Luego de una auspiciosa recuperación económica en 2021, América Latina transita por un período de lento crecimiento de apenas 2,5% en promedio en 2022 y 2023.
La situación en Ecuador no es muy diferente, con proyecciones de alrededor de 3%. Esto es claramente insuficiente para enfrentar los problemas fundamentales de desempleo, pobreza y desigualdad, que fueron agravados por la crisis del Covid.
Existe un consenso: para dinamizar el crecimiento económico habrá que aumentar significativamente los niveles de inversión. Entre 2000 y 2019, la inversión total -pública y privada- en Ecuador fue del 23,3% del PIB, y el país alcanzó una tasa de crecimiento promedio del 3,5%.
Para crecer a por lo menos a un 5% en el mediano plazo, se necesitará aumentar la inversión a cerca de 30% del PIB, tal como lo explican los más sencillos modelos macroeconómicos.
En la década pasada, Ecuador se acercó a dichas cifras. Entre 2010 y 2014, la inversión total llegó a ser el 26,6% del PIB, y el crecimiento promedio fue del 5,2%.
Sin embargo, la mayor parte del incremento provino de la inversión pública, que aumentó de 4,5% del PIB en 2006 a 15,7% del PIB en 2014. Pasó de representar el 20% de la inversión total en 2006, al 58% en 2014.
Pero la estrategia de crecimiento basada en la inversión estatal fue efímera e insostenible, pues dependió de los extraordinarios precios del petróleo y del endeudamiento público agresivo.
Dada la crítica situación fiscal actual, hay poco espacio para aumentar la inversión pública, por lo que la mayor parte del aumento de la inversión deberá provenir del sector privado.
El gobierno ha anunciado un shock de inversión nacional y extranjera para reactivar la economía, y tiene listo un proyecto de ley de promoción. Para que dicha ley sea efectiva, se debe partir de una reflexión: por qué la inversión privada es tan baja y cómo el nuevo marco legal resolverá los principales problemas.
Existe una larga lista de posibles explicaciones: altos impuestos, falta de financiamiento, elevadas tasas de interés, escaso nivel de ahorro, inestabilidad macroeconómica, debilidad institucional, exceso de tramitología y burocracia, corrupción, inseguridad física y jurídica, fallas de mercado, altos salarios, rigidez laboral, baja calidad de la educación y la salud, mala infraestructura, inequidad, polarización social.
Este listado puede crecer de manera casi interminable, dependiendo de los gustos y de la ideología del analista.
Sin embargo, tratar de atender simultáneamente todos los factores que podrían estar afectando la inversión privada es imposible.
Además, podríamos estar "ladrando al árbol equivocado", intentando corregir factores irrelevantes o sobre los cuales no se tiene incidencia. Los recursos financieros, humanos y políticos son limitados, por lo que necesariamente se deberán enfocar los esfuerzos en los dos o tres obstáculos más restrictivos.
Ricardo Hausmann y otros colegas propusieron una metodología de diagnóstico del crecimiento para identificar tales restricciones.
Valdría la pena hacer un ejercicio así y asegurarse de que la nueva ley resuelva los cuellos de botella, evitando que sea una colección de incentivos tributarios y subsidios al sector privado con un alto costo fiscal, y que no ataque los verdaderos problemas que afectan la inversión.
Es posible que la solución de muchas de estas restricciones no requiera de más leyes sino de decisiones y acciones concretas de ministerios, municipios y otras entidades públicas que faciliten el trabajo de las empresas y de los ciudadanos.
En muchas ocasiones, agilizar un permiso es más importante que tener un extenso cuerpo legal con decenas de artículos complejos y de difícil implementación.
Al existir problemas específicos en cada sector, sería deseable desarrollar mecanismos de diálogo entre el sector público y privado para identificar las barreras que bloquean la inversión.
En Perú, por ejemplo, se constituyeron las llamadas mesas ejecutivas, como una herramienta transparente y efectiva para identificar los obstáculos específicos que frenan la inversión y para resolver problemas de coordinación interinstitucional.
No se necesitó de una ley, sino de mucho esfuerzo de gestión y de construcción de confianza.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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