Martesinas

Durante una década el país recibió los anuncios más importantes sobre medidas gubernamentales y políticas públicas a través de las altisonantes sabatinas. Ahora, luego de cuatro años en que los anuncios fueron reemplazados por quejas, nos estamos acostumbrando a que las principales acciones del gobierno se proclamen en martesinas.

Antes, el acto se vivía entre una gran audiencia y con el micrófono en una sola dirección. Ahora, si bien el escenario es más parco, también está presente el monopolio de la palabra.

Aunque en algunas ocasiones hay algún periodista que indaga y pregunta, en otras, quizás en la mayoría, se invita a alguien destinado a cumplir la siempre desagradable función de adulador del poder. 

Sea en sábado, sea en martes, lo de fondo es que nuevamente hay que tener en el radar un día a la semana para saber lo que el gobierno planea hacer o lo que podría llegar a hacer.

En ocasiones, los libretos de las sabatinas y de las martesinas también se repiten. Se amenaza a líderes políticos, se desafía a otros y se promete reformar todo para que todo siga igual. En la martesina del 18 de enero de 2022, por ejemplo, se revivió algo que había sucedido ya en la sabatina del 8 de enero de 2011.

En efecto, once años después de que se ofreciera meter las manos en la justicia en nombre de los altos intereses del país, ahora se vuelve al mismo discurso y a la misma justificación. Si antes se calificó a dicha decisión gubernamental como una injerencia abierta en la autonomía del Poder Judicial ahora no existen razones de fondo para tener un argumento diferente.

No es trascendental la coreografía que rodeaba a las sabatinas respecto a la de las martesinas. No es trascendental tampoco el contexto. En un caso y otro hay una amenaza a la autonomía de las cortes de justicia. Coherencia, solo se pide coherencia.

Según la homilía de la última martesina, la solución para mejorar el servicio judicial está en la eliminación del Consejo de la Judicatura. Allí estaría el alfa y omega de todos los males. Tras más de veinte años de vigencia de dicha institución vale la pena que recordemos cuáles fueron las dos razones de fondo para su creación, no solo en Ecuador sino en buena parte de los países de América Latina.

La primera razón tenía que ver con la queja justificada de los jueces supremos quienes argumentaban que no tenían tiempo suficiente para resolver los procesos judiciales por cuanto debían destinar un gran espacio de su gestión a resolver un cúmulo de temas administrativos, desde los más elementales hasta otros de envergadura, como la adquisición de bienes y servicios.

Esto sucedía en Ecuador de hace más de dos décadas, cuando el Poder Judicial era más pequeño en términos del número de funcionarios y la extinta Corte Suprema tenía 31 magistrados. Ahora, cuando ese Poder Judicial ha crecido considerablemente y la Corte Nacional tiene casi la mitad de integrantes, la pregunta que surge es si es buena idea retornar al viejo esquema.

Una mirada elemental al tema da cuenta que eso tornaría a la administración de justicia mucho más lenta, inoficiosa e intrascendente de lo que ya es. Si antes las quejas eran por la falta de gestión presupuestaria del Poder Judicial, sin Consejo de la Judicatura esos problemas se agravarán mucho más.

La segunda razón se relacionaba con lo que se conoce como independencia judicial interna. Dado que magistrados supremos y de cortes provinciales tenían capacidades sancionatorias, de traslado de personal, de selección de nuevos funcionarios y, en definitiva, de ordenar todo el régimen de carrera judicial, esa serie de facultades propiciaba que la autonomía de los jueces inferiores respecto a sus superiores se viera diezmada.

Bastaba una llamada de unos a otros para que una sentencia se agilizara o se dilatara, para que la decisión judicial fuera en uno u otro sentido.

El juez que estaba más arriba en la pirámide del Poder Judicial creaba una suerte de clan de funcionarios judiciales que le resultaban leales, pues de otro modo las retaliaciones se harían presentes.

Eliminar el Consejo de la Judicatura traería nuevamente esa preocupación a los funcionarios judiciales, ya de por sí presionados por los litigios que se resuelven en las redes sociales, por los casos de corrupción judicial o por las afrentas que reciben sin responsabilidad alguna cuando ciertos abogados piden ingentes sumas de dinero a sus clientes a nombre de ellos, para finalmente destinarlas a sus propias cuentas.

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A pesar de que en diversos sectores se juzga con vara diferente las sabatinas y las martesinas, en lo de fondo en las dos hay una clara intención de atentar contra la autonomía del Poder Judicial.

El problema, entiendan los defensores de unas y otras homilías, no está en la existencia o no del Consejo de la Judicatura. El problema está en la necesidad de generar los espacios e instancias para que el funcionamiento de esa institución mejore.

Como antes, como ahora, se confunde la importancia de las instituciones con el desempeño de las personas que son parte de ellas.

Ojalá todo lo dicho en la última martesina sea solo un distractor para llevarnos a una discusión distinta a la que ahora mismo debería tener el país, como la relacionada con la venta del Banco del Pacífico o con la tardanza en el retorno a la educación presencial de niñas y niños.

Ojalá sea así y pronto este anuncio quede en el baúl de lo que pudo ser.