Leyenda Urbana
La justicia y la fiscal Salazar liberan al país de Correa, que cae por corrupción
Thalía Flores y Flores

Thalía Flores y Flores

Periodista; becaria de la Fondation Journalistes en Europa. Ha sido corresponsal, Editora Política, Editora General y Subdirectora de Información del Diario HOY. Conduce el programa de radio “Descifrando con Thalía Flores” y es corresponsal del Diario ABC de España.

Actualizada:

7 Sep 2020 - 19:00

¡Condenaron a Correa! ¡Condenaron a Correa! La noticia corrió por las redes y llegó a todos los confines del país. 

Apenas el Tribunal de Casación, integrado por tres conjueces, hizo público su fallo, los ecuatorianos no pudieron contener su emoción. ¡Correa caía por corrupción!

Los zaheridos, los perseguidos, los encarcelados por quien ejerció el poder total durante una década, celebraron. 

La condena a ocho años de prisión e inhabilidad política contra él, varios de sus más cercanos colaboradores, y los empresarios involucrados en la trama de corrupción, por el caso Sobornos 2012-2016, es un triunfo de la verdad sobre la mentira; de la transparencia sobre la opacidad.

El histórico fallo tiene su puntal en la impecable actuación de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y también de la jueza Daniella Camacho.

Como no había sucedido antes, apenas una denuncia periodística reveló la trama de corrupción, en mayo de 2019, se dictó orden de prisión contra Pamela Martínez, exasesora de Correa y exjueza constitucional; piedra angular en el entramado. 

El país desconoce los grandes obstáculos que la fiscal tuvo que vencer para detener a Martínez, cuando ciertos personajes no le respondían ni siquiera las llamadas y debió usar el teléfono de un colaborador, para dar las disposiciones.

En Guayaquil, se apresó a Martínez cuando apenas se bajaba de un vuelo internacional e intentó subir a otro, para huir.

Sus argumentos (teoría del caso) para que dictaran sentencia condenatoria, en abril, fueron impecables. Igual que los del viernes último cuando solicitó al Tribunal ratifique la sentencia de segunda instancia, del 22 de julio pasado. 

La condena a ocho años de prisión e inhabilidad política que ha convertido a Correa, oficialmente, en prófugo de la justicia, es también un antídoto contra la desmemoria nacional. 

Para dimensionar lo que acaba de suceder, hay que recordar que el origen del poder que blindó a Correa, hasta ahora, se forjó en Montecristi, donde en una operación política de precisión quirúrgica, inventaron el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), andamiaje sobre el cual se levantó el edificio del totalitarismo. 

Marionetas en las manos del “jefe de todos los poderes”, los vocales del CPCCS pusieron como fiscales a quien él ordenaba. 

Galo Chiriboga, Gustavo Jalhk y Carlos Baca Mancheno. Y a Carlos Pólit en la Contraloría. 

En la Corte Constitucional, los dóciles magistrados nunca tuvieron los arrestos para impedir que Correa se saltase la ley, y peor tramitar las demandas en su contra.

Alquimistas del mal, forjaron la Ley Mordaza, considerada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) como la más restrictiva del Hemisferio, con la que la Supercom perseguía a periodistas y medios que denunciaban al poder. E imponía multas para aniquilarlos.

Tras meter la mano en la justicia, un Consejo de la Judicatura sumiso lo protegía y sancionaba a inocentes, a través de jueces venales.

Todo esto acompasado por una incesante propaganda que calaba en el Ecuador más profundo, aunque taladraba los sesos de aquellos que siempre supieron de su idolatría por Goebbels. Y el amor al poder y al dinero.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) nunca pidió cuentas de las millonarias campañas de AP.  

Correa dirigió un gobierno arrogante, despótico, persecutor, corrupto e impune. 

La brújula ética se había perdido. Una dictadura bananera se había instalado en Ecuador.

Pero cometió un error de cálculo.

Jamás imaginó que su sucesor convocaría una consulta popular que dispondría nombrar un CPCCS transitorio. Y que ese Consejo elegiría nuevo fiscal y autoridades de control, que provocarían un viraje en el siniestro esquema imperante.

Fue el comienzo del fin.

La sentencia contra Correa es un hito en una democracia que debe estar sostenida en la ejemplaridad, porque todos los ciudadanos son iguales ante la ley.  

El Caso Arroz Verde destapado por Fernando Villavicencio, Christian Zurita y Cristina Solórzano, de los portales Mil Hojas y La Fuente, que mostró que el chantaje a las empresas se hacía desde la Presidencia, reivindica el papel de la prensa, en su tarea primigenia de sacar a la luz lo que el poder quiere ocultar. 

En Carondelet, al más puro estilo de las mafias, usaron claves secretas: SP = Señor Presidente; SVP = Señor Vicepresidente; MD = María de los Ángeles Duarte. Y así…

¡Pero le llegó su hora!

Sin el blindaje que lo cobijó de impunidad, Correa ha caído por un acto de corrupción. Es un golpe moral devastador. 

Desde luego que, usando el conglomerado de medios adictos al Socialismo del Siglo XXI, podrá decir que es víctima de persecución política. Pero no hay vuelta atrás.

 La sentencia condenatoria es su muerte reputacional y el fin de su carrera política.

Correa es hoy un héroe de papel. Un convicto del que Ecuador se ha liberado, gracias a la acción de la justicia y a la fiscal Diana Salazar.

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