (desde la percepción de las personas).
Las instituciones son estables cuando cuentan con transparencia y respeto (confianza y credibilidad).
Siguiendo los datos del Latinobarómetro, en cuanto al porcentaje de personas con mucha confianza, se observa que las instituciones ecuatorianas puntúan bajo en general, y además por debajo de los promedios regionales: Justicia 3,9% (5,8%, regional), Electoral 4,8% (8,2%, regional), Gobierno 4,8% (5,7% regional), Asamblea Nacional 4,0% (4,4%, regional).
La baja confianza lleva a la inestabilidad.
En la historia de Ecuador son norma los cambios, impulsados desde el poder Ejecutivo, de cortes de justicia, del poder electoral, de las entidades de control, y de los procesos constituyentes. Siempre ofreciendo corregir los errores, pero en la práctica replicándolos según los intereses de turno en el poder.
Como ejemplos de la situación actual tenemos que ante la paralización del aeropuerto de Guayaquil, al parecer por orden de la alcaldesa, la Fiscalía General del Estado no ha actuado, y va quedando en el olvido.
Por su parte, la Procuraduría emitió un pronunciamiento en que señala que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no es institución financiera, para abrir paso a que el exministro de finanzas asuma la vicepresidencia del BID (contraviniendo la norma constitucional).
Además, ante la renuncia de un vocal del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), la débil institucionalidad lleva a una pugna de poderes entre el gobierno nacional y el CPCCS, por el mecanismo de designación, y que termina incluso en pugna de a quién consultar: el CPCCS pidiendo que sea la Corte Constitucional y el gobierno prefiriendo a la Procuraduría.
Finalmente, la pugna generada por el Consejo Nacional Electoral que, por presiones políticas, cada vez más evidentes, no aplica la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sobre inscripción de candidaturas; y no logra confirmar los binomios que participarán en los comicios de 2021.
El riesgo incluso es de aplazar elecciones: ¿para qué? Si eso ocurre los únicos que ganarían son quienes ven algún beneficio en que se concreten los procesos de venta o concesión de empresas públicas en que ha insistido el Gobierno, y quienes promueven reformas legales que el FMI ha pedido y para las que, al parecer, el tiempo no alcanza.
El resultado es, el uso de las instituciones a conveniencia de intereses particulares.
Ecuador enfrenta una serie de problemas coyunturales que se deben atender (pobreza, desempleo, por mencionar algunos), pero no se deben perder de vista reformas estructurales indispensables para el desarrollo: las instituciones.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
