Para prácticamente todos los sectores del país, la inseguridad ciudadana es el tema que concita la mayor atención en las últimas semanas. Las denuncias sobre homicidios, riñas, asaltos y delitos de diferente naturaleza son el pan de cada día de analistas, periodistas y ciudadanía en general.
¡Más seguridad! Es la proclama y los ojos se vuelven inevitablemente hacia la Policía Nacional. La acción policial es defectuosa, no hay control. Allí está la explicación simple pero más difundida.
Vivimos en un Estado fallido, en el que se perdió todo control sobre las garantías mínimas que se deben proveer a los ciudadanos. Ese es el diagnóstico, aparentemente, más sofisticado.
Sin embargo, ni uno ni otro tienen mayor sustento cuando se echa una ligera mirada a las cifras. Así, los datos del número de delitos cometidos por año, a partir de 2014, arrojan los resultados constantes en este gráfico:
En efecto, hay un descenso drástico de los hechos delictivos reportados a la Policía Nacional durante 2020 con relación a años anteriores.
Si bien las cifras consideran información solamente hasta finales de noviembre del año en curso y en el decrecimiento se encuentra también el efecto del Covid a nivel mundial, aquello no deslegitima de forma alguna una primera conclusión: hay un claro sobredimensionamiento de la inseguridad ciudadana.
Tal es el sobredimensionamiento que ahora mismo se denomina "pareja del terror" a dos personas acusadas de asaltar una panadería y una pizzería en Quito. Ambos delitos son reprochables, desde luego, pero a la par hay que convenir en que los dos son hechos menores.
A manera de comparación, en la década de los noventa se conoció una serie de asesinatos en serie cometidos por el 'niño del terror', un joven de quince años que, junto a una banda bien organizada, quitó la vida a más de veinte personas en aproximadamente cuatro meses.
Las distancias entre una y otra noción de "terror" se explican por sí mismas.
La tasa de homicidios intencionales por cada 100.00 habitantes, que consta en el gráfico que a continuación se expone, ratifica la idea del sobredimensionamiento del discurso de la inseguridad ciudadana. Comparativamente, entre 2019 y 2020 las cifras prácticamente no varían aunque ambas son mayores que las reportadas para el período 2015-2018.
No obstante, hay que tomar en cuenta el efecto Covid, a partir del que se pueden proponer dos hipótesis. La primera señala que la pandemia aumentó la tasa de homicidios intencionales, por lo que la cifra de 2020 hubiera sido menor si hubiéramos vivido en circunstancias normales.
La segunda plantea que la pandemia disminuyó las muertes violentas, al igual que ocurrió con el resto de delitos, por lo que la tasa de homicidios intencionales debería ser algo mayor a la reportada. En cualquiera de los casos, el mensaje es que la seguridad ciudadana es un tema clave que debe ser tratado con seriedad pero sin llegar a generar temor excesivo entre la población.
De ese temor, precisamente, se sirven ahora mismo los discursos de algunos candidatos presidenciales para intentar posicionar la idea de que es necesario permitir el uso de armas, incrementar las penas y establecer la cadena perpetua.
La mala noticia para ellos es que ninguna de esas opciones reduce la delincuencia y tampoco genera réditos políticos inmediatos.
Si quienes ahora creen que apelar al discurso de Trump o de Bolsonaro les proporcionará votos, la realidad les dirá que el elector aún indeciso está en sectores medios de la población entre los que el escenario cuasi hobbesiano que plantean no genera adeptos sino, por el contrario, un rechazo contundente.
Ni siquiera en países con democracias consolidadas y aparatos burocráticos sólidos esas políticas han sido eficientes, menos aún lo serán en uno como Ecuador, en el que por unos pocos dólares se podría obtener permiso para cualquier tipo de arma o en el que, por las presiones mediáticas y de las redes sociales, los jueces se verían presionados de tal forma que terminarían encerrando de por vida a personas respecto a las que no existan pruebas suficientes de responsabilidad penal.
Si lo que buscan es disminuir la delincuencia y la inseguridad, preocupantes, pero no en los niveles en los que se las intenta posicionar, propongan educación pública laica y de calidad.
Si lo que les interesa es capturar a la población joven, hablen claramente de cómo afrontarán en sus gobiernos algunos temas clave como el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto o el rol de las drogas para uso personal.
Si la intención es posicionarse mejor ante el electorado, evidencien con hechos que les interesa incluir a las mujeres en los espacios de decisión política.
Si pretenden acceder a cargos de elección popular, señalen claramente cuáles serán las estrategias para reducir las vergonzosas asimetrías económicas en las que vive el país.
La inseguridad y la delincuencia no disminuyen por la generación de leyes más punitivas ni por tener una población con pistola al cinto. Esos fenómenos sociales se reducen, candidatos extremistas e intolerantes, cuando hay sociedades más equitativas, con mayores oportunidades de trabajo y acceso a servicios públicos de calidad.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
