El gobierno ha presentado a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para atraer inversiones por USD 30.000 millones y generar dos millones de empleos hasta 2025.
Para poner en contexto lo ambicioso de esta iniciativa, cabe señalar que anualmente se generan cerca de 200 mil nuevos empleos y que la inversión privada anual es de alrededor de USD 16.000 millones.
En los últimos cuatro años, la inversión extranjera directa acumulada ha sido de apenas USD 4.000 millones.
La nueva Ley pretende cambiar drásticamente esta realidad y producir un verdadero shock de inversiones, que dinamice la actividad económica y el empleo.
De ser aprobado este marco legal, la pregunta es: ¿será efectivo para alcanzar los resultados anunciados?
Varios países en América Latina, incluyendo a Ecuador, han sido relativamente exitosos en atraer inversiones extranjeras en sectores extractivos como petróleo, gas y minería.
Si bien estas inversiones son importantes para en términos de divisas y de ingresos fiscales, no son las que generan mayor empleo de calidad. Sus efectos sobre la innovación y el conocimiento en el país receptor son limitados y requieren supervisión estricta para asegurar su sostenibilidad ambiental y social.
Por tanto, es prioritario atraer inversiones en sectores de agronegocios, manufactura y servicios con alto contenido tecnológico y con mayor impacto en el empleo de calidad.
El caso de Costa Rica es reconocido como una de las primeras y más exitosas estrategias de atracción de inversión extranjera directa en estos sectores. Ecuador puede aprender mucho de esta experiencia.
El hito más notable fue la decisión de INTEL, en 1996, de instalar su operación de ensamblaje de microprocesadores en Costa Rica. En sus primeros años, invirtió USD 390 millones, generó 2.200 empleos directos con salarios superiores al promedio nacional y multiplicó las exportaciones del país.
Varias empresas tecnológicas siguieron este ejemplo y, como lo señalan Ricardo Monge y otros analistas, su impacto fue más allá de lo cuantitativo: se creó un ecosistema con derrames de conocimiento, transferencia tecnológica y productividad al resto de la economía.
En 2014, INTEL decidió abandonar la producción de microprocesadores y trasladarla a un país más barato.
Parecía el fin de una época, pero la capacidad instalada de este clúster abrió el camino de Costa Rica para ser la base para atraer a empresas en otros sectores, como la producción de dispositivos médicos y actividades de mayor valor agregado en investigación y desarrollo de empresas tecnológicas.
Cada año, Costa Rica sigue atrayendo inversión extranjera en torno a USD 2.500 millones (5% del PIB). El 60% se localiza en sectores de alta tecnología. Las zonas francas acogen a más de 400 empresas que generan 135.000 empleos directos y miles más indirectos.
En la última década, las exportaciones de bienes y servicios de Costa Rica se han duplicado y hoy superan los USD 20.000 millones, explicadas en buena medida por las operaciones de las empresas extranjeras localizadas en el país.
Una lección importante del caso costarricense es el esfuerzo institucional para atraer inversiones de calidad. Aquí aplica muy bien la popular frase atribuida a Thomas Edison: el éxito es 99% transpiración y 1% inspiración.
Una nueva ley puede ser un primer paso y una buena inspiración, pero requerirá de gestión concertada y de mucha transpiración para crear un ambiente que sea atractivo para que las empresas instalen sus operaciones en el país.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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