El presidente Guillermo Lasso ha presentado, a los cuatro meses de mandato, el proyecto de ley por la que se definirá su gobierno (en principio de 48 meses).
Me parece una apuesta arriesgada por parte del Presidente, pues puede no aprobarse la ley y su legislatura quedar truncada… salvo que planee ir a muerte cruzada. Esta situación es lo contrario del “gradualismo macrista” del que tantos le acusan.
Es una ley larga y que trata muchos temas, por tanto es complicado hacer un análisis somero o taxativo.
Sin embargo, lo principal es que es un proyecto de ley que afronta de manera directa y clara los principales problemas de la economía del Ecuador: el empleo y la burocracia que dificulta la creación de empresas. Claro que falta el reducir y optimizar el gasto público, que el gobierno anuncia que hará en un futuro, pero no lo concreta.
La ley presenta dos aspectos muy cuestionables: un aumento de impuestos a empresas, gravando el capital, lo que es un grave error conceptual; y un impuesto a personas que cobran más de USD 2.000 al mes o que tienen un alto patrimonio, con lo que otra vez se vuelve a la perniciosa retórica de que “paguen los ricos”, en lugar de centrarnos en cómo conseguir que todos tengamos más.
Pero la ley sí afronta un nuevo modelo laboral, que ha de ser paralelo al del Código Laboral actual, que con más de ocho décadas es nefasto. Si no se puede cambiar, sí se puede al menos, evitar que siga impidiendo más contrataciones, y eso se intenta con flexibilidad y agilidad.
La ley propone un sistema de tributación aún más sencillo y bajo que el RISE, y sobre todo, más generalizable, esto es una excelente noticia para los pequeños empresarios. Además de la reducción de impuestos, como el IVA a productos higiénicos femeninos, videojuegos, plataformas, etcétera. Ojalá fuese a más productos, pero al menos es algo.
No obstante, la ley cifra su capacidad de que la economía crezca y, por tanto, de crear más empleo en tres aspectos: concesiones más ágiles para el sector de hidrocarburos; el sector minero y eléctrico, permitiendo la inversión privada. Se refuerzan los incentivos fiscales a las nuevas inversiones, que esperemos que resulten más atractivas, como las Zonas Francas que se propone crear.
Otro aspecto muy importante de la ley es la simplificación normativa, tanto a nivel tributario como productivo, se valora poco lo que se puede aliviar a la economía ecuatoriana con normas más ágiles y sencillas.
La ley propone un cambio de rumbo de la economía ecuatoriana, de un modelo intervencionista a un modelo mucho más libre y abierto.
No es un cambio radical en general. No lo es porque no hay mayoría en la Asamblea para cambiar el Código Laboral o tributario entero, pero es que tampoco hay una mayoría social que apoye estos cambios.
Es un intento por enrumbar la economía ecuatoriana, un intento casi desesperado, pues la situación del empleo y la pobreza es dramática.
Esperemos que se abra un debate serio y centrado en lo propuesto, pues Ecuador necesita plantearse cómo generar riqueza y empleo, y si no es con esta ley, parece que no hay alternativa alguna más que continuar varados sin rumbo ni destino.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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