Economía y Desarrollo
Medidas económicas: ¿quién cubre los costos?
Andrés Mideros Mora

Andrés Mideros Mora

Doctor en economía, máster en Economía del Desarrollo y en Política Pública. Decano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Actualizada:

14 Abr 2020 - 19:00

La pandemia del COVID-19 genera una serie de afectaciones, la principal de ellas es el riesgo a la salud y la vida, pero además se derivan de ella impactos tanto sociales como económicos.

En lo económico, que involucra la asignación de recursos para producir, intercambiar y consumir, los efectos de la pandemia establecen tres preocupaciones centrales:

  • Contar con recursos para atender la emergencia sanitaria.
  • Sostener la capacidad de consumo de los hogares (que no pueden generar ingresos normalmente).
  • Cuidar la capacidad productiva del país, tanto para garantizar productos indispensables (por ejemplo, alimentos) como también para una pronta recuperación post crisis.

Preocupaciones que se deben solventar en ese orden de prelación. Sin vida, no hay salud; sin salud, no hay consumo; sin consumo, no hay para qué producir.

En este escenario, el Presidente la República anunció, en el feriado de Viernes Santo una serie de medidas de política económica, que se señalan a continuación y se discuten con base a las prioridades mencionadas:

  • Crear una cuenta nacional de asistencia humanitaria, que no será administrada por el Gobierno, sino por representes de la sociedad civil.

Hasta la fecha no se ha señalado como se integrará esa junta, ni se ha explicado la base legal que permitiría a privados administrar fondos públicos (recaudación de impuestos), ni el control que debe realizar la Contraloría General del Estado.

El Ministro de Finanzas ha anunciado que están revisando escenarios. Es una propuesta que, ante una emergencia, genera más preguntas que respuestas por no decir que denota una visión de “privatizar” la gestión pública y las responsabilidades del Estado.

El gobierno tampoco ha logrado costear la necesidad real de recursos, a fin de planificar las fuentes de financiamiento y sus usos.

  • Financiar esta cuenta mediante un impuesto (llamado contribución) del 5% de las utilidades de las empresas que generaron más de un millón. El Ministro de Finanzas anunció que se espera recaudar USD 516 millones, pero que habrá excepciones. Entre las que se difunden se encuentra la posibilidad de deducir las donaciones que se habían realizado de forma anterior al anuncio.
  • Generar un aporte (impuesto) para los trabajadores públicos y privados con ingresos mensuales superiores a USD 500 (en una tabla que va desde el 1% hasta el 35%) por los próximos nueve meses. No se ha explicado si será únicamente para quienes están en relación de dependencia y tienen el empleo asegurado. El ministro de Finanzas anunció que se espera recaudar USD 695 millones con esta medida, y señaló que para el caso de servidores públicos la contribución será por 10 meses y equivaldrá al 10% del salario para quienes ganan más de USD 1.000.

¿Quién paga? Hay varios problemas con estas propuestas de financiamiento. El primero es que se establece sobre una variable coyuntural (más aún en medio de una crisis), como es el ingreso.

Nadie tiene certezas sobre su empleo y su salario del próximo mes (mucho menos cuando se quiere abrir la posibilidad de libres negociaciones).

Lo segundo es que se afecta la capacidad de consumo de los hogares, aumentando su vulnerabilidad. Lo tercero, que el aporte (la carga del costo) es mayor en salarios que en utilidades; además de generar posibles deducciones de donaciones (que ya no lo serían) de empresas, pero no toma en cuenta las transferencias entre hogares que se han realizado a lo largo de estas semanas.

Se está cargando el costo de la crisis sobre los trabajadores, lo cual no sólo es injusto porque agrava la perdida de bienestar, sino que es perjudicial ya que, al contraer el consumo, se profundiza la crisis.

Un cuarto problema es incluir a personas con ingresos desde los USD 500, cuándo el costo de la canasta básica se ubica en USD 713 (a marzo de 2020). Y, por último, se genera una evidente discriminación hacia funcionarios públicos. ¿Qué diferencia existe entre un trabajador del sector público que gana USD 1.001 y un trabajador en el sector privado, para que al primero se le pida contribuir más y por más tiempo?

Adicionalmente, no se sabe si esos USD 1.211 millones serán suficientes para cubrir las necesidades de la emergencia sanitaria y garantizar el consumo vital de los hogares ecuatorianos. Distintas previsiones señalan que se podría requerir cerca de USD 6.000 millones.

  • Incluir a más familias en el Bono de Protección, de USD 60 mensuales, por dos meses.

Hay una limitación operativa y otra de monto de la transferencia. No se ha indicado cómo se definirá a los hogares beneficiarios, cómo se los ubicará y cómo se hará la transferencia. Las filas que se vieron en algunas ciudades ponen en riesgo de contagio a las personas. Sería importante activar medios electrónicos.

En cuanto al monto, USD 60 mensuales, es apenas el 8% del costo de canasta básica y el 12% de la línea de pobreza, evidentemente insuficiente para generar el efecto deseado de que los hogares puedan subsistir manteniendo medidas de distanciamiento social.

  • Ampliar la cobertura de salud hasta 120 días después de quedarse sin empleo; y activar el seguro de desempleo para cobrarlo a los 7 días y no a los 60 días de quedarse sin empleo.
  • Prohibir desalojos por atrasos en pagos de arrendamiento, durante la emergencia y 60 días después; y subsidiar pensiones educativas privadas (las públicas son gratuitas).
  • Implementar una reforma laboral que permita el cambio de salarios y de jornadas laborales, en ‘libre’ acuerdo entre empleadores y empleados.

Es importante ampliar la seguridad social, pero reconocer que esto beneficia a un limitado porcentaje de la población (el 60% de trabajadores no está afiliado al IESS). Es correcto evitar los desalojos durante la emergencia, pero ¿qué pasará al día siguiente de terminado el plazo?

La reforma laboral para libre acuerdo, que es parte de la agenda de flexibilización laboral del programa con el FMI, bajo el argumento de “algo de empleo es mejor a nada”, no considera que no hay “libre” negociación entre empleadores y empleados, por la simple razón de que la necesidad lleva a aceptar cualquier oferta. Por eso la obligación del Estado de proteger los derechos de los trabajadores.

En síntesis, unas propuestas que lejos de dar soluciones a los problemas económicos coyunturales y estructurales del país, pueden agravarlos.

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