Fallos judiciales exprés en favor de Jorge Yunda, el removido alcalde de Quito, que se aferra al cargo de manera indecorosa, encendieron las alarmas entre abogados, jueces y autoridades judiciales. Algo no cuadraba.
Revisados los procesos quedaron al descubierto insospechadas maniobras en el sorteo de los recursos, que evidencian la degradación de la justicia.
Como consecuencia, dos jueces y cuatro funcionarios han caído en su propia trampa y han sido sancionados; la sociedad los mira con desprecio.
En estos casos se concentran todos los vicios de la justicia; por eso, aunque hay muchos más en el país, los dos han causado conmoción.
Para reducir a cuatro o cinco el universo de juzgadores, cuando normalmente serían de alrededor de 215, hicieron pasar una causa constitucional como tema de violencia, que implicaba información sobre el agresor que, obviamente, no existía.
El perverso mecanismo permitió a los 'complotados' que la jueza de la Unidad de Violencia contra la Niñez y la Familia, María Belén Domínguez, aceptara la acción de protección, aunque de manera parcial, interpuesta en contra de la Comisión de Mesa del Concejo, por el alcalde removido.
Se trata de la misma jueza que había puesto en duda la legitimidad de la decisión del Concejo, aunque se basó en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad), y en las atribuciones que tienen los ediles para hacer control político y fiscalizar.
"¿Es una distorsión de la democracia que 15 personas puedan cambiar algo que fue decidido por el pueblo en las urnas?", escribía la jueza, en Twitter, olvidando que los concejales también son elegidos en las urnas.
No haberse excusado habiendo adelantado criterio, es una torpeza incompatible con la función que desempeña; aunque puede ser que, algo no revelado, le hacía sentir inmune.
El segundo caso es peor, porque el sistema del Consejo de la Judicatura (CJ) ni siquiera registra el sorteo, lo que significaría que la asignación fue direccionada.
Este caso fue ingresado como causa civil y no como causa constitucional, que es la que planteó Yunda. El juez Carlos Soto le dio la razón.
Que no exista registro en el sistema muestra la vulnerabilidad del mismo, en la era de la tecnología, y eso es escandaloso, porque es el mecanismo por el cual pasan todas las causas y parece estar a merced de cualquier truhan.
Estas falencias puestas al descubierto, movilizaron al Consejo de la Judicatura (CJ), que debió sesionar, de manera urgente, y su presidenta, María del Carmen Maldonado, presentarse ante los medios para asegurar que tienen el control y dar cuenta de procesos disciplinarios de tipo administrativo y de otras acciones, en contra de cuatro funcionarios judiciales y los dos jueces.
El caso del juez Soto fue calificado por Maldonado como gravísimo.
Usuarios de la justicia aseguran que no es la primera vez que se dan hechos así, solo que hoy han tenido revuelo porque involucran a una exautoridad de la capital y el país está pendiente de lo que pase con Quito.
La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) confirma esas percepciones, al señalar que las incorreciones del sistema de sorteos de las causas develadas por la máxima autoridad del CJ, explicarían "las anomalías en los procedimientos respecto de ciertos casos vinculados con la lucha contra la corrupción". Y piden una auditoría.
En busca de evidencias, la Fiscalía y la Policía allanaron las oficinas de los jueces Domínguez y Soto, que están bajo investigación y han sido suspendidos, de manera temporal.
En el inmueble de la jueza se encontraron borradores de resoluciones de otros casos y copias de expedientes de causas en contra del Estado.
Un sistema de sorteo trucado y las acciones siguientes han sacado a la luz una perversa trama, quizá urdida entre distintos poderes. Quienes litigan sospecharán, hoy, de todos.
Desde luego que muchos jueces han demostrado coraje y apego a la deontología jurídica.
Sin temor, han mandado a la cárcel a un vicepresidente, ministros, empresarios y gente con poder; incluso, hay un expresidente sentenciado y prófugo. Pero los casos comentados son una herida en el rostro de la justicia.
Las acciones de protección y las medidas cautelares otorgadas al exalcalde estarían en contradicción con la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que confirmó que el Concejo Metropolitano cumplió con las formalidades establecidas en el Cootad.
Jorge Yunda ya no es alcalde de Quito, pero prevalido de que hay jueces de bolsillo, aunque removido del cargo, investigado por corrupción y con grillete en su tobillo, convoca a sesiones del Concejo, lo que supondría usurpación de funciones.
La realidad es siempre más compleja de lo que parece. Domínguez y Soto han sido atrapados en su propia emboscada.
Este tipo de jueces que manipulan la justicia, la reducen a una burda parodia, y la pervierten. La mendacidad jamás será un atributo. Hay que liberase.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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