La burla infinita

La administración cultural del país es miserable y vergonzosa. El 18 de junio, una vez más, los trabajadores de la cultura protestaron por la ineficiencia del Ministerio de Cultura.

Protestaron por la inoperatividad del  Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades.

Protestaron por la gestión de espectáculos –incluyendo el show de luces– que la Alcaldía de Quito confunde con cultura.

Protestaron por la falta de voluntad política para aplicar la Ley Orgánica de Cultura, que tomó 10 años en hacerse y, aunque han pasado dos años desde su aprobación, sigue estancada.

Protestaron, porque todas esas cosas se convierten en armas de precarización de un sector profesional que no es tratado como tal, que es tratado con sistemas clientelares y dádivas y usado en discursos populistas.

Todo eso repercute en las condiciones de vida de miles de trabajadores que no quieren migajas ni discursos, sino cambios estructurales en un sistema laboral.

En una investigación de la Redacción de Cultura de El Telégrafo, se da cuenta del porcentaje de artistas adscritos al RUAC (Registro Único de Artistas y Gestores Culturales) que tienen afiliación a la seguridad social.

Las cifras son escandalosas y muestran, además, el fracaso del RUAC. Un sistema que nació bajo sospecha y que, hasta ahora, sólo sirve para aplicar a fondos.

La administración cultural del país no tiene legitimidad.

Y la institución que peor representa los intereses del sector es la mismísima Casa de la Cultura, cuyos directores, enquistados allí desde hace décadas, turnándose el poder, saltando de repente al Ministerio, solo sirven como ejemplo para mostrar la desconexión profesional y generacional con los gremios culturales que claman por transformaciones.

Hay un choque generacional, sí. Hay una brecha que revela cómo generaciones anteriores fueron incapaces de construir unos cimientos sólidos para el trabajo cultural, que participaron en la construcción de un modelo de trabajador cultural que vive del aire, que espera estar pegadito al poder y que no incomoda.

Debe ser por eso que las autoridades se sorprenden cuando las escritoras denuncian que el Plan Nacional del Libro y la Lectura no pagó derechos de autor y simplemente tomó textos a discreción.

Y así como la generación anterior no logró profesionalizar el trabajo cultural, hay otros tantos funcionarios con ínfulas para quedarse estancados en los puestos y asumir cargos para los cuales no están capacitados, cargos a los cuales llegan por cuotas políticas y asignaciones a dedo.

Eso se hace más evidente y vergonzoso desde finales de los años noventa e inicios de la década de 2000, cuando hemos visto cómo nuevos actores empiezan a participar en el sistema cultural, con otras demandas, con otras perspectivas de trabajo y las autoridades de turno, desde la Presidencia hasta las alcaldías y prefecturas, nunca están a la altura.

La creación del Ministerio de Cultura fue una esperanza y se desvaneció. El monstruo burocrático ha detenido y entorpecido incluso a los profesionales serios y formados, que han entrado e intentado mejorar las condiciones del trabajo cultural. El aparato ahoga sus iniciativas.

La política real se resiste a cualquier cambio pero, por otro lado, el trabajo en la cultura no cesa, hay un impulso que no detiene a la gente del teatro, a la gente del cine, a la gente de la música, a la gente de la literatura, a la gente de la danza, a la gente del arte, a la gente de la gestión cultural, a la gente del trabajo comunitario, a la gente que trabaja con patrimonios tangibles e intangibles…

El impulso vital de crear, investigar, preservar, presentar está ahí siempre y resiste y persiste e insiste.

Sin embargo, me pregunto hasta cuándo los trabajadores de la cultura vamos a tener que protestar por condiciones mínimas de trabajo, hasta cuándo vamos a estar secuestrados por administradores ineficientes, por advenedizos sin formación y por dinosaurios aprovechados.