Ecuador presenta proyecciones de crecimiento económico mediocres para 2019: -0,5% de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, 0,1% según el Banco Mundial, y 0,2% según la Cepal y el Banco Central del Ecuador.

El principal factor de esta desaceleración económica es la reducción de la inversión. En el primer trimestre de 2019 la Formación Bruta de Capital Fijo (activos fijos no financieros públicos y privados) cayó 1,8% con relación al primer trimestre de 2018.

La inversión pública se redujo por decisión del gobierno en acuerdo con el FMI, mientras que la inversión privada no llega a pesar de varias exoneraciones y de condonaciones de impuestos.

La deuda externa alcanzó los USD 39 mil millones (35,9% del PIB) según el boletín del Ministerio de Economía y Finanzas, a pesar de la reducción de la inversión, retornando a niveles que no se veían desde 2003.

La ciudadanía no cree en las instituciones. De acuerdo con Click Report, a julio de 2019, el 85% no cree en los jueces, el 84% no cree en la Asamblea Nacional, el 80% no confía en el gobierno, el 77% no cree en el Consejo Nacional Electoral, la Contraloría General del Estado, ni en la Fiscalía.

¿Cómo creer en las instituciones si ninguna está pensando en los problemas de la ciudadanía?

Según datos del INEC, a junio de 2019 la pobreza alcanzó a 4,2 millones de ecuatorianos (25%, uno de cada cuatro), hay 366 mil desempleados y 4,7 millones de empleados inadecuados.

Estamos con las peores cifras de empleo de los últimos 12 años; y la respuesta de gobierno es despedir funcionarios públicos y proponer la reducción del pago de horas extras y liquidaciones.

No se ha escuchado a ninguna autoridad de gobierno dar respuestas para mejorar la capacidad de generación de ingresos de la población en situación de pobreza, y para ampliar su acceso a servicios básicos de agua, saneamiento, salud y educación.

De la ‘Minga Agropecuaria’ ya no habla el gobierno. ¿Dónde quedó la propuesta de reducir la tasa de crédito productivo en el agro a 5%? No existe una política de comercialización que aumente el ingreso de productores de la agricultura familiar y campesina.

Tampoco se menciona a los miles de jóvenes que, habiendo terminado el bachillerato o una carrera, no encuentran empleo y por necesidad aceptan cualquier tipo de tarea y se alejan de su formación.

No existe un plan de reconversión laboral para los funcionarios públicos despedidos a fin de que encuentren un empleo privado o puedan iniciar un emprendimiento.

No se menciona cómo cerrar las brechas salariales que discriminan a mujeres, pueblos y nacionalidades.

No se presenta ninguna alternativa para fomentar el emprendimiento, el acceso a tecnología, y la promoción de la producción nacional.

De lo que sí se habla es de las ventajas de los acuerdos comerciales para grupos económicos vinculados al comercio de importación, de subir los costos de los servicios financieros, de vender empresas públicas rentables a grandes inversionistas, de dar incentivos para inversión extranjera en minería, y de flexibilizar las relaciones laborales para que no sea tan ‘costoso’ despedir trabajadores.

Todos los demás, olvidados.

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