El gobierno nacional ubicó, y con razón, la meta de vacunar a 9 millones de personas hasta finales de agosto (100 días de gobierno). Al 22 de junio, en el ‘vacunómetro’ del Ministerio de Salud Pública (MSP), se registran 1,2 millones de personas con la segunda dosis.

Si bien el proceso avanza, y se ha acelerado de buena manera, en comparación con el del gobierno anterior, el avance va apenas en un 13% de la meta.

La vacunación es indispensable para la inmunización y, por ende, para retomar actividades productivas, educativas y sociales de forma presencial, que tanta falta hace, pero hacerlo sin los debidos cuidados puede terminar en nuevas olas de contagios, como la sufrida por Chile.

Por esto es importante manejar con prudencia las expectativas sobre los avances y dar relevancia al principio de precaución, para salvaguardar la vida.

Mientras avanza el plan de vacunación y muchas entidades inician o amplían sus planes de retorno a la presencialidad, el Gobierno Nacional va tomando decisiones en materia económica a las que no se les está dando debate.

Al parecer, la Asamblea Nacional aún no logra superar el impacto de los pactos iniciales y ha pospuesto su rol de espacio de deliberación política.

Así, por ejemplo, mientras la Ley Orgánica de Asistencia Humanitaria, que redujo la jornada y el salario de las personas trabajadoras y precarizó las modalidades contractuales, y que tres bloques ofrecieron derogar, sigue vigente, en tanto el Gobierno pone en marcha la agenda de privatización.

Dos actos marcan el inicio de esta agenda.

Primero, el Decreto Ejecutivo 82, que ordena la liquidación de Seguros Sucre. En la motivación del Decreto no se explica la razón que lleva a esta decisión, más allá de responder a las prioridades de Gobierno y de justificar que lo hace porque puede.

Una decisión legal, pero que no se entiende, es liquidar una entidad cuyo accionista mayoritario es la Corporación Financiera Nacional (CFN) y que le genera utilidades que, a la larga, permiten ampliar la capacidad de la CFN para apoyar al sector productivo nacional.

Decisión que, lejos de reducir gastos, hace que ahora las entidades públicas estén obligadas a contratar seguros con empresas privadas, a las que les otorga un mercado millonario.

Si se buscaba eficiencia y transparencia, ¿por qué en lugar de liquidar a Seguros Sucre no se abrió, simplemente, a la competencia para que siempre se contrate la mejor opción, en lugar de privatizar el aseguramiento que necesitan las entidades públicas?

Segundo, la firma por parte de la embajadora de Ecuador ante Estados Unidos, Ivonne Baki, del Convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que el país había abandonado en 2009 después de una evaluación que mostraba los perjuicios que el someterse a este tipo de convenios habían generado.

No solo se requiere discutir que el beneficiario del CIADI no es el país, sino las transnacionales, ante las cuales el Ecuador estaría perdiendo capacidad de defender los intereses nacionales, sino que además se requiere dictamen de la Corte Constitucional y pronunciamiento de la Asamblea Nacional (que a la fecha sigue ‘mutis’) sobre el acuerdo.

Así, mientras la atención está en la vacunación y la representación política no termina de ubicarse, la privatización toma fuerza, y podría continuar hacia la extracción de petróleo, la no recuperación del OCP y las ventas o concesiones de empresas públicas y de centrales hidroeléctricas.

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